Pasadas las 10:00 horas del miércoles, comenzó en la Cámara de Diputados la votación del proyecto insignia del gobierno de Kast, el Plan de Reconstrucción Nacional, en donde se aprobó, con una mayoría holgada, la propuesta de legislar en general.

Una vez superada esta primera etapa, comenzaron las votaciones de artículos en particular. Uno de los más controvertidos es la reducción del impuesto corporativo desde el 27% a un 23%, y ahí el Ejecutivo se anotó un punto: el corazón del megaproyecto se aprobó con 82 votos a favor, 71 en contra y la abstención de un diputado.

En esa misma línea, otro de los puntos claves de la iniciativa, —la invariabilidad tributaria por 25 años—, tuvo el mismo resultado. Con 81 votos a favor, 69 en contra y dos abstenciones se aprobó el artículo que es parte del corazón tributario del proyecto. Respecto a esta norma, diputados de la oposición ya anunciaron reserva de constitucionalidad.

Pero no solo hubo triunfos para el gobierno. La oposición logró la aprobación de la indicación de sala cuna promovida por el diputado Jorge Brito, la cual obliga a los empleadores a tener salas cunas anexas e independientes para que los trabajadores puedan dejar a sus hijos menores de dos años durante la jornada laboral.

Frente a esta medida, el ministro Quiroz advirtió que acudirá al Tribunal Constitucional, argumentando que  lo hizo porque puede “ afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”.

La tarea de la Cámara fue ardua, pues la votación llevó adelante 85 solicitudes de votaciones separadas que fueron discutidas durante la sesión. 

Entre ellas, se aprobó el aumento en 400 millones de pesos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios para Valparaíso y su extensión a las regiones de Ñuble y Del Biobío.

Esta iniciativa, fue la que dio nombre al proyecto del Ejecutivo rotulado bajo la consigna Plan de Reconstrucción Nacional, pues apuntaba precisamente a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios, no obstante, el nombre operó como camuflaje de una reforma tributaria, pues la mayoría de las iniciativas no apuntó en esa dirección.

En materia política, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), aunque destacó el avance, señaló que “no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto en el Senado terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República”.

Por otra parte, la dupla con el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, ha dado frutos para el Gobierno quienes pese a negociaciones complejas y con polémicas mediante, han logrado sacar adelante el proyecto en esta primera etapa con resistencias que han podido sortear. Lo anterior, aún con un Congreso favorable que tampoco ha sido garantía de victorias fáciles. 

De hecho, artículos como la eliminación de la franquicia tributaria del Sence no avanzaron en particular por la votación de Renovación Nacional que se opuso a la iniciativa y planteó otras propuestas para mejorar la recaudación, pero sin eliminarlo. 

El Tribunal Constitucional, ¿la Tercera Sala?

Aunque el Gobierno logró la aprobación del proyecto en general y mayoritariamente en particular, hubo parlamentarios que hicieron reserva de constitucionalidad. Tal es el caso del diputado Jaime Mulet (FRVS) quien señaló sobre la invariabilidad tributaria que “se ha aprobado en la Sala, pero de manera inconstitucional”.    

“El apoyo que tuvo en la Sala, particularmente este artículo, merece que el TC lo deseche porque se requiere ese rango constitucional y, además, porque crea dos subsistemas económicos en el país que van a generar desigualdad y atentan contra la Constitución”, apuntó el diputado. 

Asimismo, la estrategia también fue anunciada por el Ejecutivo. En concreto, el ministro Quiroz, indicó que sobre el proyecto de Sala Cuna Universal que: “El Gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas.