Al iniciarse el año 1981, diversos analistas y observadores llamaron la atención sobre algunas anomalías que habían detectado en las operaciones de los grupos económicos.
Informaron que esos manejos violaban las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas que señalaban que las sociedades filiales no podían comprar acciones de la sociedad matriz. Ese era uno más de los numerosos indicios de que los grupos económicos estaban sobrepasando las disposiciones vigentes.
El 12 de enero asesinaron a Leandro Arratia Reyes, 35 años, comunista. Se lo atribuyó el Comando Roger Vergara.
En los primeros días de febrero, el ministro secretario General de Gobierno subrogante, el abogado Jovino Novoa, afirmó que ‘‘El gobierno es enfático en señalar que las fuerzas de seguridad actúan dentro de los marcos legales y desafía a los denunciantes a demostrar lo contrario ante los tribunales’’.
Durante los meses de verano se hizo evidente para los habitantes de la capital la enorme expansión de los topless y de la prostitución, incluso infantil. La cesantía bordeaba el 12 por ciento, pero se contabilizaban más de 200 mil personas en el Programa de Empleo Mínimo, PEM, que ganaban 1.300 pesos mensuales, el equivalente a 33 dólares de entonces, es decir sólo casi 18 mil pesos de hoy.
El 20 de febrero se promulgó el decreto ley 3.627 que restableció los tribunales militares en tiempo de guerra. Desde fines de 1980 se había registrado un notorio aumento de los asaltos bancarios y de atentados explosivos, adjudicados por el MIR o las denominadas Milicias de la Resistencia.
Las actividades subversivas hicieron posible que una vez más los organismos represivos -especialmente la CNI- desencadenara una indiscriminada represión sobre dirigentes y representantes de los organismos sociales que lentamente empezaban a levantar sus voces disidentes. Entre el 28 de febrero y el 8 de marzo se registraron más de un centenar de detenciones. En la enorme mayoría de los casos, como sería reiterativo de esta fecha en adelante, los arrestados recuperaban su libertad sin acusación judicial alguna.
El 9 de marzo la ciudadanía conoció el robo de 46 millones de pesos a la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado. Semanas más tarde quedó en evidencia la participación de altos mandos de la CNI, adscritos a la zona norte del país, en la planificación y ejecución del delito, consumado dramáticamente al dinamitar al agente y a un cajero del banco en pleno desierto para ocultar el crimen.
Tres días después del robo, el 12 de marzo, el dictador Augusto Pinochet cumplió uno de sus grandes anhelos: ocupar el refaccionado Palacio de La Moneda y hablar desde uno de sus balcones a unos escasos partidarios reunidos en la Plaza de la Constitución.
A fines de marzo fue expulsado del país el ex ministro del Interior del presidente Allende, Gerardo Espinoza. Su única falta había sido leer un discurso en el Cementerio General, durante una ceremonia destinada a recordar la muerte de su amigo y compañero, el también ex ministro del Interior, José Tohá.
Algunos párrafos del principal editorial de la revista Mensaje, propiedad de los jesuitas, publicado en los días previos al 1º de Mayo, fecha que conmemoran todos los trabajadores del mundo:
-Los escaparates se llenan de cosas baratas, pero para esto se ha tenido que mantener a cientos de miles de personas sin trabajo y convencer por la televisión -¡Que fácil resulta!- que una radio cassette, un auto o tal juguera son imprescindibles, mientras el silencio empuja al olvido los problemas de salud, de falta de educación, de inseguridad, de dignidad humillada, de postergación e injusticias que sufren miles de chilenos menos ‘capaces’. ¡Cuántos son los que hoy se sienten explotados no sólo en el proceso de producción, sino también en el proceso de consumo! Sienten, con dolor, que en vez de trabajadores, con la dignidad que encierra su condición, están siendo transformados, por una parte, en piezas desechables de la máquina de producción y, por otra, en individuos orientados al consumo de esa misma producción que los explota. ¡Difícil celebrar con alegría el Día del Trabajador!
El 14 de mayo se suspendieron las transacciones de las acciones de la Compañía Refinadora de Azúcar de Valparaíso, CRAV. El anuncio de la quiebra de una de las empresas más tradicionales del país fue la primera sombra de duda pública sobre la verdadera eficacia de los grupos económicos.
Las pérdidas de CRAV se estimaron en 300 millones de dólares. Ese mismo año de 1981, la Frutera Sudamericana dejó deudas por 60 millones; IRT, por 40 millones; Fanaloza por 30 millones y la empresa estadounidense Firestone por 25 millones de dólares, sólo por mencionar algunas de las más afectadas. No obstante, el gobierno del general Pinochet siguió impertérrito su plan para ‘‘modernizar el país’’. El 19 de mayo se promulgó el decreto ley 39,968, que estableció el funcionamiento de las Isapres.
Ese mismo mes fueron detenidos por la CNI los médicos Manuel Almeyda, Patricio Arroyo y Pedro Castillo. Los tres profesionales habían logrado configurar con detalles los tipos de tortura que practicaban los servicios de seguridad, derivando esos antecedentes hacia los tribunales de justicia por medio de continuos recursos legales.
En junio, los 30 mayores clientes de cada uno de los 25 bancos comerciales mayores del país reunían para sí el 40 por ciento del total de los créditos entregados por esas instituciones.
Entre tanto, progresivamente se atomizaban más y más las organizaciones sindicales. En 1972, por ejemplo, había 280 mil afiliados a las confederaciones sindicales agrarias; en 1981, no alcanzaban a 80 mil.
A fines de junio, comandos del Ejército localizaron un foco guerrillero en la zona de Neltume, en la selva cordillerana de la provincia de Valdivia.
La guerrilla de Neltume
Decenas de miristas fueron arrestados o abatidos días después de llegar clandestinamente a Chile en la denominada “Operación Retorno”. Varios de ellos -así lo comprueban varios procesos judiciales- fueron fríamente asesinados pese a que se habían rendido.
Las actividades de los miristas sirvieron de excusa perfecta a las brigadas operativas de la CNI para justificar represiones masivas, ejecuciones selectivas y recibir mayores recursos materiales y humanos para extender sus actividades a todos los ámbitos ciudadanos, sospechosos de la más mínima disidencia.
En julio, se multiplicaron los síntomas de una nueva recesión. Las actividades del agro, de la construcción, de la industria y de la minería, entre otras, se resintieron notoriamente, provocando las protestas de sus dirigentes por lo que consideraban una muy mala conducción económica desde el gobierno, que sólo favorecía a las esferas financieras y a las sociedades de papel.
El 6 de julio fue asesinado Carlos Antonio Tapia Barraza, agente de la CNI infiltrado en el aparato militar del MIR. El 8 de julio fue encontrado cerca de central hidroeléctrica de Los Maitenes en el Cajón del Maipo, Hugo Riveros Gómez, integrante del aparato de apoyo de la estructura urbana del MIR, talentoso pintor y dibujante que había logrado identificar el Cuartel Borgoño de la CNI.
El 13 de agosto fueron expulsados del país Jaime Castillo Velasco, Orlando Cantuarias, Carlos Briones y Alberto Jerez, por repudiar las acciones en contra de la Coordinadora Nacional Sindical. Castillo Velasco declaró que ‘‘resulta increíble comprobar que un ministro del Interior puede disponer de la vida, la familia y el hogar de un ciudadano en forma indefinida’’.
El 16 de agosto la CNI abatió en Quinta Normal a la profesora de inglés y mirista Arcadia Flores Pérez. El 17 de agosto, en la población Risopatrón en Santiago, la CNI dio muerte al mirista Lisandro Sandoval Torres.
El 19 agosto se modificó la ley de bancos para ejercer una mayor fiscalización financiera y evitar, además, el crecimiento de las financieras informales e irregulares. “La Superintendencia podrá exigir, cuantas veces estime necesarias, en cualquier época del año, a una institución fiscalizada, balances generales referidos a determinadas fechas del año calendario, los cuales, si así lo dispone, deberán ser informados por los auditores externos que ésta designe’’, señalaba en una de sus partes el nuevo texto legal
El 2 de noviembre, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos anunciaron la intervención del Banco Español, Banco de Talca, Banco Linares, Banco de Fomento de Valparaíso, Compañía General Financiera, Financiera de Capitales S.A., Financiera Cash S.A. y Finansur S.A. Esas instituciones fueron intervenidas -según se afirmó- “por deficiencias de administración que es necesario corregir”. Al mismo tiempo se anunció que “El público puede estar tranquilo porque el Estado responde”.
El 18 de noviembre un comando del MIR dio muerte a tres detectives escoltas del general Santiago Sinclair, jefe del Estado mayor Presidencial.
El 26 de noviembre se inició una arremetida de la CNI en contra de dirigentes de la Izquierda Cristiana. Uno de ellos, el economista Sergio Aguiló, más tarde ex diputado de la República, fue sometido a brutales torturas, lo mismo que Germán Molina y Pablo Fuenzalida Zegers, dirigentes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
El 28 de noviembre, en Neltume, fueron abatidos los miristas Miguel Cabrera Fernández y Juan Ojeda Aguayo. El 11 de diciembre, miembros de la CNI y de Investigaciones mataron en San Miguel a los miristas María Cienfuegos Cavieres y Sergio Flores Durán.
El 17 de diciembre, en Lo Ovalle, en Santiago, fue abatido el mirista Iván Quinteros Martínez. El 28 de diciembre la CNI e Investigaciones mataron en Santiago al mirista Hernán Correa Ortiz.
En 1981 el país terminó con una balanza comercial deficitaria de tres mil millones de dólares, más del doble de la de 1980; con un déficit de cuatro mil millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos y una pérdida por sobre los mil millones de dólares por amortización de la deuda externa y menores ingresos por exportaciones, rebajándose a cero el crecimiento del producto geográfico bruto. Sólo hubo un índice positivo: la inflación había bajado al 9,5 por ciento.
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