El lunes 4 de mayo de 1981, Jorge López Titus convocó a la prensa. Era un llamado infrecuente: hubo quienes creyeron que se trataría de alguna operación de relaciones públicas. Pero López quería hacer el más delicado anuncio de los últimos meses: la empresa azucarera CRAV, de la cual era gerente general, pediría autorización al Ministerio de Hacienda para paralizar las faenas de su planta de Viña del Mar. Dio razones de peso: desde el año 79, cuando la autoridad había bajado el arancel para la azúcar importada a un diez por ciento, el negocio nacional había pasado a ser poco rentable. 

A decir verdad, la política arancelaria había llegado, a través de distintas etapas, siguiendo un plan diseñado por el asesor de Hacienda Sergio de la Cuadra, a establecer barreras parejas y bajas. El diez por ciento había sido planteado como la meta ideal, pero ello sólo se supo después de sucesivas aproximaciones que se iniciaron en 1974. En todo caso, mal podía CRAV argumentar que la reducción arancelaria la había pillado en descampado. 

El anuncio de López tuvo un efecto inmediato: en cuanto se publicó, la Bolsa decretó que las acciones de CRAV dejaran de transarse, hasta aclarar la situación de la empresa. Una primera versión permitió saber que cerca de 300 millones de dólares estaban comprometidos. La explicación sobrevino en seguida. En menos de un año, el precio del azúcar había caído a un tercio del valor que tenía en 1980. Pero la caída en los precios era insuficiente para explicar tan severas medidas. 

CRAV era una de las más grandes empresas del país y tras su centenaria existencia -que la había convertido en una tradición de Viña del Mar- se encontraba la gestión de la familia Ross. A la cabeza de CRAV estaba Jorge Ross Ossa, sobrino nieto de Federico Santa María, el magnate del azúcar que en el siglo pasado había puesto de rodillas a los consumidores y a los consorcios europeos, mediante compras fabulosas de stock azucarero. Ross, vinculado a la familia Edwards, conocía las más recónditas intimidades de casi todos los grupos surgidos bajo el régimen militar. Durante la UP, el temor a la expropiación había incentivado el traspaso de negocios de CRAV a la sociedad anónima Forestal, que a la postre daría origen al grupo Cruzat-Larraín. Con el nuevo régimen había conseguido que por decreto ley se subsidiara la producción de su compañía, con aportes que debía devolver y que más tarde, por un nuevo decreto, ley, fueron absorbidos definitivamente por el Estado. 

Ross logró constituir un conjunto de negocios lo suficientemente poderoso como para ser considerado un grupo con vida propia. Ese año, un fondo mutuo (La Alborada) y un consorcio de seguros (Protectum) se sumaron a otras sociedades cuyo capital podía medirse en millones de dólares: Craval, Codina, Conafe, Invasa, Los Andes, Agrícola y Comercial Chile. En esa etapa de grandes expectativas, Ross había tratado de concentrar al máximo la propiedad de los negocios del azúcar, jugando a una maniobra de insospechada audacia: esperar el alza del precio internacional. Pero ello no sólo no ocurrió, sino que el mercado se vino al suelo. 
Los vencimientos comenzaron a estrangular al grupo ya a comienzos de 1981. Pero ni Ross ni sus amigos parecían afectados. Su antiguo socio, Manuel Cruzat, principal accionista de Copec, lo había nombrado en la presidencia de esa poderosa empresa confiando en la enorme capacidad de maniobra de Ross. 

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Jorge Ross Ossa

Copec había sido considerada "empresa estratégica", por lo que tenía en su directorio a un miembro de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Ahora que las finanzas estaban rindiendo frutos, se quería que Ross consiguiera sacar a los uniformados. Y en febrero del 81, Ross había obtenido la derogación de ese molesto decreto ley 1.136. 

La gratitud por esa gestión y la amistad de años, ya que no la prudencia, hicieron que Cruzar consiguiera la reelección de Ross a la cabeza de Copec, aun después de la caída de CRAV. La notificación de cese de faenas sembró el pánico en un sistema de pequeños acreedores que ya se veían en problemas. 18 días después del comunicado, la proveedora lnter Chile, premunida de un pagaré vencido por tres mil 800 dólares, pidió la quiebra de CRAV Entonces comenzó la estampida. Codina debió pedir la quiebra para sí misma. Luego cayó La Alborada, que había invertido en acciones de CRAV, Craval, Codina y Conafe, las que a su vez eran dueñas de La Alborada. 

El Banco de Santiago (Cruzat) se dejaría caer más tarde con una denuncia por contrabando, y el Banco del Estado con una querella por la desaparición de varios miles de toneladas de azúcar dadas en garantía. 

Para junio, la situación se había vuelto caótica. 

En silencio, pero siguiendo paso a paso la evolución de los hechos, el equipo económico de gobierno guardaba para sí la preocupación por el impacto que en la comunidad de negocios produciría la caída del grupo Ross. Con esa reserva, ese mes viajaron a Estados Unidos el ministro de Hacienda Sergio de Castro, el empresario y cabeza del grupo BHC, Javier Vial, y el abogado de CRAV y del grupo Edwards, Carlos Urenda Zegers. 

La misión era confidencial y altamente sensitiva: informar a los banqueros que el derrumbe de CRAV se debía a un mal cálculo especulativo, y que en ningún caso afectaría a la política económica ni a la prosperidad del sistema financiero chileno. La visita tuvo efectos positivos: otros seis mil millones de dólares del exterior entrarían al país en el segundo semestre del año. 

Cuatro para Las Cuevas 

En julio, los síntomas de una recesión internacional prolongada y fuerte, que afectaría los precios de las materias primas y la disponibilidad de dólares en el mercado mundial, eran considerables. Pero los economistas seguían sin ponerse de acuerdo. Para muchos, todavía era posible que la recesión pasara rápido; algunos caerían en el camino, pero los más solventes se mantendrían en pie. En los círculos financieros del extranjero se apostaba a un ajuste recesivo de unos seis meses; sólo los especialistas del Banco Morgan predecían que la cosa sería más larga. Pero el optimismo de la banca norteamericana era escasamente consecuente con sus propias cifras: cada vez había más dificultades para conseguir recursos. 

Un frente inesperado amenazaba en esos días con romper el severo marco impuesto por el gobierno para afrontar su futuro cercano. 

A medida que el ministro del Trabajo, Miguel Kast, había ido extendiendo la aplicación del Plan Laboral a todos los sectores, la resistencia había ido disminuyendo. Con una excepción: la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), encabezada por Manuel Bustos y Alamiro Guzmán. 
El gobierno no desconocía la filiación democratacristiana de Bustos, pero sabía que en el seno de la CNS participaban militantes del PC; la propia Radio Moscú se cuidaba de subrayarlo cada vez que podía. 

A comienzos de julio, el Presidente ordenó al ministro del Interior, Sergio Fernández, que expulsara del país a Bustos y Guzmán. El argumento se buscó a toda prisa: la CNS carecía de personería y se arrogaba una representatividad que la ley desconocía. En unas horas se preparó la operación. Cuando estuvo lista, hubo un consejo de gabinete. Pinochet se acordó repentinamente del tema. 

-Bueno, ministro -dijo-, ¿ya está afuera ese Bustos? 

Los asistentes enmudecieron. 

Fernández explicó las razones del retraso. Entonces pidió la palabra el titular de Minería y creador del Plan Laboral, José Piñera. 

-Presidente -dijo-, si me permite: creo que sería un inmenso error echar a esta gente. Aquí no los oye nadie, pero afuera van a causar mucho daño. 

Piñera se explayó en su oposición a la medida. No era usual que un ministro interviniera en un área que no fuera de su competencia, así que la mayoría guardó silencio. Cuando terminó, algunos expresaron su acuerdo. 

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José Piñera Echeñique

-Ministro Fernández -cortó Pinochet-, detenga la expulsión hasta nueva orden. Pero métalos presos. 

Los dirigentes de la CNS fueron detenidos el 9 de julio. 

El 10, en el recinto de la Vicaría Pastoral Obrera, se constituyó un Comité de Defensa de la Libertad Sindical, integrado por políticos y dirigentes de las más diversas tendencias. 
Indignado, Pinochet convocó esa tarde a su despacho a Fernández y al ministro jefe del Estado Mayor Presidencial, general Santiago Sinclair. La formación del Comité lo tenía enardecido. Propuso entonces que se ordenara de inmediato el estado de sitio. Fernández discutió la conveniencia de la medida; afectaría la imagen exterior y podría desatar reacciones internas.

Una expulsión masiva, entonces. Fernández volvió a replegarse: tal vez se podrían estudiar algunos casos selectos; eso sería recibido como advertencia y como castigo suficiente. 
El 4 de agosto, Kast cumplió con una instrucción que debía ser previa: advertir que el gobierno no aceptaría el desconocimiento de su legalidad laboral. 

A las 6 de la mañana del martes 11 de agosto salieron de Investigaciones las patrulleras que debían arrestar a Carlos Briones (PS), Orlando Cantuarias (PR), Jaime Castillo Velasco (PDC), y Alberto Jerez (IC). Dinacos explicó más tarde la selección diciendo que los cuatro se habían comprometido a respetar la legalidad. 

Castillo, que resistió su detención, fue arrastrado y sacado en vilo de su casa. Los cuatro fueron llevados hasta el paso cordillerano de Las Cuevas, y expulsados hacia Argentina. 

39 pesos 

Las expulsiones podían poner provisorio fin a la incipiente agitación sindical, pero no a las dramáticas señales provenientes de la economía. 

Las exportaciones venían cayendo desde fines del 80 y los costos internos seguían subiendo. Aunque la construcción y los servicios financieros (los bienes no transables) seguían creciendo, la mayoría de los productores nacionales empezaban a sentirse asfixiados por la disminución de sus utilidades. 

El dólar, que el ministro Sergio de Castro había fijado en 39 pesos desde junio de 1979, en vista de la reducción de las expectativas inflacionarias, comenzó a ser mirado con recelo. 

Tímidamente primero, y en público luego, los sectores productivos iniciaron el ataque contra el dólar fijo. Los 39 pesos pasarían a ser un símbolo de la intransigencia en cuestión de semanas. 

La paradoja fenomenal consistía en que de Castro era por doctrina contrario al dólar fijo. La teoría monetaria de Friedman, de Chicago, y de todo el pensamiento neoliberal, proclamaba la total libertad cambiaria, el reinado pleno del dólar flotante. Pero poco después de iniciarse la política del régimen militar, De Castro había notado que la sensibilidad del dólar era extrema. 

Y había una explicación: en una economía pequeña, totalmente abierta, fundada en gran medida en el comercio, el dólar podía ser un factor de especulación. Para evitar ese riesgo, era mejor pegarse a la moneda de la metrópoli comercial. Pegarse, pues, al dólar, estableciendo una paridad fija, era visto como una medida que garantizaba una inflación tan baja como la que EE.UU. tuviera. 

La inflación era el más temible término que podía usarse ante la cúpula militar: cualquiera que prometiera reducirla al mínimo sería bienvenido. 

Consciente de que la presión sobre el dólar empezaba a subir, y que consejos de la más diversa naturaleza estaban llegando a los oídos del Presidente. De Castro decidió advertir sobre la inminencia de la recesión y el carácter metódico de las medidas del gobierno. 

El viernes 24 de julio, el ministro se enfrentó a una cadena nacional de radio y TV e hizo un discurso doctrinario, redactado con la ayuda de Jaime Guzmán, que constituía un balance de los éxitos del modelo y una advertencia para los tiempos difíciles. No hubo muchos que detectaran en su momento lo excepcional que era aquel mensaje. 

Pero en agosto, cuando las quiebras comenzaron a tocar las puertas de algunas grandes fábricas (las textiles, primero), la alarma empezó a generalizarse.     

De Castro conocía por dentro la situación de los grandes grupos financieros. Sabía que en buena medida su suerte pendía de un hilo: si el flujo de crédito externo disminuía, algunos podrían desbarrancarse. Ya había hecho notar su molestia por la voracidad de ciertos conglomerados. Cuando el BHC se hizo cargo del debilitado El Tattersall, De Castro advirtió que el dinero de cientos de ahorrantes podía estarse usando para inversiones dudosas y rescates inciertos de empresas falentes, mediante operaciones cruzadas. 

De esas constataciones surgió el proyecto de una nueva ley de bancos, que aumentaría severamente el poder fiscalizador del Estado. La ley, estudiada en celo o secreto, salió el 19 de septiembre, con tanta prisa, que se olvidaron las firmas de la Junta. Una edición corregida del Diario Oficial debió reparar la omisión al día siguiente. 

El callejón de los salarios 

La polvareda levantada en los bancos, de cuya asociación era presidente Javier Vial, no pudo ser mayor por una circunstancia casi fortuita: a comienzos de octubre, la Caja Reaseguradora pidió la quiebra de los seguros Lloyd de Chile. 

Lloyd, que pertenecía al grupo Sahli-Tassara, maniobró a última hora y logró presentar un plan de pago avalado por la Financiera de Capitales, también del mismo grupo. Pero era vox populi que la Financiera se sostenía en el respaldo del Banco Español; a su turno, éste venía dando señales de dificultades, de entre las cuales la peor fue la que entregó el Banco Santander: interesado en comprar la institución, realizó una auditoría interna y decidió suspender la operación por 90 días. 

La presión comenzó a canalizarse entonces por otros lados. 

Los gremios empresariales, que hasta entonces no habían tenido una decisión muy fuerte para emprenderlas contra el dólar fijo, iniciaron aproximaciones directas hacia el Presidente, a través del general Santiago Sinclair. Varias reuniones con dirigentes sectoriales tuvieron lugar en esos días. No consiguieron demasiado: un reglamento antidumping protegería el precio de los productos nacionales contra los subsidios extranjeros; la política arancelaria no se tocaría. 

De Castro ponía el otro ingrediente: tampoco se tocaría el dólar a 39. El tema no podía siquiera ser mencionado en su presencia. Amigo y colegas del ministro recibían una seca despedida cada vez que intentaban hacerla. 

Los propios sectores empresariales empezaron a di fundir la versión de que De Castro saldría en cualquier momento, que el gobierno no resistiría su porfiada insistencia en el dólar fijo. 
Pero el ajuste debía venir. 

Malo bien, esta conclusión dramática era compartida por todos los economistas. De Castro lo sabía también. Y menos ignoraba que habría sólo dos caminos: bajar el gasto mediante una restricción fuerte del consumo, determinada principalmente por la caída de los salarios; o devaluar el dólar, haciendo recaer el peso del ajuste sobre los deudores, que verían automáticamente incrementado sus compromisos. 

Era un callejón sin salida. 

Los salarios estaban indexados (o sea, crecían según el IPC) a la inflación interna desde 1979, cuando se dictaron los primeros decretos leyes del Plan Laboral. En Hacienda se decía que ese precio había pagado José Piñera para sacar su Plan Laboral en un momento en que el régimen se negaba a abrir el canal sindical. 

Los economistas sostenían que la indexación volvía rígido el funcionamiento de la economía, porque hacía subir los costos internos. Los empresarios que exportaban seguían recibiendo el mismo valor por sus productos (debido al dólar fijo), pero sus gastos subían porque debían aumentar los salarios. 

A su turno, el dólar comprometía a gran parte del aparato productivo y a la totalidad del sistema financiero, que había contraído grandes deudas de corto plazo. 
Para evitar que la situación continuara agravándose, el anterior presidente del Banco Central, Álvaro Bardón, había conseguido que el equipo económico lo autorizara a poner limitaciones a los nuevos créditos. Se había establecido que los nuevos créditos externos no podían ser pagaderos a menos de dos años plazo, y se había impuesto un fuerte encaje para los nuevos créditos que se contrajeran entre dos y cinco años plazo. Pero la medida era puramente preventiva: el endeudamiento estaba ya asumido, y seguía aumentando. 

Lo agravaba la liberalidad de la ley con los grandes grupos económicos, que podían cruzar y entretejer deudas y préstamos. 

Así que, a juicio del equipo económico, el verdadero meollo del problema estaba en los salarios indexados: al no poder modificar esa situación, veían que la presión se iba concentrando sobre las tasas de interés, que empezaban a subir con alarmante rapidez: el dinero costaba cada día más caro. Para fines de año, las tasas estarían ya en el 2,5 por ciento mensual, por sobre todos los niveles calculados. 

Ese síntoma permitía prever que el ajuste sería pagado finalmente por los deudores, que estaban sufriendo las alzas de sus compromisos pendientes. Los deudores eran una masa informe de muy diversa cuantía. Iba desde los grandes grupos cuyo capital podía tasarse en decenas de millones de dólares, hasta la clase media embarcada en autos, electrodomésticos y pequeños bienes de capital. La disyuntiva parecía inmovilizar al gobierno. 

El general Sinclair, que había visto el tono hostil del empresariado, inició entonces discretos sondeos en el gabinete. Encontró algo: el ministro Piñera era partidario de devaluar. Sugirió al Presidente que conversara con él. Piñera expuso, por segunda vez, sus argumentos. La noticia de su desacuerdo no tardó en filtrarse en el gabinete. 

De Castro decidió entonces que había que hacer algo. 

Concluye mañana.

(*) Corresponde al capítulo 34 del libro La historia oculta del régimen miliar; Editorial Grijalbo; 1997; Santiago de Chile.