En la tradición andina el Pachakutic refiere a los eventos telúricos que suceden cada cierto tiempo de manera circular, para producir una renovación completa de un ciclo. Si bien las culturas indígenas lo asocian a eventos catastróficos, como fue la propia Conquista, también tienen una dimensión fértil, de creación de lo nuevo.

El 2019 puede asociarse a ese Pachakutik para el caso de Sudamérica, una región cuyos ciudadanos se han levantado en protestas de grandes magnitudes, y cuyas elecciones han producido cambios de signo político en el poder casi de manera sistemática.

El 2019 político empezó el 23 de enero, cuando en Venezuela el recién asumido presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado, aduciendo la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Acto seguido, los Estados Unidos de Donald Trump, secundado por varios gobiernos latinoamericanos de derecha, entre ellos el de Chile, reconocieron a Guaidó, en una asonada diplomática sin precedentes contra un gobierno latinaomericano, que terminó con 50 países reconociendo al presidente encargado, entre ellos varios de la Unión Europea, incluido la España del socialista Pedro Sánchez.

Solo Rusia, China y Turquía -entre los países grandes- respaldaron a Maduro, pero bastó para que el régimen pudiera sobrevivir a una intervención que incluyó el intento de ingreso de ayuda humanitaria estadounidense desde Cúcuta, Colombia, destinado a sublevar al Ejército, aunque el propósito declarado era sortear una crisis humanitaria del país (de la cual luego se dejó de hablar). Luego Maduro hubo de sortear un golpe de Estado frustrado el 30 de abril y varias medidas internacionales destinadas a estrangular la economía venezolana.

Maduro sigue gobernando Venezuela desde el Palacio Miraflores y en enero de 2020 Juan Guaidó dejará de ser presidente de la Asamblea Nacional, con lo que su principal rival perderá piso institucional como para seguir llamándose presidente encargado (supuestamente encargado de llamar a elecciones que nunca fueron). Pero a Maduro este no le es un gobierno cómodo, pues no ha superado los graves problemas económicos, políticos, sociales y de violaciones a los derechos humanos del país. Así y todo, paradojalmente, no está peor que varios de sus colegas latinoamericanos que comenzaron este tumultuoso año de 2019 pronosticando su fin.

Es el caso de Sebastián Piñera, quien le dijo a Maduro que tenía los días contados, cuando no sabía que pocos meses después le estallaría una crisis tal vez de mayores proporciones que la venezolana, arrastrando a Chile a un periodo de inestabilidad que lo va a acompañar todo lo que le queda de su periodo (dos años), si es que no se ve forzado a renunciar, en circunstancias en que su popularidad está por debajo del 10%.

Un caso similar es el de Colombia, aunque a una escala menor. El presidente Iván Duque -de una popularidad del 23%- tuvo que enfrentar también una ola de protestas por descontento, animada principalmente desde varias agrupaciones sindicales y de la sociedad civil, las que han elaborado un petitorio específico, a diferencia de Chile, cuyas protestas son más inorgánicas, aunque más intensas. Estas protestas en Colombia tal vez tuvieron un efecto de contagio con la situación chilena, pero también responden a un malestar propio de los colombianos, cansados de presenciar casos de corrupción y de esperar una paz que no llega. Si bien las movilizaciones en varias grandes ciudades nunca amenazaron mayormente el orden público -pese a que también se decretaron estados de excepción- sí provocaron un renacer de la expresión en la calle, lo que es una situación inédita para un país refractario a este tipo de expresiones, luego de la triste experiencia con sus impopulares guerrillas.

Antes que Chile y Colombia, la protesta prendió fuertemente en Ecuador. Ahí sucedió en reacción al paquetazo, un conjunto de medidas adoptadadas por el presidente Lenín Moreno para dar satisfacción a las condiciones del FMI para un crédito de 10.200 millones de dólares. Entre las medidas se incluía un alza en el precio de los combustibles, lo que fue el gatillador de once jornadas de violenta protesta que acabaron cuando el gobierno decidió suspender el paquetazo y negociar con el movimiento indígena, que adquirió liderazgo en el transcurso de la movilización. Hoy Moreno tiene una escasa popularidad, en torno al 35%, en un escenario difícil, ya que fue electo con los votos de la izquierda correísta, girando su gobierno hacia la derecha, pero sin tampoco pertenecer a sus cuadros.

En la otra cara de la moneda están aquellos países en los cuales la inestabilidad política y social, de algún modo ha sido canalizada por la vía electoral. Puede ser una coicidencia del calendario, pero en todos los países con elección presidencial en 2019, se produjo un cambio de signo político del gobierno.

Pasó sin mayores dramas -si consideramos la crisis de los vecinos- en Argentina y Uruguay.

En Argentina de todos modos fue estrepitoso el derrumbe del gobierno de Mauricio Macri, quien gobernó como un fantasma desde el 11 de agosto al 10 de diciembre, luego de una derrota irremontable a mitad de año en las primarias presidenciales en favor del peronismo, el que se rearmó hábilmente en la fórmula Fernández-Fernández, que dio la candidatura presidencial a Alberto Fernández y la vicepresidencial a Cristina Fernández, viudad de Kirchner, logrando en octubre una victoria tan aplastante como esperada.

Al menos Macri -de un desempeño económico desastroso, pues impuso duras medidas a la población sin lograr giros macroeconómicos urgentes, como la reducción de deuda- podrá decir que es el primer presidente argentino no peronista en terminar su periodo, a diferencia de los radicales Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.

En Uruguay fue menos dramático el proceso, pero el resultado similar, aunque de signo político invertido; el derechista Luis Lacalle Pou logró la presidencia del país luego de 15 años de gobiernos seguidos por parte del centro-izquierdista Frente Amplio. No se pueden esperar grandes estridencias del país más pequeño y el segundo más rico de la región, medido en PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo (PPA). Sin embargo, Uruguay no escapa del ambiente de conflicto de la región. Durante esta elección presidencial, el también país más estable sudamericano vio emerger el poder electoral del ex general Manini Ríos, un admirador de Jair Bolsonaro, homófobo, anti-feminista y defensor de los violadores de los derechos humanos, cuyo partido obtuvo el 10% de los votos. 

Bolivia es un caso aparte. El presidente Evo Morales ganó la elección presidencial por estrecho margen en primera vuelta, pero fue acusado de fraude. Eso, sumado al hecho de que había perdido un referéndum que le habría impedido ser candidato, cosa que obvió vía judicial, implicó jornadas de fuerte protesta en su contra, lo que fue debilitando su gobierno hasta el punto en que perdió el apoyo -primero- de la Policía Nacional y luego del Ejército, perpetrándose a continuación un golpe de Estado en su contra, pese a que había anunciado la repetición de las elecciones para 2020.

De facto fue nombrada en la presidencia la derechista Jeanine Áñez, inciándose un proceso de fuerte represión contra las fuerzas del MAS de Morales, quien huyó a México y luego -una vez que juró Alberto Fernández- se instaló en Argentina, desde donde anunció su lucha por recuperar el poder. El gobierno de Áñez se comprometió a llamar a elecciones en 2020, pero todavía no se precisa en qué fecha, y es difícil saber cómo podrá suceder un evento electoral en medio de una crisis que todavía tiene fuertes rasgos de violencia y persecución contra los indígenas y los seguidores del MAS.

Brasil y Perú, por su parte, no han tenido crisis tan graves, pero se van sumando situaciones potencialmente explosivas.

En el caso de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro ha sido decepcionante desde la perspectiva económica, logrando un crecimiento de apenas 1%, en un contexto en que no ha podido refrenar el crecimiento de la deuda pública que alcanza el 88% del PIB según el FMI. Además, el presidente incita la polarización política del país y la salida en libertad de Lula da Silva, luego de que se descubriera que hubo venalidad en su contra por parte del entonces juez y ahora ministro de Justicia, Sérgio Moro, hace pensar que la sociedad brasileña dejará aún más atrás su tradicional apatía frente a los eventos políticos de su inmenso país.

En cuanto a Perú, 2019 fue un año en el cual hubo una grave crisis política-constitucional que enfrentó al presidente Luis Vizcarra con el Congreso, cuando el mandatario decidió disolver la corporación legislativa, ante el empantanamiento de la agenda política, y llamar a nuevas elecciones en enero. La sangre no llegó al río, pues no hubo un correlato social frente a la crisis política, pero hubo un momento en que las fuerzas opositoras a Vizcarra nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta interina, configurando una especie de síndrome latinoamericano de la inestabilidad política, con más de un pretendiente al trono, como pasó también con Venezuela y Bolivia.

El caso de Paraguay es tal vez la excepción a la regla sudamericana, aunque habrá que ver qué pasa en 2020 con este país que depende fuertemente de lo que pase en Brasil y Argentina, en un contexto de freno del crecimiento; si en 2018 se predijo que el país crecería al 4%, el resultado real fue de un 1,5%. La suerte de Mario Abdó, el único mandatario que estuvo en Cúcuta en el ya lejano febrero de este año y que hoy puede pasar fiestas de fin de año en relativa tranquilidad. 

¿Cómo se proyecta el escenario hacia 2020?

Es difícil predecir el clima político, más en medio de la tormenta. Desde una perspectiva eminentemente electoral, 2020 no presenta -de momento- elecciones presidenciales, salvo en Bolivia, que son extraordinarias.

En tiempos normales, esto es un factor de estabilidad regional, pues permite planificar y evaluar apuestas con tiempos más holgados. Pero en tiempos de crisis, la no existencia de salidas electorales relevantes para graves problemas políticos en una región de tradición presidencialista, puede implicar que los mandatarios se conviertan en abscesos que impidan evacuar una contingencia trepidante.

Especialmente preocupante es el caso de Chile, pues el país probablemente vive la crisis más profunda entre sus pares, dado que enfrenta situaciones irresueltas e inopinadas que datan desde hace 30 años o más, con una elite política que no entiende dicha crisis, tanto en el oficialismo como en la oposición. Pese a ello, el país tendrá cuatro elecciones. Primero, un referéndum en abril para decidir si hay una nueva constitución o no; y si esta nueva constitución la redactará el actual Congreso en un 50%, más un 50% de nuevos constituyentes definidos por los partidos políticos, o un Congreso ad hoc, definido también por los partidos, pero con 100% de constituyentes que no son actualmente congresistas. Hacia fines de año, en fecha por definir, será la segunda elección; la de ese Congreso ad hoc, que la nomenclatura chilena ha llamado Convención Mixta o Constituyente.

Además, habrá elecciones municipales y las primeras de gobernadores regionales. ¿Podrán estas elecciones conducir el malestar ciudadano de los chilenos y su reciente sentido de la soberanía popular con un presidente y un Congreso con una popularidad de menos de un dígito? Difícilmente, por lo que probablemente Chile dejará de ser una especie de modelo de estabilidad regional.

Bolivia es otra fuente de preocupación. Según varios politólogos observadores de la región, tradicionalmente lo que pasa en este país andino suele ser un predictor de lo que luego pasará a nivel sudamericano. Ojalá que no, porque lo que se ve en Bolivia es que habrá enfrentamientos crecientemente violentos entre las fuerzas sociales tradicionalmente subordinadas (pobres e indígenas) contra las elites blancas, las cuales están representadas en la derecha política y los movimientos nacionalistas de las provincias de los llanos de la cuenca atlántica del país. A diferencia del siglo 20, probablemente los pobres e indígenas bolivianos no van a ser carne de cañón de las fuerzas armadas, pues el mundo no está para esas matanzas, y porque luego de 13 años de Morales y el MAS en el poder, la clases menoscabadas de Bolivia han adquirido formidables herramientas de defensa. Además, Morales está en Argentina, a la expectativa de cualquier giro en los acontecimientos, lo que es ampliamente probable. A lo mejor la perspectica de una elección presidencial descomprimirá el conflicto, la cual debiese realizarse el  2020, aunque está por verse si es posible celebrarla, al menos respetando los derechos humanos.   

Finalmente -en un eterno retorno con tintes de Pachakutik- el 2020 va a estar marcado en su final por lo que pase en Venezuela. El país -a menos que algo más suceda- vivirá elecciones legislativas a inicios de diciembre de ese año, con lo que se renovará la Asamblea Nacional que hasta ahora ha servido de base política a Guaidó. El dilema de la oposición probablemente será participar o no en las elecciones. Un dilema difícil, pues en caso de competir, implica aceptar que la presidencia encargada de Guidó fue una charada, y en caso de que no, implica dejar campo libre al chavismo, como ya sucedió en otras ocasiones, lesivamente para sus intereses. Algo casi calcado al ya lejanísimo 2018.