El 3 de marzo de 2019 Chile registró su primer caso de Covid-19 y solo tres días después lo hizo Perú. Entre esas fechas y el día de hoy los sucesos han transcurrido vertiginosamente, y Chile ya tiene 746 casos y dos muertos, mientras que Perú tiene 395 casos y cinco muertos. 

Ambos países están al inicio de la ola pandémica, y ambos tienen el desafío de aplastar la curva de contagios de modo que sus servicios asistenciales colapsen lo menos posible, pero difieren radicalmente en las estrategias. 

Mientras que Chile ha adoptado medidas más bien de mitigación, con cuarentenas y restricciones parciales, algo que Sebastián Piñera llamó “cuarentena progresiva”, Perú optó por hacer algo mucho más radical: aplicó la estrategia de supresión, y aplicó una cuarentena total en todo el territorio a partir de las 00:00 horas del lunes 16 de marzo, hasta el 30 de marzo.

“Estamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse en todo el territorio lo que haría más difícil controlarlo. Es por ello que hemos aprobado de manera unánime un decreto de estado de emergencia nacional por 15 días”, afirmó el presidente Martín Vizcarra, al declarar la medida junto a su gabinete.

Ya en esa fecha Perú tenía 71 personas confirmadas contagiadas con Covid-19. Ese mismo día, el país celebraba que el primer paciente contagiado con coronavirus había sido dado de alta. Sin embargo, la curva de contagio siguió creciendo, aunque a tasas mucho más bajas que países como Chile, Italia y España. Esto, aplicando en torno a 6.000 test de detección de la infección hasta la fecha y comprando un millón 600 mil pruebas, para pasar de los 500 test diarios a los 5.000 a fines de marzo. Esto, en comparación con los 3.500 test diarios que se aplican hoy en Chile actualmente. 

El 19 de marzo fue confirmado el primer fallecido por el virus y a esta fecha suman cinco. Todos ellos han muerto bajo el periodo de cuarentena, y nadie culpa a un popular Vizcarra, quien cambió a la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, en cuanto se supo del cuarto fallecimiento la semana pasada, para poner al salubrista Víctor Zamora.

Por muy popular que se vea la cuarentena total ahora, no se trata de una medida fácil de adoptar. Paralizar un país implica a su gobierno adoptar complejas decisiones económicas, de seguridad y sanitarias, de modo que la parálisis tenga éxito y no resulte contraproducente.

Según contaron a INTERFERENCIA varias fuentes, el inicio de la cuarentena no fue fácil, pues implicaba restricciones a una población que no estaba del todo familiarizada con el peligro de la pandemia y que culturalmente tiene hábitos sociales que favorecen su transmisión. En los primeros días, más de 11 mil personas fueron detenidas por no respetar la cuarentena obligatoria, hoy este número se ha reducido a solo unas cientos de personas diarias, quienes, según decretó el gobierno, arriesgan una pena de cárcel por esta falta, es decir, una condena penal.

Todo un logro para un país cuya tasa de informalidad de su economía está en torno al 70%, lo que implica que vive al día y que tiene grandes dificultades para acceder al crédito. Dicho de otro modo, se trata de un país que si no sale en lo inmediato a trabajar, no come.

En eso fue clave la inyección de un bono a las 3 millones de familias más pobres por 380 soles (o 92.000 pesos chilenos), lo que equivale a un gasto de 324 millones de dólares. Esto, con el fin de cubrir la canasta básica (sobre la cual se establecieron algunos controles de precios) durante 15 días. Se trata de un recurso que está siendo entregado principalmente a mujeres jefas de hogar y que podría beneficiar a cerca de un tercio de la población del país. El monto casi dobla al bono de 50 mil pesos chilenos ofrecido por el gobierno de Chile a las familias más pobres para solventarse ante la pandemia de Covid-19.

El gobierno anunció este lunes 23 de marzo que busca ampliar a los trabajadores independientes e informales -que no son pobres pero sí vulnerables- la entrega de este beneficio, con el fin de hacer socialmente sustentable la cuarentena. Eso, sumado a varias otras medidas de apoyo económico al 30% formal de la economía para sortear solo la cuarentena, contabilizan 590 millones de dólares fungibles en 15 días, y que pueden multiplicarse por dos y más, si es que la cuarentena se extiende a un mes, como ya se está empezando a pensar que es necesario.

Lo anterior no contabiliza los efectos inmediatamente posteriores a la cuarentena, que golpearan las cuentas fiscales del Perú para solventar un plan futuro de recuperación económica para suplir todas las empresas y empleos que se destruirán durante la cuarentena y en general por la ola pandémica.

En ese escenario, Vizcarra acaba de recibir la noticia de que goza de un 87% de aprobación ciudadana según la encuestadora Ipsos, que da cuenta de un sólido consenso social y político en respaldo del actuar del presidente en la crisis por Covid-19. 

¿Cuáles son las claves y qué puede aprender Chile de todo esto?

1.- No hay economía sin salud

Perú ha puesto al sistema sanitario en la prioridad máxima y así lo ha comunicado. Para el estado peruano, el objetivo es mantener la tasa de contagios con una curva lo más plana posible de modo que no reviente su sistema asistencial, no solamente por razones humanitarias, pues manteniendo la población sana es el modo más efectivo para ayudar a reanudar la industria y el comercio. 

Bajo ese entendido es que se produjo tempranamente un consenso respecto de adoptar una estrategia de supresión temprana de la pandemia. Si bien al principio esto generó malestar en algunos gremios, como el turístico, pronto imperó como sentido común el valor económico futuro de mantener la población lo más sana posible. 

“Entre los economistas hay un consenso en que las medidas han sido las correctas, así como también en el timming, y apenas se escuchan voces disidentes”, cuenta el doctor en economía, Pablo Lavado, quien dirige el área de políticas sociales, desarrollo humano y sociedad civil de la Universidad del Pacífico, una casa de estudios reputada en materia económica, que está al alero de la Compañía de Jesús.

Desde su confinamiento limeño, Lavado conversó telefónicamente con INTERFERENCIA con el propósito de evaluar el impacto socioeconómico del plan de cuarentena peruano, y su percepción es que ha resultado. En particular Lavado destaca el bono de los 380 soles a la vena de las economías domésticas como el único modo de evitar que la población desobedeciera en masa la cuarentena, empujada por la necesidad de trabajar por un ingreso de subsistencia. 

Según Lavado, el desafío ahora es proveer al segmento vulnerable, pero que no es pobre, de sustento económico para sobrellevar el confinamiento. “El bono cubre más o menos al tercio más pobre, y lo que se está pensando es cómo apoyar al tercio que le sigue, el que de todos modos se mueve en un contexto de informalidad”, dice Lavado. Esta preocupación tiene particular asidero pues empieza a haber consenso -cuenta Lavado- en que la cuarentena estricta peruana deberá extenderse otros 15 días más, con lo que es muy difícil que las clases medias peruanas puedan enfrentar dicho periodo sin ayuda directa. Es decir, ampliando el beneficio a ⅔ de las familias del país.

Por otra parte, el gobierno ha llamado a los bancos a retrasar y reprogramar el cobro de créditos y detener el alza de intereses a las personas y pymes. Incluso, el banco Falabella, de capitales chilenos, reprogramó las deudas de sus clientes peruanos en seis cuotas sin intereses, anuncio que en Chile no realizó, aunque sí declaró que aplicaría flexibilidad en el pago de deudas de tarjeta y créditos de consumo y automotriz.

Además, según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), se han reprogramado 12.000 millones  de soles en deudas (más de 3.400 millones de dólares).

El gobierno también ha sido crítico con las empresas que han presionado a sus trabajadores para asistir a sus labores. Incluso el ministro de Defensa, Walter Ramos, advirtió por televisión que los empleadores que llamen a sus trabajadores a sus labores habituales arriesgan una pena en prisión de 3 a 10 años.

Sólo se permite la circulación de trabajadores en la cadenas de abastecimiento alimentaria, supermercados, vendedores, distribuidores, además de farmacias y de la cadenas de venta y distribución de insumos médicos y medicamentos. También, a trabajadores de medios de comunicación, funcionarios de la salud y de distribución y venta de combustibles.

De tal modo, ninguna de las grandes empresas en Perú ha solicitado apoyo estatal ante la crisis que ha provocado la pandemia. Las empresas y centros comerciales han acatado las medidas del gobierno, mientras que las que desobedecieron la cuarentena durante los primeros días, como empresas de transportes y taxis, se ha replegado para evitar cargos penales.

El escenario de pandemia ha dado espacio incluso para el altruismo. El gerente general del Banco de Crédito del Perú (BCP), Gianfranco Ferrari,  anunció que donarán 28 millones de dólares a través de la iniciativa Yo me sumo, en beneficio de familias que viven en pobreza y pobreza extrema en Perú, en medio de la crisis sanitaria. En tanto, la empresa chileno-brasilera LATAM puso a disposición del gobierno peruano un avión que trasladó test de coronavirus desde China a Lima. Una actitud muy distinta a la de la misma empresa en Santiago, la cual solicitó al gobierno chileno un rescate. 

2.- El país es vulnerable y lo asume con humildad

Perú tiene 733 hospitales complejos, públicos y privados, 30.652 camas hospitalarias y 1.737 ventiladores mecánicos, según la última información publicada por INTERFERENCIA a partir de los datos de Global Health Intelligence de 2019. Esto implica que tiene 0,9 camas cada mil habitantes y 5,1 ventiladores mecánicos cada 100.0000 habitantes. Todas cifras inferiores a Chile, que en resumidas cuentas tiene 2 camas por cada mil habitantes y 9,2 ventiladores cada 100.000 habitantes.  

Sin embargo, esa diferencia en contra le reporta al Perú una gran ventaja; la clara conciencia de su vulnerabilidad. 

“Tenemos demasiadas vulnerabilidades como para perder el tiempo”, dice a INTERFERENCIA la epidemióloga y salubrista Patricia García, quien fue también ministra de Salud del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su primer año de gobierno.

Según García las deficiencias en el sistema asistencial, además de los perfiles demográficos con población socialmente vulnerable -y por lo tanto con preexistencias complejas (como la presencia todavía de enfermedades erradicadas en otros países de la región, como la turberculosis o el dengue) y una cultura en que la gente se toca más entre sí que en Europa y Asia, fueron elementos que llevaron a considerar que la cuarentena total era la política que Perú debía adoptar lo antes posible. 

“Hay que pensar en las familias extendidas acá en el país, donde se mezclan niños y abuelos, lo que es un factor de riesgo de propagación del virus, y donde la situación social hace imposible separarlos”, ejemplifica García sobre la necesidad imperiosa de decretar medidas de supresión y no de mitigación en el Perú.

Del mismo modo, García -quien es académica de la Universidad Cayetano Heredia, especializada en salud y la más prestigiosa en el área en el Perú- asume que todavía hay otras vulnerabilidades que enfrentar. Faltan ventiladores mecánicos y no se están haciendo todos los test de diagnóstico del virus que serían ideales, así como tampoco se ha logrado toda la trazabilidad deseable de los casos. Además el personal hospitalario se queja de que le faltan implementos mínimos, como mascarillas y alcohol gel. 

“Son cosas que hay que solucionar”, dice García, pero son elementos que estarían igualmente presentes en caso de no haberse decretado la cuarentena general. 

Respecto de los resultados de la cuarentena, la especialista dice que falta tiempo para evaluar, pero que los primeros datos son alentadores en el objetivo número uno y dos: reducir la curva de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario.

3.- Es el momento de la verdad en la relación entre la sociedad y el Estado

La policía en la ciudad de Huánuco, este lunes, confeccionó más de 500 mascarillas para repartir a los adultos mayores que asistieron al banco a retirar el bono de 380 soles que entregó el gobierno. 

El gesto de la policía peruana manufacturando y entregando mascarillas no ha sido excepcional. Organizaciones civiles y universidades se han plegado a las medidas del gobierno. 

Éstas últimas, por ejemplo, han puesto a disposición de las autoridades sus laboratorios, unidades móviles, personal especializado. La Universidad de San Marcos, por ejemplo, además del Laboratorio de Excelencia de Epidemiología Molecular y Genética, ha puesto a disposición del Ministerio de Salud una ambulancia para el monitoreo de los pacientes contagiados.

También una fuerte campaña televisiva de parte del Ministerio de Salud peruano comenzó el 10 de marzo pasado, cuatro días después de confirmar el primer contagiado en ese país y ocho días antes de la primera campaña chilena. El material de la campaña también ha estado disponible en el idioma quechua, aymara y otras lenguas indígenas, así también los spots de radio que ha emitido el gobierno.

Según García el tema indígena es una preocupación de primer orden, y se están buscando las traducciones culturales más adecuadas. "Covid-19 no les dice nada, se está levantando información acerca de cómo le dicen ellos para buscar un nombre para la enfermedad. De momento en algunas comunidades le dicen la enfermedad de los ricos, o la enfermedad de los chinos, o la enfermedad de los que viajan", cuenta García. 

Todas estas son muestras de movilización ciudadana en favor de robustecer su Estado, la cual se ha logrado en parte con motivo de la cuarentena que ocupa toda la actualidad de los peruanos.

Según García, al principio Perú no tenía conciencia de lo que se venía. Por eso una de las más grandes preocupaciones de los salubristas era hacer una especie de pedagogía social lo suficientemente convincente como para evitar hábitos muy arraigados. 

“Culturalmente somos de poca distancia, de apapachamiento social”, dice García, quien explica que esa fue una de las razones por las cuales al principio fue difícil imponer la cuarentena, pero que su misma existencia señalaba la gravedad de la situación que se estaba enfrentando. 

“Con la cuarentena teníamos que dar tiempo a la sociedad para que lo entendiera”, dice García, quien concluye que lo vivido hasta ahora ha logrado generar cohesión social y conciencia.

Frente a la posibilidad de extender la cuarentena por otros 15 días, García piensa que el Perú está en condiciones de hacer ese esfuerzo. “De todos modos tenemos que mostrar resultados, que esto funciona”, dice. 

Si la cuarentena general funciona es algo que está por verse. Por mientras, a los resultados de este lunes 23 de marzo, García piensa que hay razones para tener cierto optimismo, pues la infección no ha avanzado tan rápido y podría proyectarse una curva menos pronunciada. 

Es temprano para saberlo, pero al menos nadie podrá decir en el Perú, que no se hicieron los esfuerzos.