Esta semana, el caso de Antonia Barra, la joven violada luego de salir de una discoteca de Pucón y que un mes después se quitó la vida, estuvo en la palestra tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Una funa masiva a Martín Pradenas, acusado de cometer el delito; y una historia que llegó a su clímax con las declaraciones del padre de la víctima en el programa Mentiras Verdaderas, donde expuso nuevos audios que mostraban el estado de indefensión, angustia y miedo en el que se encontraba la joven. 

Un caso que deja en evidencia la falta de actualización en los procesos judiciales de denuncia y que nos hace cuestionar como sociedad qué estamos haciendo mal.

En el año 2019, 35.011 causas de delitos sexuales se presentaron ante fiscalía. De ellas, sólo 8.463 tuvieron salida judicial, todo el resto se terminó de manera administrativa. 

Una cifra que, sin duda, dice mucho: en nuestro país la indefensión ante una violación o abuso sexual es extrema. Medidas jurídicas antiguas, poco empáticas y procedimientos difíciles de probar ante la legislación actual son pan de cada día en una realidad que atormenta a miles de mujeres y niñas que jamás encuentran justicia.

Eso sin contar el más profundo de los enemigos de la denuncia: el qué dirán. El miedo al juicio público, moral, ético. Por qué ahora, por qué lo hiciste, cómo vestías, cómo lo miraste, qué le sugeriste, por qué no gritaste… Sólo el 30% de las mujeres víctimas de una agresión sexual se atreve a denunciar, la mayoría de ellas lo hace después de un tiempo. De ese 30% sólo un tercio termina en tribunales y menos del 10% consigue una condena al agresor. 

Esa es la realidad que escondemos bajo la alfombra como sociedad y que hoy INTERFERENCIA quiere develar a través del testimonio de víctimas que compartieron su terrible experiencia personal. 

Agradecemos a todas ellas ser parte de este relato.

La otra Antonia: Cuando ser menor no es suficiente argumento

Antonia tiene 20 años. A los 17 fue víctima de violación. Un amigo la forzó mientras dormía, la cubrió con una almohada para que no hiciera ruido y la violó.

“Habíamos estado en una fiesta y nos quedamos varios a dormir en su casa, en medio de la noche se encerró en la habitación donde yo estaba y me violó. Yo me paralicé. Tenía miedo, traté de pegarle, de quitarme de ahí, pero era más fuerte que yo y no pude resistirme. Recuerdo que sólo rogaba que terminara luego para salir de ahí corriendo”.

En medio del relato se le quiebra la voz, los detalles que entrega son morbosos, terribles. Es imposible no sensibilizar con su dolor. Quienes la conocen cuentan que la luz de sus ojos se fue apagando, se puso triste, gris. Ya no sonreía con la facilidad de antes. Algo similar ocurrió con Antonia Barra, el mediático caso de la joven de Temuco que fue violada y que un mes después se quitó la vida. Perturbadas, indefensas y a merced de un sistema judicial engorroso, de un juicio público traumático y que suele ponerte el dedo en la frente y señalar tus errores, ambas jóvenes enfrentaron el dolor de forma tormentosa y optaron por guardar silencio. Antonia Barra se quitó la vida, la otra Antonia lo intentó sin éxito. “Traté de matarme, tomé pastillas, no podía con mi pena, con mi tristeza, con mi suciedad; pero me encontró mi mamá y me salvó. Sólo ahí pude contarle la verdad”.

“Tenía miedo de lo que dirían mis papás. De cuánto daño les causaría”, recuerda. Su madre la llevó a la PDI, prestaron declaración “ella confiaba en la justicia”, señala la joven. 

Pensaron, erróneamente, que, al tratarse de una violación a una menor de edad, la justicia trabajaría rápido y llegaría hasta las últimas consecuencias. Pero el caso se archivó porque la menor no constató lesiones a tiempo. “Sin constatación de lesiones no hay pruebas válidas. Yo tenía un chat donde mi agresor reconocía lo que había hecho, porque me habló, me pidió perdón, me pidió que no le contara a nadie… Y todo eso lo guardé. Pero a la fiscal no le bastó con ello. Dijo que no era suficiente, que se trataba de una versión contra otra y que tenía todas las de perder así que me recomendó desistir y archivó la causa”.

Paloma Galaz, abogada de AML, estudio que se dedica a casos de violencia contra la mujer, comenta: “Estos casos entán dentro de los más complejos que hay en la justicia. Los casos de violencia de género y en específico la sexual, hay sesgos y estereotipos de género instalados en el aparato judicial. En el ministerio público, las policías, el poder judicial, se parte de la base de la no credibilidad de las mujeres en tanto víctimas”.

La jurista agrega además que: “se les pone condiciones que son específicamente más duras en estas investigaciones que en otras, el estándar probatorio es especialmente alto. No sólo debe haber una víctima que participe activamente en su proceso, sino además en la mayoría de las ocasiones la prueba pericial biológica se vuelve fundamental. Si no existe, es muy probable que no suceda nada con la denuncia”.

Pero, cuánto tiempo puede tardar una mujer en salir del shock y tomar acciones contra su agresor “hay casos en los que se han demorado años”, cuenta Paola De Vicencio, sicóloga experta en violencia de género. “

Una falencia evidente del sistema es pretender que una mujer automáticamente vaya a constatar lesiones tras un abuso y que luego ponga la denuncia, eso no funciona así en la realidad y por eso muchos casos quedan en el olvido”, sentencia Da Vicencio.

Carolina: Cuando la víctima se convierte en victimario

Carolina tiene 36 años, es de Viña. Sufrió abuso sexual a los 29 por parte de un kinesiólogo. “Era carismático, tenía llegada con la familia. Me ofreció tratarme un problema a la columna y realizarme terapia sin cobro alguno”, relata. “Acepté porque pensé que era alguien de confianza”, agrega. 

“Un día me encerró en un box en la hora de colación, no había nadie más que nosotros en su consulta, un centro médico en el centro de Viña. Me desvistió y comenzó a manosearme y besarme. Me congelé, no supe qué hacer. Después de un rato me hizo vestirme; yo seguía en shock. Él hizo como si nada y hasta me invitó a almorzar al día siguiente, me obligó a abrazarlo y me dijo “esto nos hace bien a los dos”. Yo no procesaba lo que había pasado. Una vez que llegué al auto recién caí en cuenta”, recuerda. 

Al llegar a casa le contó lo ocurrido a su familia. Fueron inmediatamente a la comisaria, hicieron la denuncia en Carabineros. “Mi mama contactó a un abogado en Santiago y fuimos a fiscalía, pero cuando me entrevisté con el fiscal, me dijo que no había pruebas ni testigos, que como no hubo penetración no podía demostrar el abuso y que no podía hacer nada. Más encima el fiscal en medio de la declaración me pregunta: “¿pero le dijiste que no?” y como yo le dije que no había dicho nada porque estaba helada y me sentía vulnerable, me dijo que era un acto consentido y que no tenía sentido seguir adelante. Que era una pérdida de tiempo”.

Fue así como Carolina decidió funar a su agresor en redes. Subió la foto del profesional, el número del caso en fiscalía y contó su historia. Pero el médico la demandó por difamación. 

Él tenía dinero nosotros no. Y como la justicia había desestimado el caso por falta de pruebas simplemente decidieron que era difamación. El pidió que le pidiera perdón, sino nos sacaría toda la plata del mundo. Yo no lo hice, pero cuando nos vimos presionados por el proceso judicial en mi contra, mi abogado en mi representación le pidió perdón”.

El juez de la causa por difamación fue claro en su escrito, “no se puede apelar a la justicia por tus propias manos”. No hubo pruebas de agresión y por tanto jamás debió enlodar la honra del profesional. Hasta hoy el médico sigue trabajando en el mismo lugar aunque presenta una nueva denuncia, esta vez de una menor de 16 años. Carolina sigue esperando que se haga justicia.

Daniela: Cuando la familia prefiere callar

Daniela tiene 25 años. Desde los 12 y hasta los 15 fue abusada y posteriormente violada por el pololo de su hermana. Ella se demoró años en contarle a su familia pero ellos no le creyeron y le dijeron que “no inventara leseras”.

“Estaba triste me empezó a ir mal en el colegio, entré en una depresión enorme pero mi familia no me creyó. Pasaron los años y esto quedó guardado entre tantos otros secretos familiares. Mis relaciones de pareja eran un fracaso, caía cada vez más bajo. Un día una amiga me sugirió una terapia sicológica, ella había sido abusada y la terapia le hizo muy bien. Era un grupo de víctimas que se reunía y compartía experiencias similares, se contenían entre todas”.

La terapia le permitió a Daniela descubrir que pese a los años ella quería hacer justicia. Su agresor ya no era el novio de su hermana, pero ella sabía muy bien cómo ubicarlo. Reunió a la familia y trató de convencerlos de apoyarla. La hermana años atrás le había confesado que ella sabía que su denuncia era verdadera. Sin embargo, la madre le pidió que callara. 

“Somos gente de una ciudad pequeña, iba a ser un escándalo y por eso mi madre no quería que hablara, que dejara el pasado atrás. Pero no lo hice. Puse la denuncia y cuando me citaron a fiscalía escucharon mi relato atentamente pero nunca más me llamaron. Un amigo abogado me ayudó a saber por qué el caso no prosperaba y cuando solicitó el expediente en fiscalía nos enteramos que mi madre había desestimado mi denuncia diciendo que era “una niña con mucha imaginación”. La fiscal ni siquiera me comentó nada al respecto, prefirió creer en ella y archivar la causa. Ni siquiera citó a mi hermana como le solicité, prefirió cerrarla para siempre”.

Fernanda: Cuando el violador es tu pareja

Fernanda tenía 18 años y estaba comenzando a salir con un tipo cinco años mayor que conoció en una discoteca, llevaban 4 meses saliendo y un día “fuimos a una fiesta con un amigo suyo y después de esa fiesta nos fuimos a su casa. Me acosté en su cama y me quedé dormida. Había bebido. Me despierto muy tarde y no tenía puesta mi ropa. Le pregunté que había pasado y el me contó que habíamos tenido sexo mientras dormía. No entendí muy bien que se había tratado de una violación. Me costó mucho asimilarlo”, recuerda.

Fernanda le dio muchas vueltas a la situación y decidió terminar con él. “Me amenazó con suicidarse si lo dejaba. Traté de calmarlo y finalmente me quedé en su casa esa noche. Recuerdo que como a las dos de la mañana despierto, me traté de ir y me pega un combo en el ojo, sin provocación. Lo dejé ese mismo día. Le tenía miedo. 

Durante meses esquivé su presencia, él me perseguía y trataba de volver conmigo, pero yo no daba pie atrás. Cuatro meses después de que me golpeó hice la denuncia en Carabineros. Quería que pagara “cuando hice la denuncia, el carabinero que me atendió me dijo que por qué había denunciado tan tarde, yo debí denunciar antes porque podría terminar en una bolsa como tantas mujeres. La PDI me entrevistó después, le dije que no tenía pruebas, era mi testimonio y el suyo. Me dijeron que no podía hacer nada y que mi causa quedaría archivada porque era una relación consentida, éramos pareja y no tenía cómo probar que había sido abuso reiterado. Tampoco constaté lesiones a tiempo, entonces no había nada. Me dijeron que era mi pareja, que no lo dejé la primera vez, que cómo me demoré tanto… y que tenía que conformarme con haberme librado de él porque no había nada más que pudiese hacer. Salí de ahí llorando y hasta el día de hoy siento que no puedo cerrar ese capítulo de mi vida”.  

Rocío: Cuando tu pasado te condena

Rocío fue una joven con una vida sexual activa y con muchas parejas. Dos fracasos matrimoniales, tres hijos y 40 años en los que le pesaba la soledad la llevaron a buscar citas en una aplicación de parejas. Así conoció a Ignacio. “Era super gentil y me encantó desde el primer día. Tuvimos tres citas, yo quería hacer las cosas bien esta vez así que no tuve sexo con él. En la tercera cita me invitó a cenar a su casa. Fui feliz y llena de ilusión”, recuerda.

Una vez allí ella se negó a tener sexo y su galán cambio radicalmente de estrategia, dejó la gentileza y comenzó a ser rudo con ella, “me empujo contra el sillón y me dijo “deja de hacerte la mosquita muerta”, trató de quitarme la ropa, forcejeamos un rato y al final simplemente me dio vuelta, me bajó el pantalón y me violó mientras me sostenía las manos. Era muy alto y formido, no tenía forma de zafarme de él así que me quedé quieta, no quería que me golpeara o me hiciera algo peor. Lo dejé terminar, me vestí y me fui. “cuidadito con andar contando huevadas, me dijo antes de cerrarme la puerta”. Recuerda.

Invadida por el miedo fue hasta Carabineros, se realizó el examen de lesiones vaginales y emprendió acciones legales. Sus lesiones eran leves. Eso, cree ella porque no forcejeó lo suficiente. Y eso terminó por jugar en contra en el juicio.  “él contrató un abogado, yo sólo tenía un defensor público y su abogado escarbó en mi pasado, mis parejas, mis historias sentimentales y tuve que ver con pavor como desfilaban personas diciendo que yo era fácil, licenciosa, libidinosa y casi una prostituta que se acostaba con cualquiera. El magistrado no escondía su rechazo hacia mi y considerando que mi constatación de lesiones además no era contundente decidió cerrar la causa en favor de mi agresor porque, según él, no había pruebas sólidas del abuso”.  

Deficiencias de un sistema

Cinco casos que reflejan cómo las víctimas de violación y abuso quedan a merced del criterio de jueces, de una normativa que exige un examen físico inmediato y que desestima cualquier otro tipo de pruebas incluso si se trata del caso de un menor de edad.

“Hemos visto casos en los cuales se emiten juicios de valor por el consumo de alcohol de parte de la víctima, u otras circunstancias que desplazan a la víctima de su “comportamiento ideal” en su condición de tal. Se las culpabiliza de sus propias agresiones, poniendo en duda si han dado su consentimiento, aun cuando refieren no haberlo hecho”, comenta la abogada de AML.

La jurista agrega además que “nos hemos dado cuenta que la mayor cantidad de condenas son sobre casos de niñas y ese numero va decreciendo en la adolescencia y aún más en la adultés. Mientras más grande es la víctima más difícil es que se le crea a su denuncia”.

“La no perspectiva de género en el análisi de estos casos provoca en definitiva una barrera de acceso a la justicia para mujeres y niñas”, concluye. 

En relación al engorroso camino que siguen estas causas, la abogada tiene su propia teoría, una que comparten muchos expertos en el tema de violencia sexual: “Las metas institucionales de cada organismo se transforma en una trampa, muchas veces las poliías no toman las denuncias, el Ministerio Público cierra administrativamente estos casos, etc. para cumplirlas. Tampoco llevan adelante el procedimiento si no hay estándar probatorio de excelencia, si no hay prueba perfecta. Sabemos que muchas veces los mismos funcionarios de las instituciones juzgan a las víctimas y desestiman sus acciones sin tener el derecho a hacerlo”.

Víctimas que deben pasar un examen social de credibilidad con el cual muchas de ellas prefieren no lidiar. Y, tal como señala la abogada, tenemos pendiente reestudiar no sólo la legislación sino también los procedimientos en casos de violencia sexual para que, de esta forma, no queden más Antonia sin justicia. 

“Se han hecho avances, el Poder Judicial tiene una Secretaría de Género, por su parte el Ministerio Público cuenta con unidades especializadas, se realizan estudios, capacitaciones. Eso es positivo, pero no es suficiente”. Señala.

A su juicio es imprescindible además que en la academia judicial se incluya la perspectiva de género en toda la formación, así como en el Servicio médico Legal, las policías, las escuelas de derecho, etc. La perspectiva de género es un aporte en tanto categoría de análisi que debiese estar presente en todos los casos, y especialmente en estos”. 

Finalmente, “es imperativo entender que, ante la misma situación, la reacción de una víctima no es la misma. Es imprescindible comprender la violencia de género como problema social, conocer sus dinámicas para poder realizar las investigaciones y ponderar las pruebas”, concluye.