El parte policial, un video de la detención y un informe del Ministerio Público respecto de los mediáticos incidentes de protesta del 15 de mayo pasado en el Instituto Nacional (IN) fueron las pruebas que presentó la defensa del alumno C.P.A. al Consejo de Profesores del Instituto Nacional para solicitar su reintegro al establecimiento, luego de que fuera expulsado de éste acusado de causar graves incidentes con bombas molotov.

El Consejo acogió las pruebas presentadas y, con una votación de nueve votos a favor y dos en contra, el menor -perteneciente al pueblo mapuche- fue readmitido en el establecimiento por falta de pruebas en su contra.

Con esto se dio vuelta una investigación ordenada por la dirección del IN, la cual determinó los hechos que motivaron la expulsión del alumno el 21 de junio. “Tras el término de esta investigación, se comprobó que el estudiante […] cometió actos que afectan gravemente la convivencia escolar, en particular, ‘uso, porte, tenencia o posesión de armas o artefactos incendiarios’”, acusaba el documento.

“Por lo tanto, tras haberse acreditado la responsabilidad del estudiante y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Aula Segura, se aplica en este acto la sanción de expulsión”, concluye la investigación.

Sin embargo, estas conclusiones eran contrarias a lo informado por los propios Carabineros. En un informe redactado minutos después de la detención del menor, Fuerzas Especiales informó que “el detenido C.P.A. se encontraba con su rostro embozado y lanzando objetos contundentes en contra del personal policial”. En ninguna parte dentro del informe policial se daba cuenta de la presencia de armas o artefactos incendiarios.

Luego, la misma entidad dio a conocer el contenido de la cámara GoPro que operó uno de los efectivos policiales al momento de la detención, descartándose también que el estudiante mapuche estuviera encapuchado y mostrándose también el momento en el que se volteó su mochila, sin encontrarse artefactos incendiarios.

El Ministerio Público tomó estos hechos en consideración al redactar un informe y desestimar realizar una investigación por ser hechos cuya connotación no era de relevancia pública.

Quien recabó y presentó los argumentos que llevaron a la restitución inmediata del alumno fue el abogado penalista Ramón Sepúlveda, cercano al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien en conversación con INTERFERENCIA detalló el caso del menor.

“Fue una expulsión política que se hace para tomar como punta de lanza a este alumno y decirle a los demás: 'miren, el que esté metido en movilizaciones lo vamos a expulsar por Aula Segura'”, asegura. 

- ¿Cuál fue el camino que se tomó para poder revertir la expulsión del alumno del Instituto Nacional?

- Cuando se decretó la expulsión de este muchacho se presentó un recurso de reconsideración ante la propia rectoría, que lo que busca es expresar argumentos o razones por las cuales se estima que efectivamente esta medida no está conforme a derecho. Ese recurso está contemplado en la Ley Aula Segura, pero también es un recurso típico de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Desde ese punto de vista, el camino no es judicial, pero es un recurso que patrocinaron dos abogados, dentro de esos yo, y que se presentó a fin de dejar sin efecto esta resolución. Es por esto que nos notificaron hoy -para informar que a la luz de los argumentos presentados en la reconsideración- que se decidió reintegrar al alumno. 

- ¿Cómo es este proceso de reconsideración?

- Lo que el rector hizo fue llamar a un Consejo de Profesores, donde se analizó el recurso y también los medios de prueba que nosotros presentamos, que en este caso eran el video de la detención, el parte policial y la decisión adoptada por el Ministerio Público de no investigar a raíz del parte policial.

Al presentar esto creemos que el colegio finalmente se dio cuenta de su error, dejando la expulsión sin efecto, con el apoyo de nueve de los once profesores que conformaban el consejo.

- ¿Qué decía el parte?

- Que hubo manifestaciones y se vio a un grupo de encapuchados por el colegio y nada más. En ningún momento se nombraba que este muchacho se lo hubiera detenido con elementos incendiarios y el Ministerio Público, a raíz de lo que denuncia el parte policial, decide no iniciar investigación por la poca relevancia o la falta de connotación pública del caso.

En ningún momento el Ministerio visualiza en el parte que se estuvieran cometiendo actos contra la Ley de Control de Armas. Lo que dice es que estos son desórdenes públicos, lo cual no es relevante para el Ministerio, por lo que decide agotar la persecución penal. 

- ¿Se condecía el contenido del parte policial con el video de la detención?

Esta detención la efectúa un grupo de carabineros, llevando uno de ellos una cámara GoPro con la que graba el procedimiento. Éste luego se difunde por redes sociales, demostrando y dejando en evidencia que en ningún momento el muchacho estuvo encapuchado ni tuvo algún objeto tanto en sus manos como en su mochila cuando fue vaciada por personal de carabineros.

El parte policial confirma eso y, por lo tanto, la pregunta es cómo el parte dice una cosa y la expulsión dice otra. La razón que uno encuentra es que los hechos simplemente no son reales y fue una expulsión política que se hace para tomar como punta de lanza a este alumno y decirle a los demás 'miren, el que esté metido en movilizaciones lo vamos a expulsar por Aula Segura'. 

- ¿Fue entonces una determinación mal intencionada la que tomó el liceo?

- Además, se vulneró el debido proceso en diversos aspectos. Piensa que a este muchacho se le notificó mal y ni siquiera pudo hacer sus descargos. Se le tuvo suspendido más de un mes, siendo que la ley de Aula Segura dice que estas investigaciones deben durar diez días. En la investigación no se consigna el video, no se consigna el parte policial... Es una investigación absolutamente vulneratoria a los derechos del estudiante.

Más encima se le expulsa por una causal tan grave como infracción a la Ley de Control de Armas, no se le expulsó por pintar una muralla.

Dime tú ¿cómo este alumno entra a otro colegio con esa carta de presentación? Son calumnias graves porque se le está imputando un delito muy serio que nunca cometió y del cual efectivamente no había pruebas. 

- ¿Cree que tenga algo que ver en la expulsión del menor el hecho que sea mapuche?

- Es un tema que el alumno sea mapuche, yo creo. Cuando hay sucesos como la Operación Huracán es evidente que existe una persecución hacia los mapuche. Que sea el muchacho mapuche no es casualidad. No te lo digo por una cuña. Es bastante extraño que se le acuse a un estudiante mapuche de portar elementos incendiarios sin pruebas, con todo lo que pasa en el sur. No solo lo acusan sin ninguna prueba, sino siendo que estas decían lo contrario.