La reciente nominación de Natalia González para integrar el Consejo para la Transparencia ha generado una controversia como no se veía desde hace casi una década en esta instancia, cuando a fines de 2011 el abogado penalista y ex militante del PPD Samuel Donoso se vio forzado a retirar su nombre ante cuestionamientos por posibles conflictos de intereses.

Al igual que Donoso nueve años atrás, González también ha sido propuesta al Senado por el presidente Sebastián Piñera y su nombre enfrenta una avalancha de dudas. Esta vez las críticas se dan en medio de una profunda crisis de la institucionalidad del país y, según varios expertos en temas de transparencia y propios funcionarios del Consejo, de aprobarse su nominación sólo viene a confirmar el deterioro de esta institución.

En una carta que la Asociación de Funcionarios del Consejo para la Transparencia  (CPLT) envió ayer al Senado se asegura que “miramos el actual proceso con preocupación, ya que la institución necesita consejeros sólidos, con trayectoria y principalmente desligados de influencias externas o señales de politización”. Aunque evitan nombrarla, la referencia a Natalia González es clara. Junto a esta abogada de la Universidad Católica, La Moneda también propuso a Bernardo Navarrete, profesor de la Universidad de Santiago cuyas áreas de investigación son las políticas públicas y gobiernos subnacionales.

La nominación de este académico pretende llenar el cupo dejado por Marcelo Drago, quien en medio de varias polémicas renunció a mediados de este año, aunque su mandato como consejero igual expiraba a fines de octubre. González, en tanto, vendría a reemplazar a Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, que también finalizó su período de seis años la semana pasada.

El nombre de González causó malestar en varios círculos cuando se supo que Piñera pensaba en nominarla. En conversaciones privadas, expertos en materia de transparencia, altos funcionarios del propio consejo e incluso algunos políticos en la derecha le hicieron saber a La Moneda que su elección podría impactar de manera negativa la labor futura de esa institución. Y le dieron dos razones: la primera, es que debido a su nutrido currículum que incluye trabajos profesionales para grandes empresas y el sector eléctrico, podrían cuestionarse varios fallos futuros del CPLT debido a conflictos de intereses. “Puede ser que en los próximos seis años las decisiones del consejo se cuestionen de manera constante, lo que claramente sería una pésima señal ante la ciudadanía”, afirma un abogado de derecha que conoce bien su funcionamiento y que prefirió no revelar su identidad ante posibles represalias políticas.

La segunda razón es más simple, pero está en el corazón mismo de las críticas: Natalia González no tiene experiencia en asuntos de transparencia.

“No hay nada en su trayectoria profesional que indique un conocimiento más allá de lo superficial en los temas de transparencia”, asegura un ex alto funcionario del CPLT.

Al escarbar en el amplio currículum de González está su participación en la Comisión de Gasto Público que asesora al ministerio de Hacienda para fomentar la transparencia en el uso de los recursos fiscales del llamado Fondo Covid-19. Ella representa a Libertad y Desarrollo en esta comisión en la que participan más de una decena de organizaciones, entre ellas el CEP, Fundación Chile 21, Espacio Público, las universidades Adolfo Ibáñez y Del Desarrollo, Chile Transparente y el Observatorio del Gasto Fiscal, entre varias más.

Sin embargo, en los últimos años la falta de experiencia profesional en materia de transparencia no había sido un impedimento mayor, ya que el antiguo duopolio político se repartía amablemente los cargos. De los cuatro consejeros, dos eran para el oficialismo y dos para la oposición. Los cuchillazos eran intra coaliciones: quién del PS, PPD o la DC se quedaba con el cupo, y quién de RN o la UDI se quedaba con el suyo. Los dos actuales nominados corresponden al “cupo” UDI (González) y DC (Navarrete).

Según algunos expertos consultados, la práctica de repartirse este botín ha empeorado en los últimos años a medida que el duopolio histórico de los últimos 30 años ha ido perdiendo terreno y, más allá del desprestigio de la clase política, ni siquiera refleja la actual composición de fuerzas en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde casi un tercio de los legisladores son independientes, del Frente Amplio y del Partido Comunista.

“El gobierno ha perdido todo el decoro, no le importa en absoluto el daño a la credibilidad institucional que se produce con este nombramiento”, dice el abogado de derecha. “¡No podemos ser tan bananeros!”.

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, comparte la preocupación, aunque es menos tajante. “Hoy en día hay un arreglo político para nombrar a consejeros, pero no sería tan grave si llegaran personas capacitadas”, dice. “Al final el problema no es un nombre, sino el sistema de nominación”.

La Asociación de Funcionarios del CPLT comparte la misma inquietud y así lo hizo saber en la carta enviada al Senado. “Cabe tener presente que tanto este año como el pasado, el Consejo para la Transparencia se vio expuesto ante la opinión pública por una serie de cuestionamientos hacia miembros del Consejo Directivo, denuncias que dieron origen a sumarios internos, estar en el centro del escrutinio público y ser objeto de medidas administrativas por parte de la Contraloría General de la República, lo que terminó afectando la reputación institucional y generando desconfianza por parte de la ciudadanía”, se lee en la misiva. “Lo anterior pone de relieve la necesidad de fortalecer institucionalmente el Consejo para la Transparencia, que tiene por propósito velar por la transparencia en el actuar del Estado, a fin de dotarlo con un Gobierno Corporativo fuerte”.

Más allá de la reforma más amplia en el tema de transparencia que ha propuesto el gobierno, Precht y otros abogan por una ley corta que pueda dar un impulso inmediato al Consejo. Los ejes principales que proponen son establecer inhabilidades para ingresar a la institución, que los consejeros sean de dedicación exclusiva y no como ahora que también pueden ejercer otros cargos remunerados en el mundo privado, y regular de alguna manera el post-empleo para evitar pasar de fiscalizador a fiscalizado.

De momento, sin embargo, el gobierno no ha dado luces de querer impulsar una ley corta en este sentido. “A estas alturas lo único que les parece interesar es asegurarse el botín y porque les parece importar volverse destructores de instituciones”, asegura una persona interiorizada con la manera en que se nominó a Natalia González.

Según esta y otras fuentes consultadas, el cerebro detrás de este nombramiento fue Cristián Larroulet, el poderoso jefe del segundo piso de La Moneda, el histórico director de Libertad y Desarrollo. Tras desembarcar nuevamente en el palacio presidencial en marzo de 2018, llevo consigo al gobierno a 10 de los 19 investigadores del centro de estudios, según la revista Capital. Eso produjo un fuerte tiraje y Natalia González saltó de ser investigadora a subdirectora del think tank.

Larroulet se habría puesto de acuerdo con el senador Juan Antonio Coloma de la UDI para cuadrar las huestes en la cámara alta.

La Comisión de Constitución del Senado tiene prevista ver el tema de los dos nombramientos mañana miércoles. De pasar la valla de la comisión, donde tampoco están los votos asegurados para las nominaciones de Piñera, el Senado en pleno tendrá que aprobar o rechazar por dos tercios ambos candidatos en un solo paquete.

Y el ambiente no le parece favorable a González, ni tampoco a Navarrete, pese a que este último cuenta en esa cámara, según algunos, con dos madrinas poderosas: Ximena Rincón y Yasna Provoste.

Un CV a la medida (antigua)

Lo que Natalia González carece en temas de transparencia lo compensa con creces con su currículum profesional y político. Eso al menos sostienen desde el gobierno y varios abogados.

Abogada de la Universidad Católica y Magíster en Derecho de la Universidad de Chicago, González se desempeñó entre 2002 y 2006 en los ámbitos de derechocorporativo y financiero del influyente bufete Carey y Cia.

Fue asesora legislativa en los ministerios de Hacienda y de Energía a inicios del primer gobierno de Sebastián Piñera y en 2012 ingresó a Libertad y Desarrollo, centro de estudios fundado por cuatro ex altos funcionarios económicos de la dictadura: Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Cristián Larroulet y Luis Larraín. Ahí González se hizo cargo del Programa Legislativo y Constitucional.

En 2014 se fue de LyD. En 2015 fue abogada del diario El Mercurio y después se unió al Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, llegando a ser la primera mujer en dirigirlo. Actualmente pertenece al consejo asesor de dicha entidad.  

González también ha trabajado para personeros de la ex Concertación. En 2006 y 2007 fue asesora legislativa del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y hace unos años trabajó en la consultora de comunicaciones de Claudio Hohmann, ex ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En pocas palabras, la abogada tiene una trayectoria impecable bajo los antiguos estándares, lo que hoy a todos luces ya no cuaja.

Sus defensores aseguran que las críticas en contra de ella están motivadas por razones políticas. Asidua comentarista, columnista y panelista en diversos medios -como El Mercurio, La Tercera, Diario Financiero, La Segunda, Cooperativa, Radio Pauta, Teletrece Radio, Canal 13, entre otros-, la abogada ha sido bastante clara respecto a su pensamiento político, el cual es bastante común en la derecha. A saber: estuvo a favor del Rechazo; se opone a que la cotización previsional adicional vaya a fondo común; considera que la reforma constitucional que busca un impuesto a los superricos es un “fraude al marco jurídico”, y asegura que en la Araucanía existe terrorismo que obliga, entre otras cosas, proteger al puente Malleco como infraestructura crítica.

En mayo Andrés Chadwick, Andrés Allamand y Marcela Cubillos (esta es su actual jefa en Libertad y Desarrollo) la invitaron a participar en una propuesta constitucional que iban a elaborar como una manera de evitar el plebiscito y de la cual no se supo más. Ahí González estuvo a cargo de coordinar a un equipo de jóvenes abogados constitucionalistas.

Su actividad y opiniones políticas llevaron a algunos a sostener que los cuestionamientos a su nombramiento se deben a un “veto ideológico inaceptable”. Ese fue precisamente el título de una columna del abogado Francisco Orrego en El Mostrador, donde afirmó que “todo tiene su límite en política, pero el veto ideológico a la destacada abogada Natalia González Bañados, lo superó con creces”.

El también ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera escribe, en tono alarmante, que “se podrán compartir o no las ideas políticas de Natalia González (que en lo personal comparto), pero que ello sea un motivo para negarle el acceso al CPLT a una persona valiosa, que tiene una destacada formación y trayectoria profesional (…) habla de lo frágil que está la democracia chilena”.

Por cierto, aunque Orrego reconoce que comparte las ideas de González, se le olvidó transparentar un dato: él mismo trabajó durante años en Libertad y Desarrollo.