Hace unos días, el Ministerio de Salud (Minsal) publicó un informe en donde se dice que 50,5% de los profesionales médicos obstetras del sistema público que trabajan en centros de alto riesgo obstétrico -especializados en embarazo y gestación- se han declarado objetores de conciencia ante la tercera causal de interrupción del embarazo, por violación. Esto significa un incremento del 3,5% con respecto a los objetores de 2018. En concreto, 580 especialistas, de un total de 1.148 a lo largo de Chile, no practicarán un aborto si se enfrentan a uno de estos casos. El Minsal caclcula que son cerca de dos mil los casos de embarazos producto de violaciones.

La información demuestra el conflicto que significa la causal de violación para estos profesionales, pues los objetores son considerablemente más en esta causal que respecto de la primera, que es el riesgo de vida de la madre, y la segunda, que se relaciona con la inviabilidad de vida del feto. En el primer caso, los especialistas objetores son 238, mientras que por el segundo, la cifra asciende a 328.

Frente a estos datos, el Minsal aseguró que no era una cifra significativa. “No nos inquieta, porque podemos dar certeza que todas las regiones tienen cobertura para la atención de la mujer que quiera hacer uso de sus derechos en cualquiera de las tres causales”, aseguró el ministro Emilio Santelices.

Aunque se desconoce exactamente cuál es el motivo que lleva a los médicos a cambiar de parecer y aumentar, de un año para otro, el número de objetores, muchos creen que se relaciona con el nivel de protocolos y papeleo que enfrentan quienes están disponibles para aplicar esta causal, lo que incentivaría que los médicos optaran por restarse de realizar el procedimiento.

“La ley tiene involucrada todo lo del consentimiento informado de las pacientes y poder informar al Ministerio Público los casos a tiempo, lo que sí significa un papeleo mayor que respecto a un procedimiento cualquiera”, comentó a INTERFERENCIA la presidenta del Comité de Género del Colegio Médico, Francisca Crispi.

“No tenemos casos que hayan objetado formalmente por evitar trámites administrativos o carga laboral, pero sí creemos que detrás de ese porcentaje tan alto de objeción puede pueden estar esos motivos. También puede haber personas que mal entiendan la objeción de conciencia, porque eso es posible, ya que no ha habido un esfuerzo mayor por parte del Ministerio de realizar capacitaciones en todos los centros públicos con respecto a ese derecho del médico”, agregó Crispi.

A la falta de capacitación de los equipos médicos, se suma que no todos los centros de salud pueden atender estos casos. Del total de hospitales en Chile, solo 69 tienen centros obstétricos de alto riesgo, que son los responsables de aplicar la ley de interrupción de embarazo. Para Crispi esta es otra “traba para aplicar la ley”, ya que esta causal no tiene una complejidad médica mayor y técnicamente puede aplicarse en la atención primaria, como se realiza en Uruguay.

El papeleo extra para abortar por violación

Según el protocolo realizado por el Ministerio de Salud, en los casos de aborto por violación, las pacientes tienen que firmar cerca de seis consentimientos. A esto se suma que los médicos o directores de los hospitales deben informar sobre la violación al Ministerio Público, organismo que está presente al final del procedimiento médico, para recabar las pruebas biológicas y genéticas, en caso de que haya una querella de por medio. Eventualmente, los médicos podrían ser llamados a declarar en un proceso judicial.

A pesar de que la aplicación del aborto por violación no demora más de una semana, implica una labor administrativa mayor a cualquier otro procedimiento médico, carga laboral que ejecutan los gineco-obstetras y eventuales responsabilidades legales. Tras conocer el caso, un equipo interprofesional escucha el relato de la paciente. Luego, lo contrasta con los exámenes médicos y una ecografía, para ver si coincide su narración con los días de gestación del feto. Si es así, se aplica la tercera causal, normalmente 24 horas después.

Gonzalo Rubio, gineco obstetra del Hospital San José y consejero regional del Colegio Médico, indica que del total de interrupciones de embarazos realizados en dicho establecimiento en dos años, cerca del 3% han sido por la tercera causal, que equivalen a 40 procedimientos. El profesional comenta a INTERFERENCIA que el proceso incluye gran carga laboral para los médicos.

“A mi me parece que el tema es extremadamente burocrático, con un nivel de papeles y consentimientos importantísimo. Primero se realiza una reunión con profesionales,después la paciente tiene que firmar el consentimiento de aceptación, el consentimiento de interrupción, el consentimiento del procedimiento, entre otros. Además el médico tiene que pedir los medicamentos que están bien restringidos”, cuenta Rubio.

El profesional afirma que el protocolo busca “cohibir” al equipo médico, frente a las trabas administrativas para aplicar la ley.

“Si te declaras objetor, te liberas de un trabajo, pero no tienes ninguna consecuencia en relación a eso. Lo más fácil es ser objetor, lo difícil es cumplir la ley. Los que no somos objetores también estamos haciendo un trabajo extra, no necesariamente debiera pagarse, pero podríamos tener compensación con tiempo o jornadas de autocuidado, ya que son situaciones complicadas”, añade.

Para la vocera de la Mesa por el Aborto, Gloria Maira, el protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales debiese ser una ayuda y no un impedimento, como lo es ahora.

“Esto es una alerta de que el Ministerio de Salud tiene que mejorar la aplicación de la ley, frente a los derechos laborales de los médicos y sus equipos”, afirma Maira a INTEFERENCIA. La dirigente asegura que si no hay capacitaciones a los equipos y se mejora el protocolo, el efecto es que las mujeres queden sin la prestación.

“No puede no ser significativo, como dijo el ministro, ya que esta prestación tiene que ser en los servicios públicos, eso dice la ley”, finaliza.