La mañana de este lunes 25, cerca del sector de Colliguay, Región de Valparaíso, el helicóptero modelo AS 350 B3, patente CC-AEM, que se encontraba realizando trabajos en la línea eléctrica Cardones-Polpaico -por razones que aún se desconocen- se estrelló contra el suelo dejando sin vida a los seis trabajadores que la tripulaban.

La construcción de esta mega carretera eléctrica, que busca conectar desde Atacama hasta la región Metropolitana, es actualmente el proyecto eléctrico de mayor envergadura del país, con una extensión de 753 kilómetros, a cargo de la empresa InterChile, filial de la colombiana ISA. Empresa que ya cuenta con otros dos accidentes recientes en la Región de Valparaíso, lo que ha desperado la preocupación de la seremi de trabajo, María Violeta Silva, quien recordó que la compañía ya sufrió una multa por el fallecimiento de un trabajador.

Se trata de Abdiel Jimenez Linio, quien en septiembre de 2018 perdió la vida tras caer desde 50 metros de altura, mientras trabajaba en una torre de alta tensión en Limache. En la misma zona, un mes más tarde, a la altura del embalse Lliu Lliu, capotó un helicóptero perteneciente a la empresa Helicópteros del Pacífico, dejando a sus dos tripulantes en estado grave.

Esta semana el siniestro afecta a EcoCopter, empresa dueña de la aeronave accidentada. Tras la tragedia, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), suspendió cualquier tipo de operación aérea de la empresa en la zona de Quilpué, Olmué y Limache relacionadas al proyecto Cardones-Polpaico, pero esta no es su primera polémica.

El contrato de ENAP

En 2014, EcoCopter estuvo en el centro de la atención tras ganar una licitación realizada por ENAP Magallanes. En el concurso desplazó a la compañía local Aerolíneas DAP, desatando una serie de críticas que incluían: falta de experiencia en la zona, antecedentes de accidentabilidad y alto costo operacional.

Las denuncias la realizaron los trabajadores de ENAP, quienes acusaron a la gerencia de favorecer a la flota perteneciente al empresario Eduardo Ergas. En agosto de 2015, fue despedida luego de 30 años de carrera, Elena Blackwood,  subgerenta de Soporte Operacional de ENAP, quien demandó a la empresa acusando a la gerencia de desvincularla por no apoyar la licitación de los servicios aéreos.

De acuerdo al testimonio de la ex ejecutiva, que llevó bajo su dirección otras tres licitaciones de helicópteros, la empresa magallánica competidora cumplía con todos los antecedentes y ofrecía la oferta más económica: 9 millones de dólares menos que la empresa santiaguina.

“Todo el trabajo realizado por mi equipo fue “desconocido”. Sin mayores explicaciones, la propuesta que habíamos enviado no se consideró, se declaró terminado el proceso y posteriormente se negoció directamente con sólo una de las empresas, que tenía originalmente una oferta de cerca de 9 millones de dólares más alta que la otra, la que redujo su valor hasta igualar a la oferta más conveniente, adjudicándose finalmente el contrato en forma directa”, declaró Blackwood.

En efecto, al momento de la adjudicación, EcoCopter no tenía experiencia volando en Magallanes y ya había protagonizado algunos accidentes. De acuerdo a informaciones proporcionadas por la prensa, a la fecha, tenía al menos cuatro accidentes, dentro de los que cuenta la caída de uno de sus helicópteros durante el rally Dakar en Argentina en 2009. Por su parte, Aerovías DAP, llevaba 25 años volando en Magallanes, sin accidentes.

Qué dice la Comisión investigadora sobre EcoCopter

En la actualidad, la licitación está siendo investigada por la Cámara, luego de que el diputado Leonidas Romero (RN) consiguiera la firma de 63 de sus pares para crear un comisión investigadora que pesquisa eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP, entre 2014 y 2018, dentro de las que se encuentra el caso EcoCopter.

El 7 de enero, la comisión votó su informe final en una sesión llena de polémica en la que las diputadas Camila Vallejo (PC) y Ximena Ossandón (RN), en conjunto con Romero, se enfrentaron al presidente de la comisión, Jaime Tohá (PS), quien se opuso a su creación desde un principio.

Ese día, los congresistas llegaron con sus observaciones listas para discutirlas e incluirlas en el informe final, pero Tohá llevó uno armado y presiono por votarlo de forma integral sin incluir sus apreciaciones. Entre ellas, los parlamentarios habían incluido una serie de irregularidades denunciadas por los asistentes a la comisión, que fueron consignadas por Tohá como acciones que no “formaban objeto de investigación por parte de la comisión, pero que podrían tener un efecto en la marcha general de la empresa y sus resultados”.

Con los votos de los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Gabriel Asencio (DC), Gastón Saavedra (PS), René Alinco (PPD), Álvaro Carter (UDI) y Nino Baltolu (UDI), se impuso Tohá, aprobando el informe sin haber sido discutido las apreciaciones de los parlamentarios disidentes.

Finalmente, en el informe de cierre de la discusión desarrollada por la comisión, se adjuntan las apreciaciones de Vallejo, Ossandón y Romero. En el compendio se puede leer que los parlamentarios insistieron en aclarar la licitación de los helicópteros.

Romero, por su lado, criticó que del texto de Tohá “se colige que, en atención a los antecedentes puestos sobre la mesa de esta Comisión Investigadora, el contrato y cambio de empresa para el servicio de traslado de los trabajadores a Magallanes de ENAP con Ecocopter S.A. no ameritaba un reproche alguno”, y en su reemplazo propuso: “Dado el testimonio prestado ante esta comisión por don Nolberto Díaz, Presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo, que dio cuenta de nuevos antecedentes en relación al contrato del servicio de helicópteros, esta comisión se hace un deber representar esta situación a la nueva administración de ENAP y a los entes involucrados”.

En el mismo documento se puede leer la intervención de Díaz: “Tradicionalmente se había adjudicado el contrato a la empresa DAP cada dos años, evitándose así una licitación a largo plazo. Sin embargo, sorpresivamente se declaró desierta la licitación y se le asignó el contrato a una empresa que no era de la región, que no tenía experiencia industrial en materia de helicópteros e industria y, paradójicamente, por un periodo de ocho años”.

En la misma línea, la diputada Vallejo reprochó la adjudicación directa de la licitación y comentó, que si bien la comisión recibió desde la DGAC antecedentes de accidentabilidad por parte de DAP, “no hay antecedentes de alguna falla en los servicios prestados a ENAP que justificaran su reemplazo”, dijo, aunque luego admite que no existen antecedentes que demuestren irregularidades en el contrato comercial.

Tohá, en cambio, sostuvo que la Contraloría General de la República por medio del dictamen n° 49.135 - 2015, se colige que el contrato y cambio de empresa para el servicio de traslado de los trabajadores a Magallanes de ENAP con Ecocopter S.A. no ameritaba un reproche alguno.

Ecocopter, tras el accidente emitió un comunicado informando el hecho, sensibilizando con las familias afectadas y señaló que la unidad afectada contaba con todos los permisos, revisiones de seguridad, mantenimientos y protocolos establecidos.