En un intento por frenar la ofensiva legislativa laboral de la oposición, liderada por el Partido Comunista, el Presidente Sebastián Piñera anunció que está dispuesto a discutir una jornada semanal de 41 horas, una diferencia de apenas 60 minutos respecto de la propuesta original de las diputadas del PC Camila Vallejo y Karol Cariola.

El anuncio del mandatario se produjo en medio de un contexto adverso para el gobierno, ya que encuestas indicaban que casi 75% de los chilenos respaldan reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, lo que incluso fue apoyado por varios parlamentarios del propio oficialismo. Ayer, los diputados de Renovación Nacional Francesca Muñoz, Gonzalo Fuenzalida y Ximena Ossandón, además del senador de ese partido Manuel José Ossandón, anunciaron su apoyo a la iniciativa, quitándole piso político a La Moneda.

Y eso que en la mañana de ayer jueves el propio Piñera advirtió que pensaba recurrir al Tribunal Constitucional por considerar que la propuesta de los legisladores opositores es inconstitucional.

Lo cierto es que la propuesta emanada desde el poder legislativo le quitó impulso a la propuesta de La Moneda de favorecer una mayor flexibilización laboral. Se trata de una ofensiva inusual en el sistema político chileno, donde gran parte de la iniciativa de ley recae sobre el poder ejecutivo.

En esta discusión se enfrentan dos visiones acerca de la realidad y el futuro del trabajo en Chile. Mientras desde la oposición, que cuenta con la simpatía de algunos dirigentes de RN, se propone que el país avance hacia jornadas que son comunes entre los países de la OCDE, desde el gobierno aseguran que la nueva realidad laboral exige que las empresas y sus trabajadores dispongan de un régimen laboral que sea más flexible y se ajuste a las necesidades actuales.

En el año 2005, siendo candidato presidencial, Piñera propuso rebajar la jornada a 42 horas de trabajo a la semana para aquellos que tuvieran un contrato laboral, que es menos de 50% de la fuerza laboral chilena. Según sus dichos en la época, esto “va a significar duplicar el tiempo libre de tres a seis horas para las cosas más importantes de la vida, como la familia”.

Casi 15 años después, el actual Presidente parece haber cambiado de opinión respecto del tiempo libre y la familia.

Piñera afirmó que la iniciativa redactada por la diputada Vallejo “es inconstitucional, porque significa gasto público y un parlamentario no puede generar gasto público”. Si bien el alegato presidencial tiene respaldo en la Constitución chilena, que otorga poderes cuasi omnipresentes al Ejecutivo en materias legislativas, también demuestra que el mandatario trata de refugiarse en aspectos legales para torpedear una iniciativa que, a todas luces, incomoda a La Moneda.