En 2015 se hizo público que Volkswagen había modificado cerca de 11 millones de vehículos que usaban combustible diesel fabricados entre 2009 y 2011 instalando en ellos un software ilegal. Este software identificaba el momento exacto en que el automóvil se sometía a un control de gases, modificando las emisiones contaminantes del vehículo para así pasar los controles de autoridades de manera fraudulenta. Desde ese año en adelante, el caso comenzó a ser conocido como Dieselgate.

En noviembre de 2018 la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), en representación de cerca de 5 mil usuarios chilenos de los vehículos afectados por esta ilegalidad, realizó una demanda colectiva contra la empresa alemana. Esta acción judicial llegó recientemente a puerto luego de que se llegara a un acuerdo conciliatorio con Porsche Chile y Ditec –esta última ligada al alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira–, los representantes de la compañía alemana en Chile.

El acuerdo firmado por Odecu a inicios de febrero, involucra el pago de alrededor de 500 dólares a cada uno de los usuarios catastrados, lo cual equivale a $388.830, según el valor del dólar correspondiente al día en que se firmó el acuerdo. Además de eso, Porsche Chile y Ditec se comprometieron a actualizar de manera gratuita el software ilegal y a realizar algunas donaciones a instituciones públicas.

Esta conciliación se realizó completamente al margen de la institución pública llamada a proteger los derechos de los consumidores, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), encabezada por el abogado Lucas Del Villar Montt, nombrado en ese puesto por el presidente Sebastián Piñera. Mientras ODECU llevaba adelante el juicio contra Volkswagen, paralelamente, el Sernac se encontraba en un proceso de mediación colectiva que terminó con un acuerdo firmado el 10 de agosto de 2018.

Dicho acuerdo contempla la actualización del software mencionado anteriormente de forma gratuita en los concesionarios autorizados de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda. Además, Porsche Chile se hace cargo de los reclamos que puedan surgir posteriormente.

Sumado a esto, el acuerdo contempla la entrega de dos voucher a los usuarios afectados, uno correspondiente a 18 mil pesos por servicios en las concesionarias de Porsche Chile; y otro voucher de traslado, por la cantidad de dinero correspondiente a un taxi o vehículo de cortesía para el transporte de los usuarios mientras se está realizando la actualización del software.

Odecu: Sernac no nos entregó ninguna información

Stefan Larenas, presidente de ODECU, pone énfasis en que este acuerdo lo consiguió Odecu en solitario: “Este acuerdo lo conseguimos solos, nosotros con nuestro abogado y con Volkswagen”.

Señala que en numerosas ocasiones solicitaron información al Sernac para conocer en qué situación se encontraba respecto del caso Volkswagen, de forma que pudieran tener un panorama más completo de cara a la acción judicial que estaban llevando. “En septiembre de 2019 le pedimos una reunión al Sernac para conocer en qué pie estaban los tratos con Volkswagen. Si había habido mediación o no, y si habían resultados. Quedaron de respondernos en el plazo de dos semanas. Nunca recibimos ninguna información, ni oral ni escrita”.

De esta forma, en ODECU indican que nunca se enteraron de los detalles del acuerdo al que había llegado previamente el Sernac con Porsche Chile, y que incluso, se enteraron solamente cuando en la demanda que llevaban adelante, los abogados de la contraparte hicieron mención al acuerdo con el Sernac.

Incluso solicitaron la información vía Ley de Transparencia, pero no les fue concedida. “Ellos no nos entregaron nada como lo que finalmente descubrimos en tribunales. Nos dijeron que no nos podían entregar esa información porque esos tratos estaban en veremos, debido a que estaban esperando un informe del Ministerio de Transportes”, señala Larenas.

El león sin dientes y la débil protección al consumidor

Cabe recordar que en 2014, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se tramitó una reforma al Sernac que buscaba entregarle, entre otras cosas, nuevas funciones fiscalizadoras, facultad sancionatoria y potestad normativa. El objetivo del proyecto era fortalecer a este órgano público, entregándole un estatus como el de una superintendencia.

Dicho proyecto se tramitó en el Congreso por años, y luego de sortear con éxito el trámite parlamentario, sufrió un duro revés cuando el Tribunal Constitucional (TC) actuó de oficio, luego de que la Cámara Nacional de Comercio presentara un “téngase presente” ante el TC por eventuales inconstitucionalidades en el proyecto.

Finalmente, en 2018, el TC consideró que las facultades jurisdiccionales que este proyecto de ley le entregaba al Sernac convertían a este organismo en juez y parte. Además, declaró inconstitucional la potestad normativa que la reforma pretendía darle al Sernac, al considerar que esto constituye una materia que debe ser zanjada por ley.

El director del Sernac de la época, Ernesto Muñoz, se mostró contrario a la sentencia del TC, y señaló en una publicación en 2018, que el efecto de estas modificaciones era “potencialmente catastrófico y una pésima noticia ya que debilita de manera importante un proyecto cuyo principal objetivo era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores”.

En ese entonces se habló del Sernac como un “león sin dientes”, debido al truncado fortalecimiento que se esperaba que consiguiera el órgano. Stefan Larenas señala que ellos, como Odecu, estuvieron a favor de la reforma y de entregarle “dientes” al Sernac para así proteger de mejor forma a los consumidores chilenos.

“Las personas que recurren por una razón menor, por ejemplo el microondas que se echó a perder, van al juzgado de policía local y no tienen apoyo jurídico. Simplemente no lo tienen. Al juzgado de policía local vas como persona natural y la contraparte llega con tres abogados y perdiste. Si tienes que ir a Corte de Apelaciones, te la tienes que arreglar solito y contratar un abogado. Entonces la desprotección consiste en que el Sernac no tiene facultades sancionatorias, que son, en definitiva, los dientes que la reforma le pensaba entregar”, señala.

Además, según el presidente de ODECU, el resultado de las negociaciones que encabeza el organismo se hacen públicas o no dependiendo del impacto mediático y los involucrados en el caso: “Por ejemplo, Sernac llega a un acuerdo con Banco de Chile: se van a devolver 50 mil pesos y punto, solo a la gente de Banco de Chile se le informa. Ahora, por ejemplo, si un banco defraudó con 100 y se llegó a un acuerdo por 30, listo, la gente debe conformarse con eso. Así es el sistema”.

Finalmente, Larenas señala que en particular con la actual administración del Sernac, encabezada por Lucas Del Villar Montt, han tenido algunos problemas, los cuales se ven graficados principalmente en la falta de información que les han entregado.

INTERFERENCIA se comunicó con Sernac, y respondió a nuestras preguntas. Entre otras cosas, señalaron que el acuerdo logrado por el Sernac “resolvió el problema de fondo generado por la empresa Porsche, exigiéndosele por parte del Servicio una propuesta con los mismos estándares propuestos en Europa”. Además que “esta acción del Sernac no buscaba indemnizaciones, sino que resolver el problema provocado a los consumidores, las cuales podían ser perseguidas por otras organizaciones”.

Por otro lado, el organismo planteó que la labor de protección de los derechos de los consumidores “recae en el SERNAC como agencia estatal, pero también en las organizaciones de la sociedad civil, como son las asociaciones de consumidores, lo que se comprueba en este caso del Volkswagen”.

Respecto de la negación de información, Sernac señaló que informaron a Odecu, pero con reserva de algunos detalles debido a que “por Ley deben ser resguardados, posteriormente el mismo Consejo para la Transparencia confirmó este criterio rechazando el recurso de amparo presentado por Odecu”.