Esta semana se produjo un rápido y unánime acuerdo en la oposición para iniciar un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, por el uso de su cargo en favor de sus negocios y los de su amigo Carlos Alberto Délano, dueño de la Minera Dominga.  

La contundencia de los antecedentes que muestran el conflicto de interés explica esta amplia voluntad política, que podría hacer prosperar la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, ocasionando una posible suspensión temporal del mandatario sin precedentes en nuestra historia. Aunque es muy probable una derrota en el Senado, a menos que 5 senadores de la derecha le den vuelta la espalda a su Presidente.

Es cierto que Piñera nunca deja de sorprender, pero la ciudadanía intuye muy bien a qué intereses sirve, y no sólo él, sino el poder político en general. Según la encuesta anual de Latinobarómetro que se conoció ayer, Chile está entre los cuatro países de la región donde hay mayor percepción de que “se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”.  Nada menos que un 86%, que no conocía los Pandora Papers -dada las fechas del estudio- pero sí sabía para quién trabaja su gobierno.

En ese contexto de rebrote de la violencia policial, la acusación contra Piñera no logró sortear ni siquiera la cuestión previa, gracias al rechazo del oficialismo y de  cuatro diputados de la DC, dos del Partido Radical y dos independientes ex concertacionistas.

Lo que no deja de llamar la atención es que el rechazo a un eventual cohecho del Presidente haya logrado mayor unidad política en el Congreso que otra acusación constitucional por hechos muchísimo más graves y mejor documentados, como las violaciones a los derechos humanos.  

En diciembre de 2019, la Cámara de Diputados rechazó la primera acusación contra Piñera por no prevenir las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Y según el Reporte general de datos del INDH, con información ingresada  hasta el 13 de marzo de 2020, los delitos de agentes del Estado en contra de personas no sólo continuaron después de la acusación fallida, sino que se observaba “un repunte en marzo de 2020, del que se tendrá mayor claridad en la medida de que se procesen las denuncias”, decía el informe.

En ese contexto de rebrote de la violencia policial, la acusación contra Piñera no logró sortear ni siquiera la cuestión previa, gracias al rechazo del oficialismo y de  cuatro diputados de la DC, dos del Partido Radical y dos independientes ex concertacionistas.

Además del argumento de la inestabilidad política que ocasionan las acusaciones constitucionales, se suele advertir que es un recurso de ultima ratio. Significa que ese instrumento constitucional debe hacerse efectivo siempre y cuando no haya otras formas menos lesivas de control o disuasión, dadas las graves sanciones que impone.  

Pues bien, la violencia policial no se contuvo ni con la última, ni con la antepenúltima ratio, porque a la fecha de la acusación ya se habían presentado casi mil 500 acciones judiciales en los tribunales, que casi de duplican a esta fecha. Y la estabilidad política que se pretendía proteger nos tiene al borde de una nueva acusación contra el mismo Presidente.

La violencia policial no se contuvo ni con la última, ni con la antepenúltima ratio, porque a la fecha de la acusación ya se habían presentado casi mil 500 acciones judiciales en los tribunales, que casi de duplican a esta fecha

La diferencia entre la primera y la segunda acusación contra Piñera recuerda la historia del gánster estadounidense de los años 20, Alphonse Capone, cuyos sanguinarios crímenes de sangre no pudieron ser juzgados, aunque sí purgó en la cárcel por delitos mucho menores: la evasión tributaria.

Esta vez pareciera valer la pena el intento de sancionar a un mandatario que no gobierna desde octubre de 2019 y cuyos desaciertos han agravado la crisis social,  sanitaria y económica. Aunque el ex ministro de varios gobiernos de la Concertación y la nueva Mayoría, Francisco Vidal, piensa lo contrario y se ganó una nota destacada en El Mercurio, declarando que “colocar una situación de inestabilidad en el caso que prospere la acusación me parece que es algo políticamente incorrecto”. 

¿Habrá estabilidad si una mayoría parlamentaria abdica de su deber de romper con la captura de la política por los intereses económicos particulares, argumentando que su esfuerzo no llegaría a puerto? 

La acusación constitucional es un juicio político establecido en la Constitución para evitar o sancionar los actos de un Presidente que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Se debe usar en virtud de las convicciones políticas y jurídicas sobre el mal causado y resulta irresponsable supeditar esa convicción a un posible resultado adverso.

Por lo demás, en el caso de prosperar la defensa de Piñera, quienes apoyen al acusado deberán explicarle a la ciudadanía por qué protegen a un presidente que adopta decisiones de política pública para su provecho personal y el de sus amigos.  Una explicación que merecemos escuchar, especialmente después que aparentemente el Ministerio Público decidiera abrir una investigación penal por los nuevos antecedentes de la venta de Minera Dominga.

En el caso de prosperar la defensa de Piñera, quienes apoyen al acusado deberán explicarle a la ciudadanía por qué protegen a un presidente que adopta decisiones de política pública para su provecho personal y el de sus amigos

Y entonces emerge el recuerdo de la impunidad en el escándalo del financiamiento ilegal de la política por Penta, SQM y otras 24 empresas que no fueron investigadas ni sancionadas. La excusa no declarada para enterrar las investigaciones también fue la inestabilidad política que habría generado un desfile por tribunales de los últimos tres presidentes, varios parlamentarios y otros tantos dueños de grupos económicos. 

Sin embargo, los acontecimientos que siguieron a la investigación frustrada de 2015 demuestran que aquella operación de encubrimiento tuvo nefastas consecuencias para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones. Ojalá los senadores se acuerden y piensen....¡Si no es ahora, cuándo!.