Corre el reloj en las horas decisivas para el futuro político y tal vez penal del ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick, pues 79 diputados contra 71, con una abstención, decidieron que procede la acusación constitucional en su contra por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su jefatura en materia de orden y seguridad del país.

En un plazo de en torno a una semana, el Senado debe recibir la acusación, escuchar los argumentos de los diputados acusadores Gabriel Boric (CS), Gabriel Silber (DC) y Marcos Ilabaca (PS), y los descargos de la defensa, para luego tomar una decisión en tanto jurado respecto de si aprueban o no el libelo. Se necesitan 22 votos senatoriales para hacerlo, y la oposición tiene 22 senadores.

Esto quiere decir que a Chadwick le bastaría con dar vuelta un solo senador opositor, pero no se ve tan fácil. En el día del 28 de octubre, los principales argumentos contra el ex ministro son aquellos que configuran la posibilidad de una política activa u omisiva por parte del Estado o sus agentes, siendo la presencia constante y alarmantemente alta de víctimas de trauma ocular el caso más contundente.

Dado el drama de estos casos y lo injustificable de su ocurrencia, este elemento tiene el potencial de volcar la opinión pública en contra de Chadwick y sus defensores, en especial porque hay evidencia contundente de advertencias tempranas hechas llegar al entonces ministro por parte del Colegio Médico, el INDH y la prensa, respecto de la crisis sanitaria desatada por el actuar de Carabineros. También esto tiene efectos penales consecuentes, más allá de la acusación constitucional, pues -en caso de establecerse una política activa u omisiva por parte de la policía o el poder político- se está entrando en materia de crímenes de lesa humanidad, los que son imprescriptibles y perseguibles en todo lugar del planeta.

Lo que pase con Chadwick es preludio de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, e incluso de un posible libelo contra Gonzalo Blumel, pues las violaciones a los derechos humanos mantuvieron patrones similares entre un ministro y otro, siendo Piñera el jefe de ambos. Así lo dejó entrever incluso la defensa.

El diputado Renato Garín (FA) así lo hizo ver en el hemiciclo, donde afirmó que ambos primos -Piñera y Chadwick- comparten las responsabilidades exhibidas en el proceso acusatorio. Asimismo, para muchos las palabras de Gabriel Ascencio (DC) respecto de que Chadwick es "el único responsable" político de las violaciones a los derechos humanos, muestran -tal vez- la predisposición de la Democracia Cristiana de llegar solo hasta el ex ministro, quien en caso de perder no podría ejercer cargos públicos en cinco años.

Desde temprano se ha especulado que estas acusaciones constitucionales tienen escasa viabilidad , en especial por los compromisos políticos de varios senadores opositores con el oficialismo. De hecho por estos días de acusación constitucional circula la foto de apoyo a la agenda de seguridad del Gobierno en que salen Carolina Goic (DC), Ximena Rincón (DC), Pedro Araya (independiente), Ricardo Lagos Weber (PPD), Felipe Harboe (PPD), Jaime Quintana (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y José Miguel Insulza (PS) junto a colegas oficialistas. Sin embargo, la mera discusión acerca de las masivas y sistemáticas violaciones a derechos humanos que asuelan todavía Chile -con casos dramáticos e injustificables como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillay, ambos cegados por Carabineros- puede tener un efecto político que haga muy caro para los opositores permitir que zafe Chadwick e incluso que zafe el Presidente, quien se supone está aún más blindado que su primo ex ministro.

Esto en especial porque cada vez es menos justificable que Piñera no haya solicitado aún la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas. Algo que parece está impedido de hacer en la práctica, si es que quiere mantener algún control de una policía que amenaza con desbandarse aún más, y que -por lo tanto- sigue violando los derechos humanos.