Miércoles 30 de octubre, 2019 

La Moneda 

11:00 horas

El miércoles 30 de octubre Piñera supo que su presidencia, tal como él la había imaginado, estaba terminada. Nada lograba calmar a la población alzada. La agenda social y el apoyo de algunos sectores de la oposición fueron meras gotas en el desierto, parte de un libreto político que ya no daba resultados. El cambio de gabinete y la salida de Andrés Chadwick tampoco produjeron efectos tranquilizadores.

Después de la histórica marcha del viernes 25, el presidente decidió levantar el estado de emergencia. Desde el domingo ya no había militares ni toque de queda en Santiago, Valparaíso y Concepción. Si Piñera pensaba que la población interpretaría eso como un gesto de buena voluntad, estaba equivocado; la gente no pensaba abandonar las manifestaciones en las calles. 

Por lo demás, el presidente no había dedicado ninguna frase de sus discursos a las víctimas de represión en las manifestaciones.

Ese mismo domingo la Cámara de Diputados inició un proceso de acusación constitucional en contra de Piñera tras 
reunir el patrocinio de diez legisladores de izquierda. Con ello, se convertía en el segundo presidente en ser acusado constitucionalmente durante sus funciones desde Carlos Ibáñez del Campo, cuando en 1956 fue sometido a esta acción por infringir “abiertamente la Constitución y las leyes al consentir en que las Fuerzas Armadas y de Orden cometieran violaciones a los derechos humanos”.

Ni el mandatario ni sus asesores creían que la acusación iba a prosperar. Si lograba pasar la Cámara Baja, seguramente naufragaría en el Senado. Sin embargo, sabía que se le estaba abriendo otro flanco: una querella por violaciones a los derechos humanos. La represión estatal hasta ese momento había sido tan brutal, que varios organismos internacionales se disponían a visitar el país para inspeccionar en terreno la situación.

De hecho, ese mismo día en la mañana aterrizó en Santiago una misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la que se quedaría hasta fines de noviembre. 

Este brazo de la ONU solo había realizado dos misiones de ese tipo en América Latina el 2019: Ecuador y Venezuela. Además, para pocos días después se esperaba la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Esa mañana del miércoles 29 de octubre la mayor preocupación de Piñera no estaba puesta en estos temas [acusaciones por violaciones a los derechos humanos], ya que se encontraba a punto de realizar un anuncio que le dolía más y que, sabía, iba a decepcionar a sus colegas en el gran empresariado: Chile suspendía las cumbres de la APEC y de la COP 25, los grandes eventos internacionales del año.

“Si la acusación no prospera se podría volver a presentar una acusación en contra de Piñera más adelante, considerando que podrán existir nuevos antecedentes a partir de lo que informe la Oficina de Derechos Humanos de la ONU”, aseguró unos días antes el abogado constitucionalista Jaime Bassa en una entrevista.

Sin embargo, esa mañana del miércoles 29 de octubre la mayor preocupación de Piñera no estaba puesta en estos temas, ya que se encontraba a punto de realizar un anuncio que le dolía más y que, sabía, iba a decepcionar a sus colegas en el gran empresariado: Chile suspendía las cumbres de la APEC y de la COP 25, los grandes eventos internacionales del año.

A las once de la mañana hizo un punto de prensa en La Moneda, flanqueado por la ministra de Medioambiente Carolina Schmidt y el canciller Teodoro Ribera. Tomó un sorbo de un vaso con agua, miró su reloj y dijo: “Muy buenos días, dadas las difíciles circunstancias que ha vivido nuestro país y que hemos vivido todos los chilenos durante las últimas semanas [...] nuestro Gobierno... y con profundo dolor —al pronunciar esa palabra su voz carraspeó y se detuvo un segundo— ... nuestro Gobierno ha resuelto no realizar la cumbre de APEC y tampoco la cumbre de la COP. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar”.

El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés) reúne a veintiún economías y es la organización de comercio más grande del mundo. La cumbre que Chile iba a hospedar había generado expectativas noticiosas en todo el mundo. Era probable que ahí se encontraran en persona Donald Trump y Xi Jinping, que venían protagonizando una creciente guerra comercial.

“El presidente estaba ansioso de ser el anfitrión de un posible encuentro bilateral entre ambas potencias”, recordó un alto funcionario de la cancillería. “Después de Cúcuta y Prosur, con esto cerraba un año espectacular en el ámbito internacional”.

Pero Piñera quería compartir su dolor con todos los chilenos. “Quiero también decirlse a mis compatriotas que el 73% 
de nuestras exportaciones va a países de la APEC. Y, por tanto, este no es un foro que solo interesa a los líderes. Este es un foro que les interesa a todos los chilenos”.

La voz quebrada del gobernante al hacer el anuncio contrastaba con el tono fuerte y golpeado que había usado en los días anteriores. Al cancelar ambas cumbres, Piñera sabía que también enterraba su anhelo de convertirse en un líder regional, un referente político que la derecha nunca ha podido posicionar. 

En los círculos financieros y corporativos se propagó la desazón. El viernes de la gran marcha, el canciller Ribera les 
había asegurado que la APEC seguía adelante. Los gremios empresariales más importantes habían presionado al nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a no cancelar el encuentro global. Andrónico Luksic incluso llamó personalmente a Piñera unos días antes para convencerlo de seguir adelante con las cumbres, al menos con la APEC.

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a revuelta, las semanas de octubre que estremecieron Chile (Planeta), de Laura Landaeta y Víctor Herrero.

Sin embargo, la presión para cancelar era mayor. El día anterior, el presidente de Rusia Vladimir Putin había anunciado que, dadas las circunstancias que vivía Chile, no acudiría al foro. Desde Washington nunca confirmaron la presencia de Trump. Además, en Chile ya se encontraban hace algunos días las avanzadas de los equipos de seguridad de varios gobernantes del mundo, y sus reportes eran lapidarios: en Santiago de Chile no se podía ni debía albergar un evento global de esa naturaleza. Algunos de estos informes incluso alertaban del peligro de la realización de la cumbre, pues podría atraer a Chile movimientos antiglobalización más radicalizados, empeorando aun más el escenario de protestas.

Y los informes locales, principalmente elaborados por Carabineros, llegaban a una conclusión similar: el país no estaba en condiciones de ofrecer el nivel de seguridad que exigía un evento mundial de esa envergadura.

Tras el anuncio que sepultó sus ambiciones internacionales, Sebastián Piñera desapareció de la luz pública por casi una semana.

* * *

El estado de salud mental del presidente continuaba frágil después del colapso que había sufrido el sábado anterior. La presión le estaba pasando la cuenta. Piñera llevaba casi dos semanas durmiendo no más de dos horas diarias y, a veces incluso pasaba de largo, pese a que le habían recetado medicamentos para dormir y controlar la ansiedad.

Estaba exhausto, alterado y, según confidenciaron varios de sus asesores, paranoico. En los días anteriores había cambiado su rutina de trabajo. Dejaba el palacio presidencial alrededor de las tres o cuatro de la tarde para seguir trabajando en su residencia en Las Condes. Y solo retornaba a La Moneda pasadas las nueve de la noche 
si necesitaba hacer anuncios al país o asistir a reuniones con los militares o su equipo político. Evidentemente evitaba estar en La Moneda durante las horas en que, todos los días, se producían las enormes manifestaciones. “Le preocupaba que todo fuese más seguro, se redobló la seguridad interna del palacio, porque muchas veces las manifestaciones eran tan fuertes y descontroladas que les preocupaba a él y los demás asesores que pudiese pasar algo más grave”, recordó un funcionario del establecimiento.

Trasladar su trabajo a San Damián “fue un poco por seguridad y un poco también en busca de privacidad”, afirmó 
un miembro de la ANI que estuvo al tanto de los planes de resguardo presidencial en esas semanas. “Hizo cambiar la ruta hasta su casa, se redirigieron cámaras en sus viajes entre un lugar y otro para no dejar nada al azar”, confidenció.

Y cuando estaba en La Moneda no era el mismo hombre que sus asesores conocían: “No quería gente extraña circulando por los pasillos del segundo piso. Temía que algo malo le pasara. Si veía una puerta abrirse mientras caminaba se inquietaba”, recordó un funcionario que trabajaba en el palacio. “Andaba saltón, miedoso, le comenzó a invadir una profunda sensación de paranoia”.

La creciente aprensión del presidente lo llevó incluso a hacer planes para acondicionar una habitación de La Moneda como búnker. Era para refugiarse en caso de que el palacio presidencial fuese sobrepasado por los manifestantes.

Este creciente miedo del mandatario se estribó en dos cosas. Por un lado, estaba cada vez más convencido de que en el estallido había o estaba operando “una mano negra”. ¿De qué otra manera, se preguntaba, se podía explicar todo lo que estaba sucediendo? No era el único en las altas esferas del poder que sospechaba de agentes extranjeros, en especial de regímenes de la región que no le perdonaban haber sido uno de los líderes que buscó a inicios de ese año derrotar a Nicolás Maduro en Venezuela. El exministro Chadwick pensaba lo mismo y así se lo hacía saber en privado a sus amistades entre el gran empresariado. También en algunos círculos de Inteligencia y de seguridad se estaba trabajando con esa hipótesis.

“Al presidente no le gustaban las teorías conspirativas, pero sabía que su apoyo irrestricto a Juan Guaidó [presidente 
encargado de Venezuela] había calado hondo en el Gobierno de Caracas. También ocurrieron algunos hechos complejos de seguridad nacional y finalmente tuvimos permiso para seguir adelante con la operación”, afirmó unos meses después un alto funcionario policial que participó en la elaboración de informes de Inteligencia. “En esencia, buscábamos encontrar nexos entre el comunismo internacional y lo que se estaba gestando en Chile”, aseguró esta persona.

La Moneda había logrado con éxito instalar en El Mercurio y La Tercera los primeros informes de Inteligencia que hablaban acerca de agentes cubanos y venezolanos que habrían participado en algunos incendios de la red del metro. Estos, a su vez, habían sido amplificados en los matinales. Sin embargo, nunca —hasta el día de hoy— hubo evidencia concreta de la participación de estos agentes extranjeros.

De lo que sí hubo evidencia fue de una masiva red de espionaje de Carabineros para hacerles seguimiento a líderes y organizaciones sociales chilenas durante los meses anteriores al estallido social. Los medios digitales Ciper e INTERFERENCIA comenzaron a revelar en estos días de octubre el alcance de lo que se conoció como 'PacoLeaks': miles de documentos de Inteligencia de la Policía que el grupo de hackers Anonymous había liberado. Las revelaciones dejaron en aprietos al Gobierno y Carabineros, por cuanto mostraban que su preocupación  principal eran estos adversarios internos, entre ellos el líder de Modatima, Rodrigo Mundaca, e incluso la vicerrectora de la Universidad de Chile, Faride Zerán.

Por otro lado, la creciente aprensión del presidente lo llevó incluso a hacer planes para acondicionar una habitación de La Moneda como búnker. Era para refugiarse en caso de que el palacio presidencial fuese sobrepasado por los manifestantes. Así lo aseguraron dos funcionarios de la casa de gobierno, aunque no está claro si este búnker finalmente llegó a acondicionarse. 

“Tenía temores de muerte e incluso temía que, en cualquier momento, los manifestantes llegaran a tomarse La Moneda, por eso el búnker”, aseguró un asesor ministerial.

Era mejor pasar a un segundo plano hasta que las propuestas de la agenda social comenzaran a cuajar. Para nadie era un misterio que cada vez que Piñera le hablaba al país se desataban ruidosos cacerolazos de protesta y se intensificaban las manifestaciones. En nada ayudaban algunos de sus dichos, unos inverosímiles, como los de la noche del 25, cuando dijo que aplaudía la histórica marcha en su contra o cuando dio a entender, unos días después en una entrevista a la BBC, que él también había estado en la calle en las manifestaciones.

Claramente, el gobernante necesitaba descansar, pero Piñera nunca fue un hombre de prestar atención a sus asesores. Los que finalmente lo convencieron ese miércoles 30 de tomarse un descanso fueron su ministro de Salud y amigo, Jaime Mañalich, y su psiquiatra, Ricardo Capponi. Además, el mandatario aceptó tomar de manera regular medicamentos antisicóticos y ansiolíticos.

Así, desde la tarde de ese miércoles 30 de octubre hasta la mañana del miércoles 5 de noviembre, Piñera desapareció casi por completo de escena después de haber dado casi todos los días algún discurso o gran anuncio.

El que tomó las riendas públicas del palacio fue el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel. El jueves 31 de octubre, Blumel se reunió con los presidentes de los partidos de la ex Concertación, de Revolución Democrática y del Partido Liberal. En la cita también participaron los nuevos ministros Ignacio Briones (Hacienda), María José Zaldívar (Trabajo) y Felipe Ward (Segpres). El principal tema de discusión fue la posibilidad de revisar la integración tributaria. Horas antes, Blumel también encabezó su primer comité político como titular de Interior.

Al día siguiente dirigió, junto al intendente Felipe Guevara, un “cabildo” con más de cuarenta alcaldes de la Región  Metropolitana, en el que se abordaron las prioridades de los ediles en salud, transporte, inequidad territorial y destrozos por actos de vandalismo.

Por su parte, el ministro Briones recibió en Teatinos 120 a los líderes de los principales gremios empresariales, así como a los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas. En la reunión, el titular de Hacienda recogió sus inquietudes y preocupaciones.

Ese mismo día viernes 1 de noviembre se realizó una nueva marcha masiva en Santiago y otras ciudades del país. Aunque menos masiva que “la gran marcha” de la semana anterior, más de quinientas mil personas se manifestaron en el centro de la capital. Aunque fue pacífica, esta vez las autoridades no salieron a felicitar a la población. Al contrario, en el gobierno —y en parte de la clase política tradicional— se estaba imponiendo la idea de que el tiempo de las marchas ya había pasado, y que ahora era el turno de las autoridades de ofrecer medidas.

Con la clara intención de desmovilizar a la ciudadanía, el nuevo intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara (RN) aseguró en la tarde que se habían reunido unas ocho mil personas en Plaza Dignidad. Carabineros calculó la asistencia en treinta y cinco mil. Las imágenes aéreas mostraban otra realidad y varios expertos cifraron en unos quinientos mil a los manifestantes.

Mientras Piñera se recuperaba en Las Condes, sus ministros salieron a dar entrevistas a diarios, radios y televisión para marcar y copar la agenda política. En la edición del sábado 2 de noviembre, el nuevo titular de la Segpres, Felipe Ward, apareció en una amplia entrevista en El Mercurio en la que se refirió a los desafíos de la agenda legislativa del Gobierno. El domingo 3, en el mismo diario, fue el turno de largas entrevistas a los ministros Gonzalo Blumel y al nuevo secretario de Economía, Lucas Palacios. Blumel aseguró que su principal tarea al mando del gabinete sería mantener los puentes de diálogo con la oposición, restaurar el orden público, impulsar la agenda social y promover vínculos con la sociedad civil. Es decir, continuar con la agenda delineada por Piñera y su anterior gabinete.

Claramente, el gobernante necesitaba descansar, pero Piñera nunca fue un hombre de prestar atención a sus asesores. Los que finalmente lo convencieron ese miércoles 30 de tomarse un descanso fueron su ministro de Salud y amigo, Jaime Mañalich, y su psiquiatra, Ricardo Capponi. Además, el mandatario aceptó tomar de manera regular medicamentos antisicóticos y ansiolíticos.

En su turno, Lucas Palacios enfatizó al diario que haría todos los esfuerzos para que la economía se pusiera de pie y que su foco estaría en la reactivación de las pymes. Ese mismo domingo 3, el ministro Ignacio Briones se reunió en sus oficinas con un grupo de economistas para recibir sus inquietudes y preocupaciones. En la instancia, el jefe de las finanzas fiscales señaló que preveía un Imacec de octubre cero o negativo debido a las protestas y recortó la proyección de crecimiento para 2019 a 2,2%.

Finalmente, hay certeza de que el lunes 4 de noviembre Piñera estuvo en La Moneda. Una fotografía de El Mercurio en su edición del día siguiente lo mostraba ingresando al palacio. Pero no tuvo ninguna aparición pública importante durante esa jornada.

El mandatario ni siquiera salió a hablar después de una violenta manifestación ese día en Plaza Dignidad en la que dos carabineras de Fuerzas Especiales resultaron con quemaduras graves tras estallarles una bomba molotov. Las imágenes se transmitieron en todos los noticieros de la televisión y circularon profusamente en las redes sociales. Tras visitar a las heridas en el hospital institucional de Carabineros, el ministro Blumel calificó el hecho como “una agresión salvaje, brutal”.

Piñera seguía en las sombras. Pero ni siquiera se sentía seguro en su propia residencia.

El domingo 3 de noviembre miles de ciclistas, convocados por más de diez agrupaciones, habían llegado hasta el exclusivo y tranquilo barrio residencial de San Damián para protestar en contra suya. Estuvieron media hora entonando consignas e insultos a pocos metros de las rejas de la propiedad del presidente. Sin incidentes, después retornaron por distintas avenidas hasta el poniente.

Nunca estuvo claro si la familia presidencial se encontraba ese domingo en su casa. Pero el hecho de que los ciclistas —se calcularon al menos tres mil— lograran con tanta facilidad llegar casi hasta la entrada de la residencia del matrimonio Piñera Morel generó una crisis de seguridad y, según comentaron varios cercanos, no ayudó a calmar sus temores y miedos. 

Una de las primeras medidas fue aumentar la seguridad en el barrio, que hasta entonces estaba custodiado por algunos guardias civiles que hacían turnos en una caseta, y los escoltas presidenciales, que colocaban sus vehículos en las dos entradas opuestas de la propiedad del presidente. Ahora se cerró un perímetro más grande a su alrededor. Las mujeres del servicio doméstico, que solían hacer las compras en un supermercado cercano en la avenida Las Condes, ya no saldrían, y esa labor recayó en los escoltas presidenciales. “Hace semanas que no las vemos”, aseguró a fines de noviembre de 2019 uno de los choferes de taxi que a veces las llevaba con las compras hasta la casa del mandatario.

“Se comenzaron a usar funcionarios de civil infiltrados en los negocios del barrio, en el supermercado e incluso en la clínica Las Condes”, recordó el funcionario de la ANI. “No se dejó nada al azar, porque el presidente tenía mucho miedo”.

Antes, el mandatario solía trotar en las mañanas por el barrio o visitar las tardes de fines de semana a algunos de sus vecinos, como Carlos Eugenio Lavín, del Grupo Penta, y Andrés Correa Peró, un heredero cuya esposa e hija trabajaron en el Departamento de Repostería y Casino General de la Presidencia durante el primer gobierno de Piñera. El yerno de Correa Peró, Ezequiel Camus Ibáñez, era y es gerente de Clientes Institucionales de Moneda Asset Managment, una de las firmas que administra el fideicomiso de la familia Piñera Morel.

“Acá era frecuente verlo visitar a Andrés Correa Peró; salía de su casa, que queda acá a la vuelta, y venía caminando. Tomaban unos tragos los fines de semana y se reunían bastante, son bien amigos”, comentó uno de los guardias que solía trabajar en el barrio San Damián. “Pero desde que quedó la embarrada casi no viene y, el otro día, salió en auto con todos sus escoltas y carabineros de civil en la calle para venir de visita. Y no son más de cien metros entre una casa y la otra. Nos llamó la atención que anduviese tan sobreprotegido, él no era así”, aseguró el guardia en una conversación sostenida a fines de 2019.

“Se comenzaron a usar funcionarios de civil infiltrados en los negocios del barrio, en el supermercado e incluso en la clínica Las Condes”, recordó el funcionario de la ANI. “No se dejó nada al azar, porque el presidente tenía mucho miedo”.

Un importante militante de Renovación Nacional recordó que la ausencia de Piñera esos días, que no había sido comunicada a los partidos oficialistas, causó preocupación en las filas. “Recuerdo que un día me encontré con su tío Herman (Chadwick) en un evento y le pregunté: ‘¿Cómo está tu pariente?’ Y este me dijo: ‘Nos tiene preocupados a todos. Está mal’”.

* * *

Aún medicado, Piñera decidió volver a sus plenas funciones el miércoles 6 de noviembre. Pero las noticias que recibió en La Moneda no eran buenas: se había cancelado otro evento internacional que estaba en la agenda. El día anterior la Conmebol había decidido suspender la final de la Copa Libertadores, que se iba a disputar el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago. El encuentro entre River Plate y Flamengo, dos de los equipos más grandes del fútbol sudamericano, era la primera final que se jugaba en varias décadas en pastos chilenos.

Pero hubo otra peor. El mismo día de su reaparición, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella presentada en contra del presidente por su presunta responsabilidad civil en “las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos” ocurridos a partir del 18 de octubre. El libelo fue presentado por la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica.

Ese día, el mandatario hizo solo una aparición pública de mayor envergadura. Acompañado del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel; de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar; y del jefe de Hacienda, Ignacio Briones; Piñera firmó el proyecto de ley para un ingreso mínimo de trescientos cincuenta mil pesos mensuales. Era parte de la agenda social que había anunciado el 22 de octubre.

Sin embargo, el gobernante no pensaba desempeñar un papel pasivo y había preparado la artillería para el día siguiente.

El jueves en la mañana Piñera anunció una agenda de seguridad y orden público que aplicaba mano dura a las protestas. Acompañado del ministro Gonzalo Blumel y del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, Piñera anunció diez medidas que dejaban en claro que, ahora sí, les había declarado la guerra a los cientos de miles de ciudadanos que continuaban todos los días con las protestas. A partir de ahora, dijo Piñera, el Gobierno buscaría aprobar lo más rápido posible estas medidas:

1. Ley Antisaqueos, que buscaba una pena de hasta cinco años de cárcel para quien participe en saqueos. “Este proyecto ingresará hoy al Congreso y con urgencia suma”, enfatizó el mandatario.

2. Ley Antiencapuchados, a la que también le dio discusión inmediata en el Congreso. En su primer gobierno y en 
medio de las masivas protestas estudiantiles, su exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, trató de impulsar esta iniciativa, aunque sin éxito. Ahora Piñera se colgaba de una moción parlamentaria para revivir este proyecto que, en sus palabras, pretendía “sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quien lo cometa lo haga ocultando su rostro con el objeto de ocultar su identidad”. La moción había sido presentada unos días antes por los senadores Felipe Kast (Evópoli), Andrés Allamand (RN), Víctor Pérez (UDI), Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS).

Los momentos más tensos de la sesión se produjeron cuando Iván Flores y Jorge Bermúdez cuestionaron la necesidad de haber convocado el Cosena. El diputado Flores dijo que no compartía ni entendía por qué el presidente había convocado al organismo “para informarnos de cuestiones que ya se conocen”.

3. Ley Antibarricadas para establecer penas a “las conductas de desórdenes en la vía pública cuando, mediante barricadas u otros elementos similares, se entorpezca la libre circulación de personas y vehículos”.

4. Crear un equipo de abogados para apoyar a intendencias y gobernaciones en sus acciones legales por desórdenes públicos, actos de vandalismo, violencia y delincuencia. Este equipo, dijo Piñera, estaría apoyado por abogados del ministerio del Interior.

5. Crear un equipo especial compuesto por miembros del Ministerio Público, Carabineros y la PDI para investigar saqueos, destrucción y vandalismo. El foco, anunció, será “el trabajo de inteligencia policial preventiva e investigativa”.

6. Aumento de la vigilancia aérea de Carabineros y la PDI, además de aumentar la dotación de drones de la Intendencia Metropolitana de siete a diecisiete.

7. Establecer un canal de denuncias ciudadanas a través de la PDI y de Carabineros para denunciar delitos que se hayan cometido a partir del 18 de octubre.

8. Ley para aumentar las penas contra quienes agredan e insulten a efectivos de Carabineros, PDI y Gendarmería.

9. Poner urgencia al proyecto de ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado y que “fortalece las facultades de las policías y de la Agencia Nacional de Inteligencia”.

10. Modernización de las policías.

Y para recalcar que había vuelto decidido a ponerle fin a las protestas, sacó un as bajo la manga: convocó para esa misma tarde al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para analizar la situación en el país.

En el Cosena, creado con la Constitución de 1980, participan las máximas autoridades de las instituciones del Estado  (Presidencia, Senado, Cámara de Diputados, Corte Suprema y Contraloría), además de los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden. En casi quince años nadie lo había invocado, con excepción del año 2014, cuando el propio Piñera, en su primer gobierno, realizó un Cosena poco antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo con Perú.

Convocarlo ahora tenía aires a los años noventa, cuando se realizaron catorce sesiones del ente, principalmente por la tensa relación cívico-militar.

Al igual que en instancias anteriores, el acta del consejo fue confidencial. Sin embargo, los tiempos ya no estaban para jugar a secretos entre los grandes poderes del Estado, y menos si en estos participaban los militares. Dos semanas después, el propio Ejecutivo dio a conocer las actas. En esencia, mostraban dos cosas: la primera fue que varios participantes cuestionaron la naturaleza y necesidad del encuentro. La segunda, que Carabineros estaba completamente sobrepasado con la situación en las calles.

El consejo se realizó en dependencias del palacio presidencial y sesionó entre las 19:10 horas y las 20:50 horas de ese jueves. Los once participantes eran hombres: Sebastián Piñera (presidente de la república), Haroldo Brito (presidente de la Corte Suprema), Jorge Bermúdez (contralor general), Jaime Quintana (presidente del Senado), Iván Flores (presidente de la Cámara de Diputados), Ricardo Martínez (comandante en jefe del Ejército), Julio Leiva (comandante en jefe de la Armada), Arturo Merino (comandante en jefe de la Fuerza Aérea), Mario Rozas (general director de Carabineros), y los ministros Gonzalo Blumel (Interior y Seguridad Pública) y Alberto Espina (Defensa).

La única mujer que participó fue Fernanda Garcés, jefa de la división jurídico-legislativa de la Segpres, en calidad de asistente de actas. 

En su exposición inicial, Piñera se dedicó a defender y explicar las decisiones que había tomado hasta ese momento, como aplicar la Ley de Seguridad del Estado a manifestantes violentos y haber decretado estado de emergencia en gran parte del país. También les explicó a los jefes institucionales qué lo motivó en la mañana a anunciar medidas tan drásticas como no se habían visto desde la época de la dictadura. “Los hechos de violencia y vandalismo que hemos observado en estos días han producido un grave daño al país y a los ciudadanos, con un grave impacto en la confianza ciudadana y la capacidad de crecimiento de la economía, frente a lo cual el gobierno ha propuesto una agenda de seguridad ciudadana”, constaba en el acta.

Sin embargo, esta vez los presidentes del Senado, la Cámara y la Corte Suprema no pensaban cumplir un papel decorativo. La reunión del domingo 20 de octubre les había dejado un sabor amargo: se sintieron utilizados por Piñera, que, unas horas después, terminó anunciando al país que estamos en guerra. “Fueron usados para la foto”, se quejaban muchos legisladores de su propio sector, y en privado varios ministros del máximo tribunal.

Para aquellos que seguían protestando en las calles, esta opinión del presidente y su ministro de Defensa podía darles un buen argumento sobre algo que se escuchaba a diario en las calles: Piñera dictador.

De manera seca, Quintana pidió que el Gobierno autorizara la visita de una misión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para verificar en terreno los excesos policiales. Y, dijo, había llegado la hora de “abrir los canales de participación para la aprobación de una nueva constitución”.

Haroldo Brito afirmó que la nueva agenda de seguridad de La Moneda tenía un prerrequisito. “Una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan”, dijo ante la mirada de los uniformados. “Como Poder Judicial nos hemos preocupado de que los jueces vayan a las comisarías en búsqueda de información, para que las personas no tengan la incertidumbre de cómo están sus familiares. Esta es una condición básica para restablecer el orden y la mejor convivencia”, afirmó el presidente de la Corte Suprema.

El jefe de la Policía, general Mario Rozas, no se inmutó y aseguró que “Carabineros son los primeros en promover el 
respeto de los derechos humanos [...] tiene una relación estrecha con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la que se ha ido consolidando”. Sin embargo, los demás presentes tenían que tomar en cuenta lo que estaba enfrentando su institución. 

“Estamos viviendo una situación sin precedentes, con más de tres mil quinientos eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad, más de mil ciento ochenta carabineros lesionados, de los cuales doscientos sufrieron lesiones graves; más de seiscientos vehículos de la institución han resultado dañados, así como también cuarteles”, expuso y agregó: “Unos 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse y hay más de once mil detenidos”. Y sincerando la situación, enfatizó: “Cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada”.

Los momentos más tensos de la sesión se produjeron cuando Iván Flores y Jorge Bermúdez cuestionaron la necesidad de haber convocado el Cosena. El diputado Flores dijo que no compartía ni entendía por qué el presidente había convocado al organismo “para informarnos de cuestiones que ya se conocen”.

El contralor, en tanto, aseguró que “se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra república, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar”. En su opinión, “no estamos frente a un problema de seguridad nacional, aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones”.

Alberto Espina respondió a las críticas por la convocatoria recordando que su modelo fue aprobado en 2005, “durante el gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso”. Y acto seguido sostuvo algo que dejó perplejo al contralor. 

“La definición moderna de seguridad nacional dice relación con una alteración al normal desenvolvimiento del país, es decir, una alteración a la seguridad, por lo que citar este consejo fue una decisión correcta”.

“Perdón que insista en esto”, dijo Bermúdez. “¿Se entiende entonces que el orden público está incorporado en el concepto de seguridad nacional?”.

Las implicancias de la pregunta no eran un asunto banal, ya que, de ser así, se volvía a la noción de la seguridad interior del Estado, la que había dado la justificación doctrinaria a los militares en los años sesenta y setenta para reprimir a las fuerzas de izquierda como “enemigos internos” en toda América Latina.

Piñera decidió responderle al contralor. Tras asegurar que él había jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, insistió en que “estamos ante una ola de violencia y destrucción como nunca antes [y que] el concepto moderno de seguridad nacional efectivamente dice relación con aquello que impide el normal desenvolvimiento del Estado y el normal funcionamiento de la sociedad”.

Algunas fuentes aseguraban que el presidente incluso le pedía a su edecán que probara los alimentos antes de ingerirlos él. Ahí fue cuando algunos le pusieron el sobrenombre de emperador a Piñera. No por su poder, sino por su temor —irracional— a morir envenenado

Para aquellos que seguían protestando en las calles, esta opinión del presidente y su ministro de Defensa podía darles un buen argumento sobre algo que se escuchaba a diario en las calles: Piñera dictador.

Aunque la sesión del Cosena no produjo el espaldarazo que deseaba, ni obtuvo un apoyo más cerrado a su estrategia de mano dura, el mandatario sentía que estaba de vuelta en gloria y majestad. Su agenda de seguridad fue aplaudida por la prensa, alabada en muchos programas de TV y respaldada por la clase política tradicional. Y no solo por ella. En las próximas semanas y meses una parte importante de la oposición, incluyendo sectores del izquierdista Frente Amplio, aprobarían la mayoría de estas leyes que reprimían las protestas.

Con todo, el gobernante aún no lograba sacudirse de sus temores y sensación de persecución. En los días siguientes, a muchos funcionarios del palacio les llamó la atención que se habían producido cambios en el personal y las rutinas de los encargados de la cocina presidencial.

Algunas fuentes aseguraban que el presidente incluso le pedía a su edecán que probara los alimentos antes de ingerirlos él. Ahí fue cuando algunos le pusieron el sobrenombre de emperador a Piñera. No por su poder, sino por su temor —irracional— a morir envenenado.

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