Este martes, tras una fuerte caída en los índices económicos, con el dólar al alza y la calle aún movilizada, el gobierno lanzó una nueva ronda de medidas dentro de su agenda de recuperación económica. El momento es especialmente delicado y el anuncio se da un día después de que las encuestas hayan entregado las cifras más bajas de aprobación que ha obtenido un presidente desde el retorno a la democracia. 

Bajo este escenario y con el margen más que estrecho, el presidente Sebastián Piñera recurrió al aporte directo y anunció que ingresará al Congreso un proyecto de ley que busca entregar, “lo antes posible”, un bono de 50 mil pesos por hijo a las familias más vulnerables. Todo esto, de la mano de un plan de reactivación que contempla la inyección de US$5.500 millones destinados a las pequeñas y medianas empresas. 

En la misma línea y con la intención de desbloquear uno de los movimientos que ha incomodado al gobierno con el bloqueo de las carreteras, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, firmó durante la tarde un protocolo de acuerdo con las autopistas concesionadas y agrupaciones de usuarios que contempla la condonación del 80% de las deudas asociadas al cobro del TAG a las personas que paguen el 20% del total en un plazo de 2 años. Es así como la condonación de la deuda del TAG sería la única demanda social de las protestas que habría sido acogida por el gobierno.

De esta forma, el gobierno suma nuevas iniciativas dentro de una agenda social que cobra especial importancia dentro del contexto político y económico que hoy afecta a la mayor parte de las familias, que comienzan a vivir con angustia los efectos de la desaceleración y que hasta el momento no han logrado reunir esperanzas con los paquetes que de a goteo el oficialismo ha ido soltando frente a la presión social. 

En INTERFERENCIA revisamos todos los anuncios presidenciales que han realizado en torno a la “agenda social” y desmenuzamos las medidas que apuntan a las demandas más sentidas por la población: pensiones, salud, salarios, transporte y servicios básicos.

Sin tocar el modelo, sin cambios en la agenda tributaria, ni en el sistema de pensiones, el gobierno fuerza un discurso de grandes medidas que no logra prender en la ciudadanía, en un país donde la mitad de los trabajadores ganan menos de 400 mil pesos. 

Pensiones

El 21 de noviembre, Sebastián Piñera junto a Cecilia Morel asistieron a una actividad de la fundación Las Rosas. Luego, el presidente anunció nuevas medidas de su agenda social respecto a pensiones a la tercera edad. Sus palabras fueron recibidas gratamente por Morel quien dijo “es un gran alivio, una gran ayuda, un acto de justicia con nuestros adultos mayores”. 

Entre esas medidas, se anunció el compromiso de rebajar la tarifa del transporte en un 50% para los pensionados mayores de 65 años. Además agregaron que las pensiones aumentarán en un 50% de manera gradual y que los más beneficiados serían los mayores de 80 años, quienes lograrían recibir el aumento entre el 2021 y 2022. Esto ya se había anunciado el pasado 23 de octubre. 

Durante este lunes 3 de diciembre, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del aumento gradual en las pensiones, con la indicación de que el 50% de aumento no sea solo para los mayores de 80 años. Sin embargo, este pasado martes la Cámara de Diputados aprobó la gradualidad del aumento con 78 votos a favor y 71 en contra. Mientras que el proyecto fue aprobado en general con 143 votos a favor y 1 en contra de Joaquín Lavín León.

De esta forma, la gradualidad de la aplicación del aumento de las pensiones y los topes de edad, hacen que sean pocos los beneficiados. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida en Chile es de 79,5 años, lo que quiere decir, que en Chile son más las personas bajo esta edad que las que la superan. Esto genera un ahorro en el gasto estatal al aplicar los aumentos de pensiones por tramos de edad.

Por otra parte, el aumento de 20% de la pensión básica solidaria sería equivalente a alrededor de 20.000 pesos, lo que sumaría una pensión de 120.000 pesos aprox. Así también, un aumento del 50% de la pensión básica, equivaldría a que los adultos mayores recibieran una pensión de 150.000 pesos. 

El mismo 21 de noviembre, el presidente también anunció su compromiso de rebajar la tarifa del transporte en un 50% para los pensionados mayores de 65 años.

Alza de la luz, transporte e impuestos

Entre las alzas en servicios básicos que se habían realizado este año estaba el de la luz. En mayo las cuentas de luz aumentaron en un 10,5% promedio y en un 12,3% en la Región Metropolitana. Meses después, a fines de septiembre la Comisión Nacional de Energía ya había anunciado la segunda alza promedio de 9,2% que se concretó a comienzos de octubre.

A pocos días de iniciadas las protestas, el 22 de octubre Piñera anunció la voluntad de congelar la última alza. “Vamos a implementar un mecanismo de estabilización del precio de la cuenta de las luz, de forma de poder anular el aumento que por Ley se produjo de un 9,2%, con lo que este aumento no se va a producir y las tarifas eléctricas van a volver al nivel que tenían durante el primer semestre”. 

Ese mismo 22 de octubre, día en que el Presidente pidió perdón por la “falta de visión en inequidad y abuso”, además anunció el aumento en los impuestos a las rentas superiores a 8 millones mensuales. Esta creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de un 40% aumentará la recaudación tributaria en 160 millones de dólares, según el gobierno.

El director ejecutivo de Espacio Público planteó a El Mostrador que esta medida puede incentivar la evasión tributaria puesto que “aquí estamos gravando a los empleados de más alta renta pero no a los dueños”. Esto debido a que quienes reciben una renta superior a los 8 millones es “gente que puede contratar abogados y servicios de planificación tributaria es bien probable que empiecen a recibir parte de su remuneración como si fuesen socios pasivos o en base a sociedades”, dijo a El Mostrador.

Salud y Medicamentos

La salud pública de calidad ha sido una de las exigencias más repetidas en las marchas desde que comenzó el llamado “estallido social”. Una señal que quiso dar el gobierno sobre posibles cambios al respecto fue el cambio de gabinete, que trajo nuevamente a la cartera de salud a Jaime Mañalich, el 28 de octubre pasado. Sin embargo, las medidas anunciadas en la agenda social son más bien anexas a un sistema de salud que sigue intacto.

El gobierno anunció urgencia al proyecto de ley que crearía un seguro de enfermedades catastróficas, proyecto que fue aprobado en la Cámara el 29 de octubre, pero que habían ingresado al Congreso en mayo de este año, es decir, antes del estallido social. Este funciona cuando el gasto por enfermedad supera el 40% del ingreso del grupo familiar, por lo que no cubre gastos de medicamentos o tratamientos que no superen esa cifra.

Sobre el aumento del aporte per cápita en el sector de salud primario, se acordó aumentar los fondos per cápita de la Atención Primaria de Salud (APS), el dinero que el Estado le entrega a los consultorios municipales, de $ 6.722 a $7.200. Según el gobierno, esto implica un crecimiento real de 11% respecto del valor 2019. Expertos recomiendan que este fondo per cápita sea de 10 mil pesos, muy lejos aún de la cifra propuesta.

En tanto, la OMS recomienda que la inversión estatal en salud sea de un 6% del PIB. Con el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, la inversión para el 2020 sería de 4,9% del PIB, muy lejos de las metas mundiales.

Las otras medidas anunciadas son un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias chilenas; y, la ampliación del convenio del Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos,que incluye convenios con las principales cadenas de farmacias, cuestionadas por la Fiscalía Nacional Económica por la colusión en precios de medicamentos.

Salarios 

A cinco días del estallido, una de las cartas que se jugó el presidente fue la creación de un Ingreso Mínimo Garantizado de $350 mil mensuales, para todos los trabajadores con jornada completa que reciben un salario inferior a esta cifra.  

Lejos del impacto esperado, la medida fue criticada por las manifestaciones y a dos días de hacerse pública se desarrolló la marcha más grande desde la vuelta a la democracia, cifrada por el oficialismo en un millón doscientas personas. 

En el actual contexto este ingreso no satisface a la ciudadanía pensando en que el sueldo mínimo está en $301.000 y que en la práctica, de acuerdo a las cifras entregadas por el INE, el 50% de los trabajadores del país recibe un sueldo por debajo de los 400 mil pesos, que si se cruza con la línea de la pobreza, fijada en $430.763 para una familia promedio de 4 personas, muestra que incluso con el proyecto del gobierno, la mitad de los asalariados del país no podrían sacar a su grupo familiar de la pobreza.

Desde la oposición, distintos sectores se manifestaron en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo, argumentando que el aumento de $49 mil estaría contemplado solo para quienes reciben un sueldo bruto entre los $301.000 y los $350.000 y que además, al aplicarle los descuentos respectivos a los ítems de previsión y salud, el sueldo líquido que recibirían los trabajadores sería de $289.800.

En respuesta al proyecto ingresado por el ejecutivo, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se aprobó el miércoles pasado una indicación al proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado que impulsa el gobierno que fijaría en $550 el sueldo mínimo bruto, es decir, $200 mil más de lo que originalmente prometió el Ejecutivo, cuestión que ven de forma negativa al interior del oficialismo. 

Estas cifras reflejan la realidad negativa de los salarios en Chile. En un escenario en el que el desempleo alcanzó un 7% en el trimestre que va entre agosto y octubre, con una tasa de ocupación informal del 29%, se vuelve más preocupante las estimaciones de que  empeoren las condiciones económicas debido a las protestas que se desarrollaron durante todo el mes de noviembre. En esta misma línea, se prevé que en noviembre el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) podría tener una caída superior a la del 3,4% que anotó en octubre.

Frente a los cuestionamientos, el ejecutivo ayer anunció la creación de un bono de 50 mil pesos por carga familiar destinado a los grupos que son parte del programa Chile Solidario y que reciben asignación familiar, junto al subsidio familiar, franja que representa un 25,3% de los hogares del país.

Pensando además en que a principios de octubre el Banco Central publicó que el endeudamiento en los hogares chilenos alcanzó un 74% de su ingreso disponible anual, las medidas anunciadas por el ejecutivo no logran mitigar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una gran parte de las familias.