Ayer, 44 convencionales integrantes de la bancada eco-constituyentes realizaron una declaración en repudio a las acciones de ciberespionaje realizada por la empresa energética AES Andes, controladora del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, a organizaciones medioambientalistas y a trabajadores de la propia empresa, situación que fue informada por este medio.

El reportaje de INTERFERENCIA reveló que la empresa desembolsó unos 3 millones de pesos mensuales durante seis meses a externos para que levantaran información de la web, accediendo también a contenidos de la Deep y Dark web. Los informes a los cuales tuvo acceso el medio, indican que AES Andes –ex AES Gener– obtuvo fichas con datos personales de trabajadores de la propia empresa que serían simpatizantes de organizaciones medioambientales como la Coordinadora No Alto Maipo, Red Metropolitana No Alto Maipo o del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). También, son entregados datos sensibles de miembros de dichas organizaciones como números telefónicos y direcciones particulares, además de asegurarse que los chats en que se comunican estarían infiltrados por la empresa.

En ese contexto, el grupo de convencionales emitió una declaración donde indican que los hechos denunciados son gravísimos, especialmente considerando el alto repudio de los territorios que ha recibido el proyecto Alto Maipo, que busca explotar la cordillera de los Andes y utilizar las mismas fuentes de agua que abastecen a la Región Metropolitana para la producción de energía hidroeléctrica. 

“Pretenden neutralizar la acción comunitaria imprescindible en toda democracia, promoviendo la vulneración de derechos en medio de un silencio cómplice de las autoridades”, dice la declaración. También menciona que los hechos traen el recuerdo de la muerte de la activista mapuche Macarena Valdés, quien en 2016 fue encontrada sin vida en su domicilio. Las condiciones de su muerte aún son investigadas bajo la sospecha de que fue asesinada y que los hechos fueron simulados como un suicidio. Esto por su activa participación contra el proyecto hidroeléctrico Tranquil de la empresa australiana SN Power. (Revise acá la declaración completa). 

En ese sentido, la declaración de los convencionales dice que “estos hechos ponen de manifiesto la necesidad urgente de asegurar la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos, de la tierra, las aguas, y la naturaleza, en la Nueva Constitución”.

En conversación con este medio, la convencional independiente e integrante de eco-consituyentes que firmó la declaración, Constanza San Juan, indicó que el las intervenciones telefónicas, el acoso, matonaje, amenazas y asesinatos a defensoras de los territorios es una realidad que ha existido durante años en toda la región de Latinoamérica pero que ha ido en aumento en los últimos años. 

La convencional tiene una trayectoria de más de 15 años en la defensa de los territorios luego de que integrara el exitoso movimiento contra el proyecto minero de Pascua Lama, impulsado por la canadiense Barrick Gold, que buscaba asentarse en la zona del Valle del Huasco con una inversión superior a los US$3 mil millones. La empresa pretendía instalar una mina de oro a cielo abierto en la cordillera, lo que habría dañado glaciares, contaminado las aguas, perjudicado la actividad agrícola de la zona y el patrimonio ancestral de comunidades diaguitas de la Región de Atacama.

En su transitar como activista, San Juan recuerda cómo en 2005 en el Valle del Huasco se le soltaron las ruedas a vehículos y buses que llevaban a menores de edad y personas de la tercera edad a una marcha contra la minera Barrick Gold. Además, menciona que las intervenciones telefónicas, las amenazas por redes sociales o los seguimientos son situaciones comunes en estas organizaciones. 

“Esto es gravísimo, porque atenta contra los derechos fundamentales de todas y de todos. Primero, de poder dar nuestra opinión. Segundo, de poder defender los derechos y garantías constitucionales, que son el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente libre y sano de contaminación y el derecho a la salud”, expuso la convencional San Juan.

En ese sentido, la declaración de los convencionales apunta que “estos hechos ponen de manifiesto la necesidad urgente de asegurar la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos, de la tierra, las aguas, y la naturaleza, en la Nueva Constitución”. 

Según declaran los 44 convencionales, los hechos de ciberespionaje y violencia contra los defensores de la tierra ocurren por el modelo neoliberal instaurado por los Chicago Boys durante la dictadura militar. “En el centro de las decisiones país está la rentabilidad por sobre la vida, eso nos estalló en la cara en el 2019, y nos seguirá estallando sino frenamos los abusos sistemáticos de los grandes grupos económicos que profitan del modelo extractivista “normalizado” por la Constitución del 80”, puntualiza el comunicado. 

“Esto es gravísimo, porque atenta contra los derechos fundamentales de todas y de todos. Primero, de poder dar nuestra opinión. Segundo, de poder defender los derechos y garantías constitucionales, que son el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente libre y sano de contaminación y el derecho a la salud”, expuso la convencional San Juan.

La carta finaliza exigiendo la renuncia del CEO de AES Andes, Ricardo Falú, y que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ampare, acompañe y oriente a quienes resultaron vulnerados por el ciberespionaje de la empresa. 

En esa línea, la convencional San Juan hace el llamado a no olvidar que si bien AES Andes es una transnacional ahora, en su momento el grupo Luksic fue el principal accionista del proyecto Alto Maipo. El magnate nacional es el mismo financista de Minera Los Pelambres “donde también está el caso del periodista que fue amenazado por estar haciendo un trabajo de investigación al respecto”, indicó San Juan. 

Acoso a activistas medioambientales preocupa a la comunidad internacional

Entre las declaraciones de repudio y de preocupación por los hechos de ciberespionaje llevado adelante por AES Andes, se encuentra la ONG irlandesa Front Line Defenders, que el miércoles emitió un comunicado indicando que “es alarmante que los métodos utilizados para elaborar el informe traten de legitimar la práctica de vigilancia, seguimiento e infiltración de los movimientos sociales por parte de empresas privadas”. 

Agregan que han seguido con preocupación el aumento de ataques, amenazas de muerte e intimidaciones contra los defensores de los derechos medioambientales y los derechos de los pueblos indígenas, denuncias registradas por la organización durante el primer semestre de 2021. Indican que esto va de la mano con la criminalización de la organización por la defensa de los territorios, lo que contribuye a la estigmatización de quienes trabajan como defensores, exponiéndolos a un riesgo aún mayor. 

“Front Line Defenders expresa gran preocupación por los objetivos del informe de inteligencia y por los esfuerzos de la empresa por criminalizar y deslegitimar a las y los defensores ambientales y movimientos sociales que llevan años luchando por garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos en Chile".

“Front Line Defenders expresa gran preocupación por los objetivos del informe de inteligencia y por los esfuerzos de la empresa por criminalizar y deslegitimar a las y los defensores ambientales y movimientos sociales que llevan años luchando por garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos en Chile y por denunciar los impactos sociales y ambientales irreversibles que ha provocado el proyecto Alto Maipo”, indica el comunicado. 

La organización europea ya había manifestado su preocupación por la violencia sufrida por los defensores de derechos humanos en el contexto de la revuelta social de octubre de 2019. En la ocasión, Front Line Defenders incluyó al país en su informe anual donde alertó la preocupante situación de los defensores y activistas sociales en el país.