La minera Anglo American le comprometió financiamiento a la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera (APC) para hacer un parque en el sector de río Olivares, ubicado en el Fundo Río Colorado en la comuna de San José de Maipo, próximo –a nivel cordillerano– a Lo Barnechea, donde la multinacional opera su faena Los Bronces, que actualmente se encuentra en proceso de ampliación.

En este predio de 30.400 hectáreas, perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales y considerado como Bien Nacional Protegido, la APC ingresó una solicitud de concesión en octubre de 2019, pidiendo administrar el lote durante 30 años gratuitamente, con el objetivo de desarrollar lo que ellos definen como un “parque natural”, concepto que se encuentra fuera de toda categoría de conservación bajo estándares internacionales.

En este predio, también, Anglo American posee una serie de concesiones mineras, tanto de exploración como de explotación. La mayoría de éstas fueron constituidas entre los años 2009 y 2019.

La idea de parque de la APC corre de manera paralela a la que vienen planteando decenas de ONG’s medioambientales, que buscan declarar este sector y otra parte del mismo Fundo Río Colorado como Parque Nacional: el primero de la región Metropolitana.

Acorde a la solicitud de concesión ingresada por la APC ante Bienes Nacionales, que encabezó el ahora intendente metropolitano Felipe Guevara Stephens –cuando presidía el municipio de Lo Barnechea y era presidente de APC–, el proyecto cuenta con recursos de Anglo American por medio de un convenio de colaboración entre ambas partes.

La misma multinacional, en su Estudio de Impacto Ambiental ingresado en julio de 2019 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mencionó el trabajo que preparaba en conjunto con la APC “a través de una propuesta de iniciativas para la zona de montaña que permita la puesta en valor de los atributos ambientales, turísticos y recreacionales”.

En pocas palabras, antes de que la ciudadanía se enterara del ingreso de Los Bronces Integrado al SEIA, Anglo American ya venía haciendo coordinaciones con la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, que administra lugares como la Quebrada de Macul y está integrada –entre otras– por las comunas de Lo Barnechea y Colina, que deben pronunciarse, precisamente, ante una iniciativa de Anglo American como Los Bronces Integrado.

El fallido parque; la fallida concesión

El 19 de noviembre de 2010, la entonces ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot Donoso, por medio de su subsecretario Carlos Llancaqueo Mellado, firmó una resolución que declaró como Bien Nacional Protegido al lote de 30.400 hectáreas correspondiente al sector de río Olivares (ver documento).

Los motivos para darle este estatus al predio se pueden encontrar hoy en día en el sitio web del mismo ministerio: hay 1.360 hectáreas de glaciares, 104 hectáreas de bosque nativo, 6.018 hectáreas de pradera y matorral y 176 hectáreas de ríos como el Olivares, que luego de un recorrido por otros cauces llega hasta la cuenca del río Maipo.

Sin embargo, la definición de BNP no es parte de los estándares internacionales de resguardo del medio ambiente, definidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus sigla en inglés), una de las principales entidades a nivel mundial en este tipo de temas. Por esta y otras razones, en octubre de 2015, la presidenta Michelle Bachelet informó la creación de un Parque Nacional –dentro de los criterios de la IUCN– en el sector de río Olivares.

Este anuncio no prosperó. Acorde a distintas fuentes, tanto de ese gobierno como de organismos que siguieron de cerca el proceso, existió oposición dentro del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad –encargado de proponer al Presidente de la República la creación de áreas protegidas del Estado– por parte de la carteras de Minería y Hacienda.

Así y todo, el 14 de enero de 2015, el Seremi Metropolitano de Bienes Nacionales suscribió un contrato con la Fundación Sendero de Chile, encabezada por Sebastián Infante De Tezanos Pinto, para concesionar una parte de este lote en el río Olivares, correspondiente a 116,50 hectáreas y “seis áreas anexas que conjuntamente tienen una superficie de 96 hectáreas” (ver contrato).

La idea era que Sendero de Chile, creada en 2009 al alero de la entonces Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama, que después fue el Ministerio del Medio Ambiente), administrara la ruta hacia el Gran Salto, uno de los principales atractivos turísticos y el fin del treking en este predio. El periodo de concesión era por 20 años, pero no tuvo buena suerte, lo que llevó a la cancelación del contrato.

Según Infante, la iniciativa que tenían planeada se fue diluyendo con el arribo del primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, cuando los empezaron a dejar sin los recursos de base hablados desde un comienzo, que incluso habían sido acordados con el Ministerio de Hacienda. “Los dineros destinados al proyecto Sendero de Chile, fueron reasignados. Empezaron a aplicar el principio de los fondos concursables, pero lo que estaba destinado al programa Sendero de Chile propiamente tal, se fue desviando hacia otros tipos de iniciativas que impulsaba el Ministerio del Medio Ambiente”, dice.

Así, en mayo de este año fueron notificados que la concesión ya no seguía. “[Está] en proceso de término, de mutuo acuerdo, debido a la imposibilidad de cumplimiento de contrato”, afirman desde el Ministerio de Bienes Nacionales a INTERFERENCIA.

Antes de que le llegara esta notificación a Sendero de Chile, en octubre de 2019, la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera (APC) –que ya en 2013 había intentado hacerse de este predio– ingresó una solicitud de concesión ante Bienes Nacionales sobre las 30.400 hectáreas del sector río Olivares para hacer un ‘parque natural’. Pero había otro actor en todo este entramado: la minera Anglo American, que ya tenía un convenio acordado con APC donde comprometía financiamiento.

Anglo financia a la asociación de dos municipios incumbentes

El 1 de octubre de 2019 ingresó la solicitud de concesión de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera al Ministerio de Bienes Nacionales. Quien encabezaba la APC en ese tiempo era Felipe Guevara Stephens, entonces alcalde de Lo Barnechea, actual intendente metropolitano.

Allí se señaló que solicitaban las 30.400 hectáreas para realizar un plan de conservación por etapas, que comprendía, primero, un Master Plan “que será la herramienta de planificación y ordenación del territorio que oriente las estrategias de manejo y conservación aplicables dentro de esta área natural”; y segundo, el desarrollo de un “plan de uso público que permitirá el diseño y construcción de las instalaciones e infraestructura base estándar nacional e internacional, que permita la recepción y atención de visitantes para el desarrollo de actividades turísticas, recreativas, deportivas y culturales sustentables, al igual que el fortalecimiento de la ruta Andes centrales Río Olivares-Gran Salto, de manera de consolidar esta área natural”.

Lo que propone la APC a través de este proyecto es crear un “parque natural”, que al igual que el Bien Nacional Protegido (BNP), no se encuentra dentro de las categorías de conservación definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Para la etapa del Master Plan, la APC informó a Bienes Nacionales que se gastarían 2.500 UF ($71,6 millones), financiados mediante “capital propio”. Y para la siguiente etapa, la APC informó a Bienes Nacionales que se gastarían 22.500 UF  ($644,8 millones) a través de “aportes privados”, que se componen entre otros por el “convenio de colaboración Anglo American - APC” (ver solicitud).

Tres meses después, en enero de 2020, la asociación ingresó otra solicitud de concesión a Bienes Nacionales, esta vez por un predio ubicado en el sector El Alfalfal, también en la comuna de San José de Maipo, para administrar la ruta del Mirador de los Cóndores. En esta última petición, eso sí, no mencionaron el convenio con Anglo American (ver documento).

Todo este plan en conjunto con la APC se adelantó de cierta manera en el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental de Los Bronces Integrado –todavía en calificación– por parte de la multinacional con sede en Londres, presentado al SEIA el 19 de julio de 2019. En el apartado de “Compromisos Ambientales Voluntarios”, informaron de una "puesta en valor" de zonas montañosas, que "considera iniciativas para su planificación, conservación, infraestructura, seguridad, emergencias y educación ambiental”. Luego agregaron que esto se realizaría “ya sea a través de un convenio de cooperación o una alianza estratégica con la Asociación [APC] o de proyectos específicos con los propietarios u administradores correspondientes”.

De lo anterior se desprende que la minera ya estaba en conversaciones con la APC, compuesta por Lo Barnechea y Colina –ambas deben presentar observaciones a Los Bronces Integrado– incluso antes de que el proyecto comenzara su evaluación.

INTERFERENCIA se contactó el jueves 6 de agosto de 2020 con Anglo American para hacer las preguntas respectivas de este artículo, pero por primera vez no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición. El mismo jueves de la semana pasada nuestro medio se comunicó con la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, para consultar sobre la naturaleza de este convenio de colaboración con la multinacional. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Es una incógnita si el convenio entre ambas partes persiste en la actualidad; o con cuántos recursos se comprometió la multinacional; o cuáles serían los compromisos en juego.

El que sí contestó a nuestras consultas fue el Ministerio de Bienes Nacionales, que indica que ambas solicitudes de concesiones de la asociación “se encuentran en proceso de revisión y estudio en la seremi regional Metropolitano del Ministerio de Bienes Nacionales”. 

Asimismo, INTERFERENCIA preguntó si es que dentro de este predio se ubicaban las concesiones mineras de explotación de Anglo American Olivares I, 1/71; Olivares 1/77; Olivares IV 1/48; Las Pircas C-1, 1/40; Roca 1/49; Nacimiento 1/44; Quempo II 1/10 y Manzano V, 1/20, así como las concesiones mineras de exploración Las Pircas; Quempo E1; Quempo E2; Quempo E3 y Quempo E4, mayormente constituidas entre 2009 y 2019, a lo que se responde:

“La autoridad competente para entregar esta información es el Sernageomin [Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile] o el Conservador de Minas, los que tienen el detalle de las concesiones mineras vigentes y cuentan con el registro de pagos de éstas. Sin perjuicio de lo anterior, la última información que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales es que las concesiones mineras mencionadas se encuentran dentro del polígono asociado al lote C [el que APC quiere administrar]”.

Por último, nuestro medio consultó si es que se permite la actividad minera en este tipo de predios, y la respuesta es que “la actividad minera no se encuentra prohibida dentro de los Bienes Nacionales Protegidos, sin embargo, para efectos del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los BNP se entienden como áreas protegidas, tal como un Parque o Reserva Nacional”.

Víctor Osorio Reyes, ex ministro de Bienes Nacionales en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, comenta que “los BNP forman parte del Sistema de Áreas Protegidas. En este caso, el instrumento de protección es la autodestinación al Ministerio de Bienes Nacionales y la posterior concesión a entidades privadas o de la sociedad civil, pero expresamente para proyectos de conservación de la biodiversidad. Es evidente que no es el propósito de la actividad que una industria minera desarrolla en un territorio”.

La mayoría de las concesiones mineras de Anglo American dentro de esta zona del río Olivares fueron constituidas entre 2009 y 2019, según registros revisados tanto en Sernageomin como en el Poder Judicial. Otras solicitudes de la compañía durante el mismo periodo de tiempo han entrado en proceso de remate por parte de la Tesorería General de la República, por no pago de patente. Sin embargo, gran parte de las patentes de los derechos en el río Olivares han sido canceladas oportunamente. Pero hasta el momento la minera no ha manifestado que quiera desarrollar faenas en ese lugar próximo a la mina Los Bronces.

La campaña que pide un Parque Nacional

La ley 19.300, sobre las bases generales del Medio Ambiente, en ningún apartado prohíbe la ejecución de obras de minería en zonas protegidas. De hecho, incluye en su regulación que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental las iniciativas que tengan, entre otras cosas, “ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas”.

A pesar de que no está prohibido, operar dentro de un lugar así puede ser –por los riesgos que hay de dañar el sector– como “un elefante en cristalería”, según comentan personas ligadas al mundo minero.

Quizás por eso Anglo American no respondió a nuestro medio si es que están o no de acuerdo con la creación de un Parque Nacional en el sector del río Olivares y en todo el Fundo Río Colorado, tal y como lo solicita la organización Queremos Parque, creada el 10 de abril de 2019 por decenas de ONG’s medioambientales, un mes después de que el Ministerio de Bienes Nacionales recuperara de manos del Ejército 70 mil hectáreas del Fundo Río Colorado.

Con el apoyo del Senado y de la Cámara de Diputados, Queremos Parque pide la creación de un Parque Nacional de 142.000 hectáreas. Esta categoría de conservación sí se encuentra dentro de los estándares internacionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Pilar Valenzuela, coordinadora de la organización, declara que “no nos parece que hayan concesiones por pedazos del territorio [en este caso, solo río Olivares del Fundo Río Colorado]. Cuando se hace eso, surge la duda de qué pasa con el resto. La administración no puede ser parcial. Además, Parque Cordillera, si bien es una asociación municipal, no es un organismo especializado en conservación. Necesita una contraparte, y no hay contraparte que asegure que la administración de ese territorio va a ser la adecuada para los fines de conservación de glaciares y vida silvestre, porque Bienes Nacionales no es un ministerio dedicado a los temas de conservación”.

Además, dice que “el concepto de ‘Parque Natural’ no existe; eso es como decir ‘Parque Bonito’, ‘Parque Verde’ o cualquier nombre. No asegura nada, no es una categoría de conservación; las dos categorías que hay oficiales son Parque Nacional y Reserva, y las otras son de privados o monumento nacional o santuario. Si no está dentro de esas categorías, no es nada”.

Y finaliza: “el territorio debe ser conservado a largo plazo de manera integral, y con un fuerte control de administración del Estado, para asegurar un fin público. Eso no lo asegura Parque Cordillera, y menos si tiene financiamiento privado”.

*La foto original de la portada de este artículo, publicada en el sitio Andeshandbook.org, fue reemplazada a petición de esta ONG.