“A pesar de todas las urgencias [...], tenemos plena y total conciencia que la delincuencia es una de las principales preocupaciones de las familias chilenas”.

Con esas palabras, el presidente Sebastián Piñera comenzaba un nuevo discurso público en medio de una de las semanas críticas por la pandemia del coronavirus. El discurso, reproducido en cadena nacional el día de ayer, como ya es usual, daba a conocer dos nuevas medidas orientadas al combate de un “peligroso enemigo de la sociedad y la familia chilena” como la delincuencia: la creación de una aplicación tecnológica para enfrentar el robo de automóviles y la compra de cámaras corporales para Carabineros (un aparato parecido a las GoPro, sólo que no se puede alterar la tarjeta de memoria).

Sin embargo, esta última compra pareciera no obedecer a la contingencia nacional del Covid-19. A juzgar por las fechas en que fue realizado el proceso de compra y las características de las cámaras compradas, tampoco estarían enfocadas en la lucha contra la delincuencia. 

El 29 de enero, con ya una notable disminución en la intensidad de las protestas del estallido social -y a un mes de un previsible reinicio de éstas en el mes de marzo- la Subsecretaría de Prevención del Delito publicó un concurso público para la compra de un “sistema de cámaras corporales de alta resolución”, cuya novedad incluía la imposibilidad de borrar o modificar la memoria de éstas. 

El contexto que envuelve la compra de los equipos no es cualquiera: durante 2019 y en pleno estallido social, efectivos de Carabineros, pese a portar cámaras personales GoPro, dispararon escopetas y carabinas antidisturbios contra manifestantes, provocando lesiones oculares graves, entre las que destacan las provocadas a Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron completamente la visión a raíz de las lesiones.

A estos casos se suma el del asesinato de Camilo Catrillanca a manos de la policía, donde una de las tarjetas de video de una GoPro fue destruida por un efectivo presente en el operativo, según informó El Desconcierto. 

Todos las investigaciones por estos hechos de violencia policial siguen abiertas, sin culpabilidades establecidas a la fecha y poco se ha hablado de la evidencia que contienen o no las cámaras GoPro policiales.

El 11 de marzo, la licitación fue adjudicada a la empresa Motorola Solutions Chile S.A. por un monto de 378 millones 896 mil pesos. El proceso no estuvo exento de polémica, gatillando la presentación de un recurso administrativo contra el el resultado de la licitación por parte de uno de los oferentes, The Pegasus Group Company S.A., el cual fue presentado ante la propia Subsecretaría de Prevención del Delito cinco días después del resultado. 

Dudas ante el proceso de concurso público

El 16 de marzo, Pegasus Group Company S.A., uno de los ocho oferentes para la licitación de las cámaras corporales, presentó un recurso de reposición dirigida a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. El recurso, cuyo objetivo es anular la adjudicación del negocio a Motorola Solutions, se basa principalmente en dos argumentos.

Dentro de los requisitos técnicos solicitados por la subsecretaría estaba el incluir dentro del servicio la posibilidad de un pre-grabado y un post-grabado, el cual debe permitir el registro de un mínimo de 120 segundos de video antes y después de que se dé inicio a la grabación de los hechos. 

Tanto Raylex Representaciones y Servicios como DRV Ingeniería, Incotel y Entel Chile fueron descalificados del proceso por contar con tiempos de pre-grabado y post-grabado menores a 120 segundos, además de otros dos requisitos que no incluían las cuatro empresas.

Pero tampoco Motorola Solutions Chile S.A. ofrece el sistema de post-grabado, causal suficiente para no cumplir con los requisitos de la licitación, según dice el recurso administrativo presentado por Pegasus. 

En segundo lugar, según detalla el recurso, Motorola Solutions no adjuntó en su licitación el “plazo de entrega total” del producto, cuestión que no daría cumplimiento con las obligaciones exigidas por la propia entidad al faltar u omitir la “oferta técnica y de los elementos que debe contener”. 

Además, y según se puede constatar en la evaluación realizada en Mercado Público, Pegasus resultó ser mejor evaluada con un valor menor por más de 100 millones de pesos. Sin embargo, desde la comisión evaluadora se dejó fuera la oferta de Pegasus por no cumplir con dos puntos: no contar “con la posibilidad de compartir imágenes por ciertos periodos de tiempo con entidades externas” y no detallar ni contar con “funciones para ocultar de forma total o parcial los rostros o áreas específicas del video”. 

INTERFERENCIA contactó a la Subsecretaría de Prevención del Delito para saber más sobre el proceso licitatorio que dio como ganador a Motorola Solutions Chile S.A., sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.