A las 22 horas del día martes, los jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia y Darwin Barrati se dejaron caer sobre una entrada aparentemente abandonada de la estación de Metro Baquedano. Minutos antes, una denuncia de presunta tortura dentro del lugar había llegado a sus manos. 

Recién comenzado el miércoles, en medio de la cuarta jornada de toque de queda, por redes sociales se viralizaba la denuncia de que Nicolás Lüer (22 años) había sido torturado al interior de la estación de Metro Baquedano por efectivos de Carabineros, donde opera la 60° Comisaría. Lüer acusaba haber recibido golpes con toallas mojadas y sufrir una luxación en la rodilla, y dice haber escuchado disparos con balín de goma y haber visto a otros manifestantes colgados del techo por sus manos, según una publicación realizada por su hermana a través de Instagram y un posterior relato entregado a su abogado -al que tuvieron acceso los jueces Urrutia y Barrati.

A las 12:50 de ese día, La Tercera publicó un artículo titulado Jueces que se constituyeron en estación Baquedano: “No encontramos a personas detenidas, ni menos colgando del techo”. En el texto, se habla de la denuncia efectuada por Lüer: "Todo esto fue desmentido esta mañana por los jueces Daniel Urrutia y Darwin Bratti".  Dicho artículo motivó que otros medios de comunicación informaran que se había descartado la existencia de torturas al interior de Baquedano, tal como dijeron Radio Agricultura y Fayer Wayer.

Sin embargo, lo concreto es que una posible tortura no fue descartada  por los jueces. Ambos magistrados constataron que al momento de llegar al lugar no habían personas detenidas -y, lógicamente, tampoco manifestantes colgados- así como tampoco había sangre. Pero sí habían razones para creer que dos horas antes se estaba torturando gente en ese mismo lugar.

Estas razones fueron relatadas a INTERFERENCIA por el juez Daniel Urrutia: 

"Nos dio la impresión de que estaban nerviosos y agitados mientras estuvimos ahí. Cayeron en contradicciones", explicó Urrutia. El magistrado contó que recorrieron esquina por esquina tanto la estación de Metro como la Comisaría, sin encontrar personas colgadas. Por esta razón se dejó caer el recurso de amparo preventivo solicitado en favor de Lüer, mas esto no quiere decir que no hayan hechos a investigar por la Fiscalía. Simplemente determinan que en ese minuto no habían personas ahí, ni evidencia de haber sido colgados de techos horas antes. 

Para Urrutia, uno de los hechos que le dan credibilidad a los sucesos de tortura, es el nivel de descripción entregado por Lüer del lugar donde habría sido golpeado y vejado por efectivos de Carabineros. El estudiante describió un largo pasillo de 30 metros, donde había una estructura metálica similar a un ducto de ventilación desde donde colgaban manifestantes. No hay forma de conocer la composición de dicho lugar desde las afueras del acceso abandonado, el cual se encuentra cerrado con candado, no siendo posible entrar. Esto, en circunstancias en que Carabineros aseguró no haber detenido a nadie, después de repeler un ataque de manifestantes contra la Comisaría, que es cuando habría caído Lüer y otros manifestantes. 

La descripción de Lüer corresponde al pasillo de entrada a la 60° Comisaría, un acceso que antes era utilizado como entrada para la estación Baquedano y que ahora parecía en desuso. Lo cierto es que efectivos policiales utilizan el antiguo acceso para llegar a la Comisaría luego de que Metro cierra sus puertas, siendo imposible para Lüer conocer las características del pasillo sin haber sido detenido. 

Funcionarios del Juzgado de Garantía revisaron los videos de todas las cámaras disponibles dentro del Metro y la Comisaría. El pasillo secreto donde Lüer asegura haber sido torturado por carabineros no contaba con cámaras de vigilancia. 

El ducto de ventilación descrito por el jóven y divisado por Urrutia en el pasillo contaba con dimensiones que hacían posible colgar o amarrar a una persona de los brazos. El magistrado indicó que dicho ducto se encontraba con hendiduras atribuibles a golpes. 

Dentro de la denuncia de Lüer, se mencionaba que efectivos policiales habrían abierto fuego de balín contra los manifestantes colgados. Urrutia consultó al comisario responsable por armas presentes en el lugar, indicando éste que había una escopeta. El magistrado le preguntó al uniformado si el arma fue disparada durante las últimas horas. El comisario respondió que sí, que había sido disparada una vez para repeler manifestantes que se encontraban vandalizando la entrada abandonada. 

Recorriendo el lugar, los jueces de garantía encontraron siete cartuchos de escopeta. Seis de ellos habían sido percutados. Urrutia precisa que si bien la evidencia de los seis cartuchos vacíos no coincide con la versión del comisario, quien dice que disparó una vez la escopeta, también piensa que éste bien pudo haberse referido a que hizo uso del arma en una ocasión, pudiendo disparar repetidas veces.

Otra de las pruebas encontradas fueron dos amarras plásticas cortadas. Urrutia consultó al comisario a cargo por estas cintas, quien indicó que Carabineros ocupa esposas y no cintas plásticas para inmovilizar a los detenidos. Sin embargo, en la revisión de cámaras de vigilancia, se pudo identificar a personal de Fuerzas Especiales -que sí ocupa esas cintas- entrando y saliendo de la Comisaría durante el lapso en que Lüer acusa haber sido raptado y torturado. 

Respecto a la supuesta sangre que se encontraría en el lugar según el testimonio de Lüer, la respuesta de ambos jueces fue categórica. No se encontró en ninguna parte, pero Urrutia precisó que el pasillo se encontraba muy mojado y con mucho cloro. La excusa de Carabineros fue también convincente para el magistrado, ya que minutos antes se había lanzado un baño químico a las escaleras exteriores del acceso, ensuciando el lugar. Por estos motivos funcionarios habrían limpiado acusiosamente el lugar.

Los hechos se encuentran actualmente siendo investigados por el Ministerio Público, a través del fiscal Omar Mérida, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sergio Micco, director del INDH, comentó a esta redacción que "según estándares internacionales, los hechos denunciados califican como tortura". 

Durante el toque de queda del pasado 23 de octubre, INTERFERENCIA acudió al acceso abandonado del Metro, constatando la salida de seis uniformados del lugar. Al ser consultado un efectivo por los hechos denunciados por Lüer, este citó el artículo publicado por La Tercera y desmintió los hechos.

El pasillo siniestro

A las 22 horas de este pasado miércoles el pasaje Arturo Burhle estaba desierto y oscuro. En la oscuridad de la noche, las escaleras de lo que antiguamente era una entrada hacia la Estación Baquedano, parecen la entrada a un tétrico calabozo. Piedras, botellas, rayados y cenizas. Al final, una puerta enrejada deja entrever un pasillo abandonado, con sillas cruzadas y cables colgando. También se ve un ducto de ventilación. 

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Interior de la estación Baquedano (Créditos: Camila Higuera)

A las 22:05 por la puerta en penumbras salen dos carabineros iluminando las escaleras con sus celulares. Luego de pedir las credenciales y preguntar qué hacíamos en el lugar, los efectivos indicaron que no se podía bajar al sector de la reja. Al momento de comenzar las indagatorias sobre los hechos denunciados en el lugar, los reporteros de INTERFERENCIA notaron que uno de ellos no portaba su identificación. Éste aseguró que su nombre era Luis Escobedo, mientras que su compañero que sí portaba identificación, tenía el apellido Mella.

Escobedo conversó con este medio sobre la denuncia de torturas de Nicolás Lüer. “La Tercera, que parece que están más preparados que ustedes, hizo una buena investigación y desmintió el hecho de cualquier tortura”, dijo.

El sargento, quien además aseguró estar en el segundo año de la carrera de derecho, entabló una larga conversación explicando que en la 60° Comisaría no había ocurrido ningún caso de tortura. Ni ahora, ni antes. Además, agregó que la comisaría cuenta con cámaras que graban todo lo que ocurre dentro de las dependencias de la unidad policial, y que éstas habían sido revisadas tanto por los jueces como por el INDH, sin encontrar evidencia. 

Consultado por la existencia de cámaras en el pasillo donde supuestamente ocurrieron las torturas, el funcionario aseguró que también existían, contradiciendo lo indicado por el juez Urrutia. Luego, cambió súbitamente el tono. "Nosotros no hemos detenido a nadie acá, pero yo no me puedo referir al tema porque es materia de investigación", puntualizó.

Veinte minutos después, salieron dos carabineras y un carabinero de civil, acompañados de un uniformado que portaba una escopeta. Cada cierto rato, llegaban patrullas que paraban por breves momentos, conversaban con los uniformados en la calle y seguían su camino. Pasada las 12 de la noche, dos patrullas Dodge Charger se estacionaron por Arturo Burhle, frente a las escaleras. El más cercano a éstas tenía tres focos blancos encendidos, lo que impedía ver hacia el pasaje y a la entrada de la Comisaría.