En la violenta historia política contemporánea de Colombia se han asesinado a candidatos presidenciales, a senadores, gobernadores, periodistas y decenas de miles de ciudadanos. Pero nunca, jamás, se ha enjuiciado a un ex presidente.

Esta ‘tradición’ de la clase política de ese país comenzó a agrietarse ayer, cuando la Corte Suprema ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, el ex mandatario de derecha que gobernó entre 2002 y 2010.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió ayer Uribe en su cuenta de Twitter.

En seguida fue respaldado por el actual Presidente, Iván Duque, quien es discípulo político de Uribe. En una entrevista radial, el presidente afirmó que “duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad (…) y que un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia”.

En una señal de que las tradiciones del establisment se están desmoronando, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que “nadie está por encima de la ley”. Suena a una frase cliché, pero en el contexto político e histórico de Colombia adquiere otra dimensión.

“La inmunidad política del presidente de la República parece estar asegurada, tanto durante el ejercicio de su cargo como después de haber cesado en sus funciones. Esta es una de las características del régimen presidencial colombiano”, escribió en marzo del año pasado Jorge Cuervo, profesor de la Universidad Externado de Colombia y columnista del diario El Espectador. “La Constitución de 1991 dice que el presidente ‘simboliza la unidad nacional”, en una personalización del poder que desconoce la diversidad de esta nación; entre la sociedad colombiana y el presidente existe una relación que puede calificarse como de paternalismo exacerbado”.

Esa inmunidad histórica es la que comenzó a derrumbarse ayer.

Ayer hubo numerosos cacerolazos en Bogotá a favor de la decisión de la Corte Suprema, y algunos manifestantes exhibieron carteles que decían ‘De Presidente a presidario’. Pero también se dieron manifestaciones a favor de Uribe, en especial en Medellín, según consigna el diario El Tiempo. 

Paramilitares

El caso judicial en contra del ex Presidente comenzó en 2018, cuando jueces investigadores de la Corte Suprema comenzaron a examinar si Uribe trató de influenciar el testimonio de un ex miembro de los grupos paramilitares, Juan Guillermo Monsalve. La sospecha es que Uribe presionó a Monsalve para desechar su testimonio que vinculaba al ex mandatario con la creación de varios grupos paramilitares que, durante años, combatieron a las guerrillas pero que también sembraron terror y muerte entre los campesinos colombianos.

Uribe, que actualmente es senador, ha negado cualquier vínculo con estos grupos.

Con todo, esta decisión no sólo sacudió a Colombia, sino también a Sudamérica. Hasta ahora, Perú, y en menor grado Ecuador, han sido los países más activos en enjuiciar a sus ex mandatarios. Después siguió Brasil con los enjuiciamientos a Dilma Rouseff y Lula da Silva. En Argentina, Cristina Fernández se autoprotegió al salir electa vicepresidenta.

Pero si en Bogotá se decreta arresto domiciliario uno de los ex presidentes más populares -en un país donde la figura presidencial sea probablemente la más poderosa de la región-, ¿qué queda para los demás? Es posible que esa duda ronde ahora en los palacios presidenciales de Sudamérica. 

De pronto, el flamante canciller chileno, Andrés Allamand, aún no se ha pronunciado respecto de la situación de Uribe, un aliado histórico de Sebastián Piñera.