Un nuevo capítulo se suma a la larga historia que, desde hace poco más de un mes, viven algunas familias de San Fabián de Alico cuando fueron desalojados por Fuerzas Especiales de sus viviendas. Esta vez, la empresa Astaldi, encargada del proyecto embalse Punilla, se opuso a la resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia que exigía la devolución de los territorios expropiados.

Así lo verificó el pasado lunes 17 de diciembre, la notario de la comuna de San Carlos, Janina Rodríguez, que llegó hasta la pre cordillera para validar la entrega de los terrenos por parte de Astaldi. Además de certificar el estado de los predios.

Según Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental y que ha acompañado a los afectados en este proceso, incluso cuando expusieron ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la empresa impuso condiciones que no les corresponden para la entrega.

“El Tribunal exige una entrega inmediata y todas estas condiciones, como por ejemplo que esté Carabineros presente, significan una negativa porque no están cumpliendo con la orden del Tribunal”, dice Frez.

Sin casa, sin animales

Desde el 21 de noviembre que cinco familias están durmiendo en un campamento, en las cercanías de sus predios. Hace más de un mes fueron desalojados por Astaldi y vieron cómo máquinas demolieron sus casas. Marcharon por las calles de la comuna, protestaron contra el alcalde que los dejó de apoyar (ver reportaje de INTERFERENCIA) y aún no consiguen nada. Pese a la ratificación del Tribunal Ambiental de Valdivia, de que se trató de un desalojo ilegal.

“Están esperando que la gente se aburra y se canse. No hay intención de dar solución a la resolución que el mismo Tribunal les impuso”

Hoy, siguen a la espera de la devolución de sus terrenos, sin saber realmente cómo será la restitución total.

Es por eso que quisieron la certificación de la notario Rodríguez, que enviará su acta hasta Valdivia, para que el Tribunal Ambiental se pronuncie nuevamente.

“Va más allá de la orden del Tribunal porque si todo estuviera intacto, claro, las familias hubieran ingresado de inmediato, pero la empresa les destruyó todo. Sus casas, hay animales muertos, sus huertas”, dice Ricardo Frez.

“Nosotros les pedimos acelerar el proceso porque a esta altura es súper triste que estén durmiendo en la calle en fechas importantes como Navidad. Queríamos que al menos pudieran entrar a sus terrenos”, reflexiona Frez ante la negativa de la empresa.  

“Probablemente el año nuevo también lo van a pasar en ese campamento”.

Hasta el día de hoy, ni el Ministerio de Obras Públicas ni la misma empresa les ha dado una respuesta o solución formal.

“Están esperando que la gente se aburra y se canse. No hay intención de dar solución a la resolución que el mismo Tribunal les impuso”, dice Frez.