Como cada fin de año, el director de la Biblioteca del Congreso, Manuel Pérez, notificó el día 29 de noviembre la renovación de los funcionarios a contrata para 2020. En ese listado, estaba el nombre de Manuel Muñoz Ventura, asesor jurídico del Departamento de Administración y Finanzas de la entidad. Una semana después, Muñoz recibió una nueva información, donde se le indicaba que su renovación sólo sería hasta el 31 de marzo de 2020.

Ante el despido, Muñoz interpuso un recurso de protección el 20 de diciembre en contra de la Biblioteca del Congreso Nacional. En la acción judicial acusa el acto como “arbitrario e ilegal”.

“La decisión adoptada por el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional de poner término anticipado a mi contrata establece y hace diferencia arbitraria en el igual tratamiento que debe adoptarse para un funcionario. En la misma situación que otros funcionarios, es a mí a quien desvincula, sin razón alguna”, señala parte del documento disponible en el Poder Judicial.

En febrero de 2017 Manuel Muñoz asumió el cargo al cual ingresó por concurso público y dentro de sus funciones en la entidad pública también está revisar todas las resoluciones del Departamento de Administración y Finanzas.

La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), es un servicio común del Congreso Nacional, administrado por un director que es el jefe superior del servicio, cargo que desde el 1 de enero de 2013 es ejercido por Manuel Pérez Guíñez, quien anteriormente fue director adjunto de la Biblioteca entre los años 2004 y 2012.

Pérez emitió una resolución el 19 de diciembre de 2019 explicando el despido.

“El funcionario muestra una falta de visión global, observada en una baja comprensión del contexto político, económico y social en que se desenvuelve, no visualizando el servicio que presta la BCN y, al mismo tiempo, los impactos legales que tienen los cambios del entorno en la labor parlamentaria y los servicios que presta la institución”, señala el documento.

Además el documento indica que las “restricciones presupuestarias a que se encontrará sometida la Biblioteca del Congreso Nacional para el año 2020 hacen necesario priorizar sus recursos (… ) La prórroga de la contrata del sr Muñoz Ventura podrá ser realizada solo hasta el 31 de marzo de 2020, ya que sus funciones en la institución no son necesarias”. 

Uno de los puntos más llamativos es que en el recurso de protección Muñoz presenta un argumento que da cuentas de que era un funcionario, a lo menos, bien evaluado, puesto que la Comisión Calificadora de la Biblioteca le otorgó nota 6,7 en 2019 y un 7,0 en 2018.

El mal uso de los recursos en la dirección

INTERFERENCIA tuvo acceso a un documento que envió Muñoz a la Comisión Biblioteca del Congreso Nacional, la cual está constituida por el presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados, actuando como Secretario de ésta el Director (a) de la BCN.

El escrito es una reclamación por ilegalidad y solicita un procedimiento administrativo disciplinario en contra de Pérez. Lo acusa de malversación de caudales públicos, pues existen dos licitaciones que según el documento del abogado no debían realizarse, ya que no se ajustarían a  lo estipulado en "el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo del Presupuesto del Sector Público", debido a que estos fondos solo deberían utilizarse para el mantenimiento de la institución,.

Una de las licitaciones a las que accedió nuestro medio corresponde a una resolución del 19 de diciembre de 2019 que autoriza “la renovación de contratación y autoriza adquisición de giftcard para funcionarios y trabajadores de la Biblioteca del Congreso Nacional derivado de licitación pública”, siendo el proveedor Falabella Retail S.A por un valor de $16.844.750, equivalentes a 240 tarjetas de regalo.

Mientras que el otro documento autoriza la compra, mediante Convenio Marco, a la Empresa BCI SEGUROS VIDA SA por la contratación del “servicio de seguro complementario al sistema de salud Chiler o, Plan C, Valor Prima Mensual, por un periodo de 6 meses de vigencia para 55 funcionarios planta y 161 funcionarios a contrata de la Biblioteca del Congreso Nacional, conforme lo previsto”. El monto total de UF: 962,544, es decir, alrededor de 27 millones de pesos. La resolución se resguarda en la Asignación Presupuestaria 999, del Presupuesto vigente de la Biblioteca del Congreso.

“Existe ánima aversión y hostilidad del director hacia mi persona. La explicación a esta hostilidad está en que, para velar por la legalidad de los actos administrativos en los que se disponía de recursos públicos del subtítulo 22 para fines legalmente impropios. Reparar actos ilegales, entonces, es lo que el director llama ‘falta de adecuación, respecto de los lineamientos instruidos por la dirección que afecta el normal funcionamiento institucional’. Dichos gastos fueron visados por el Fiscal actual y por el anterior. Los antecedentes son de público conocimiento y pese a que han sido eliminados de la web institucional, estoy absolutamente disponible para complementar la información que sea necesario aclarar”, acusa Muñoz en el escrito.

INTERFERENCIA contactó a Manuel Pérez, pero no recibimos respuesta al cierre de esta edición. De todas formas, nuestro medio accedió al antecedente de que el 14 de febrero pasado, contrató para esta defensa y por un monto cercano a los 8 millones de pesos- a través de una orden de compra-, al ex fiscal de la entidad, Francisco Aldunate Ramos, quien renunció el 15 de junio de 2018 a la Biblioteca. 

Este diario además contactó a Muñoz, pero el abogado indicó que no daría declaraciones debido a que el proceso está abierto.