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Domingo, 18 de abril de 2021
The Conversation

Biden 'cobra' a las corporaciones todas las veces que el gobierno las salvó de tiempos difíciles

Stephanie Leiser
The Conversation

Joe Biden, presidente de Estados Unidos

Joe Biden, presidente de Estados Unidos
Joe Biden, presidente de Estados Unidos

En este artículo de The Conversation se analiza el financiamiento para el plan de infraestructura del mandatario bajo la premisa de que las grandes empresas estadounidenses son quienes más se benefician del gasto en infraestructura pública, por lo que sus impuestos deberían fijarse acorde a sus ganancias.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de proponer un plan de construcción de infraestructura de aproximádamente 2 billones de dólares, el cual ambiciosamente comparó con el sistema de carreteras interestatales de EE. UU. y la carrera espacial de aquel país. Apunta a pagarlo únicamente mediante un aumento a los impuestos pagados por empresas, incorporando el primer aumento en la tasa del impuesto corporativo desde la década de 1960.

Biden dijo que planea aumentar la tasa del 21% al 28% – porcentaje que aún estaría por debajo del nivel del 35% que tenía antes del recorte de impuestos de 2017 – y fortalecer el impuesto mínimo global para así disuadir a las corporaciones multinacionales de usar paraísos fiscales. Con ambas medidas, el mandatario estima que se recaudarían los fondos necesarios para financiar su plan durante 15 años.

"Nadie debería poder quejarse" de elevar la tasa al 28%, dijo Biden en un discurso en el que anunció el plan. "Sigue siendo más baja que la tasa entre la Segunda Guerra Mundial y 2017".

Como experto en políticas fiscales, creo que tiene un punto.

Es más, creo que el plan del presidente apela al principio básico de equidad fiscal en el que se fundó el impuesto sobre la renta de las empresas: los impuestos que paga una persona o empresa deben ser proporcionales a los beneficios que recibe del gasto público. Y las empresas reciben bastante.

Historia del impuesto corporativo

Antes del siglo XX, el gobierno federal se financiaba principalmente con aranceles e impuestos especiales sobre bienes como el alcohol y el tabaco. 

El primer impuesto a la renta de las corporaciones fue firmado por el presidente Abraham Lincoln en 1862 para ayudar a financiar la Guerra Civil, y luego se eliminó gradualmente en la década de 1870.

A medida que Estados Unidos crecía a principios del siglo XX, los políticos se preocuparon por los riesgos económicos y comerciales de depender demasiado de aranceles altos. Es por esto que en 1909 crearon el impuesto corporativo a la renta que conocemos hoy, casi como una ocurrencia tardía, en un proyecto de ley que fue diseñado para reformar las tarifas. 

Los impuestos corporativos no se convirtieron en una parte importante del sistema tributario de EE. UU. hasta que se utilizaron para ayudar a financiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial.. Antes de 1916, la tasa era solo de 1%, pero creció al 12% durante la Primera Guerra Mundial y se disparó al 40% durante la Segunda. El Congreso también aprobó impuestos al “exceso de ganancias” de hasta un 95% en ciertas industrias para frenar la especulación en tiempos de guerra.

Los ingresos por impuestos corporativos alcanzaron su punto máximo durante la guerra, en 1943, sumando un poco menos del 40% de los ingresos totales del gobierno.

Después de la guerra se eliminaron los impuestos a las ganancias excesivas, pero los legisladores mantuvieron alta la tasa regular y la elevaron al 52% en 1951, cuando Estados Unidos entró en la Guerra de Corea.

El pensamiento sobre los impuestos corporativos comenzó a cambiar en la década de 1960. En 1963, durante su discurso del Estado de la Unión - cuenta pública realizada anualmente por el presidente de EE. UU. para referirse a asuntos de importancia para la nación - el presidente John F. Kennedy propuso recortes de impuestos corporativos, argumentando que “alentarían la iniciativa y la asunción de riesgos de los que depende nuestro sistema libre -inducirán más inversión, producción y uso de la capacidad -,  ayudarán a proporcionar los dos millones de nuevos empleos que necesitamos cada año y reforzarán el principio estadounidense de recompensa adicional para esfuerzo adicional ".

President John F. Kennedy gestures with his right hand as he speaks in front of a lectern in 1962.
El presidente John F. Kennedy fue un temprano promotor de los recortes al impuesto corporativo para fomentar la inversión. AP Photo

Poco después del asesinato de JFK, el Ccongreso aprobó su Ley de Ingresos de 1964, el que redujo la tasa corporativa a un 48%.

Pero los altos costos de la guerra de Vietnam llevaron al presidente Lyndon B. Johnson a incluir un recargo temporal en 1968, que elevó la tasa a un máximo de 52,8%; antes de volver a reducirla en 1971 al 48% .

Después de eso, la tasa del impuesto corporativo comenzó su declive de 50 años a medida que las sucesivas administraciones, especialmente las republicanas, la redujeron gradualmente. Como resultado, para 2020, las corporaciones cubrían solo el 7% de los ingresos del gobierno, en comparación con el 33% proveniente de los individuos y familias, aún cuando las corporaciones obtienen ganancias históricas.

Esta misma tendencia se ha observado en todo el mundo, ya que la globalización llevó a muchos países como China, Japón y los estados miembros de la Unión Europea a reducir los impuestos comerciales en una “carrera global hasta el fondo”. En 2016, las tasas de impuestos corporativos representaron sólo el 9% de los ingresos totales del gobierno en promedio para países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El principio de beneficios

Parece que después de 50 años de bajar las tasas impositivas corporativas, esta tendencia finalmente podría estar llegando a su fin - al menos en EE. UU.

Aunque los republicanos en el Congreso continúan oponiéndose firmemente a cualquier aumento de impuestos para gastar en infraestructura, el público parece estar del lado de la administración de Biden.

Una encuesta de Gallup de 2019 reveló que más de dos tercios de los estadounidenses creen que las corporaciones pagan menos de lo que les corresponde. Más recientemente, el 47% de los encuestados durante los primeros informes sobre el plan de infraestructura de Biden dijo que sería "más probable" que lo apoyaran si este fuese pagado con aumentos a los impuestos de las corporaciones, mientras que el 31% indicó que no tendría ningún impacto en sus puntos de vista. Solo el 21% aseguró que cargar el proyecto a las corporaciones mediante un aumento de sus impuestos los haría menos propensos a apoyarlo.

Creo que el atractivo popular del plan de Biden refleja el principio de beneficios, el que establece que una factura de impuestos debe basarse en el valor de los beneficios que una persona o empresa recibe del gobierno.

Y ese es básicamente el razonamiento detrás del impuesto corporativo creado en 1909.

Una decisión de la Corte Suprema de 1911 que confirmó la constitucionalidad del impuesto sobre la renta de las sociedades invocó explícitamente el principio de beneficios, argumentando que con la incorporación, los propietarios de una empresa disfrutan de "privilegio[s] distintivo[s]" — como la protección de la responsabilidad individual y la capacidad de vender acciones — “que no existen cuando el mismo negocio es realizado por particulares o sociedades".

"Es este privilegio distintivo el que está sujeto a impuestos".

Décadas de investigación muestran que las empresas se benefician enormemente de estar ubicadas en países con estabilidad política e instituciones inclusivas que promueven el estado de derecho, la protección de la propiedad, el debido proceso y la participación democrática. Las empresas con sede en EE. UU., quizás más que en cualquier otro lugar, disfrutan de todos estos privilegios.

Y eso es incluso antes de detenernos en qué gasta el dinero el gobierno directamente. Las empresas se han beneficiado enormemente de inversiones en transporte masivo, desarrollo local, educación pública gratuita, el internet y muchos otros tipos de infraestructura.

Heavy traffic moves along an interstate highway in Seattle with large signs directing cars to various offramps
Las corporaciones se han beneficiado de gran manera del gasto federal en el sistema de carreteras interestatal y otros proyectos de infraestructura en Estados Unidos. AP Photo/Ted S. Warren

Hablando de infraestructura y del plan de Biden, las empresas posiblemente se benefician más que nadie de la reparación de puentes, la mejora de las redes eléctricas, el aumento del acceso de banda ancha y la investigación y el desarrollo. Según una revisión de la investigación realizada por el Servicio de Investigación del Congreso, la inversión pública en infraestructura central, especialmente durante una recesión, puede estimular un crecimiento de la productividad más rápido y reducir el desempleo a largo plazo.

Una objeción a la lógica del principio de beneficios -como les gusta recordarnos a los economistas- es que las empresas no pueden pagar impuestos. Sólo las personas pueden. Cuando se grava una empresa, ese impuesto repercute en una combinación de precios al consumidor más altos, salarios más bajos y rendimientos del capital más bajos. Los economistas llaman a este concepto incidencia fiscal, y suelen argumentar que un malentendido de la incidencia fiscal es lo que lleva a muchas personas a apoyar impuestos más altos sobre las empresas.

Pero los economistas puede que no estén entendiendo el punto. La justificación del principio de beneficios para gravar a las corporaciones descansa en la lógica de la justicia procesal: poner énfasis en la equidad del proceso más que en el resultado. Si los balances de las empresas se benefician de la inversión pública, la justicia procesal dicta que sus impuestos deben reflejar ese beneficio, incluso si esos costos y beneficios finalmente se transfieren a los individuos.

El precio que pagas

Por lo tanto, tiene mucho sentido que las empresas que se beneficiarán tanto de estas inversiones paguen la cuenta. La inversión que impulsa la productividad significará grandes ganancias para las corporaciones estadounidenses.

Como ha demostrado la experiencia reciente con el desarrollo de la vacuna COVID-19 – en la que EE. UU. ha invertido miles de millones de dólares con el fin de tener una en tiempo récord – las empresas también se benefician de la inversión en investigación científica básica. Cuanto antes se vacunen todos, antes la economía y los negocios podrán volver a la normalidad.

En pocas palabras, se puede pensar en un nivel razonable de impuestos como el precio que pagan las corporaciones por todos los beneficios que les han dado los contribuyentes estadounidenses.

Stephanie Leiser, profesora de políticas públicas, University of Michigan

Este artículo fue republicado de The Conversation bajo licencia de Creative Commons. Lea el artículo original en inglés acá.

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