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Jueves, 18 de Abril de 2024
Con intereses y comisiones

Bolivia decide devolver préstamo del FMI de más 352 millones de dólares conferido el año pasado

Lissette Fossa

El Banco Central Boliviano adujo que las imposiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional al país eran limitantes con respecto a su política fiscal y económica, por lo que decidió devolver todo el monto del préstamo. Esta decisión se da a menos de un año de haberlo adquirido, durante el gobierno de la derechista Jeanine Áñez.

Admision UDEC

Este miércoles 17 de febrero, el Banco Central de Bolivia emitió un comunicado donde informó la devolución completa que el país realizó al Fondo Monetario Internacional (FMI), por un préstamo emitido a Bolivia durante el 2020. El país altiplánico decidió devolver todo el dinero, incluyendo los intereses, que alcanza los 352,5 millones de dólares. 

El crédito fue contraído en 2020 por el gobierno transitorio de derecha,- impuesto tras un golpe de Estado al ex presidente Evo Morales,- para apoyar la lucha contra COVID-19. El Banco Central Boliviano actual aduce en su comunicado que la principal razón de esta rápida devolución es la intención de liberarse de las imposiciones “fiscales, financieras, cambiarias y monetarias” que el FMI puso para el préstamo a Bolivia, aunque el comunicado no detalló cuáles habrían sido estas condiciones.  

"El BCB como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses", señaló el órgano emisor boliviano.

El Banco Central agregó que el préstamo fue "gestionado irregularmente por el gobierno de facto" de Jeanine Áñez. El préstamo, inicialmente, iba a ser pagado durante los próximos cinco años.

Para el anterior director del Banco Central Boliviano, José Gabriel Espinoza, el comunicado se equivoca y aseguró a un medio local que el préstamo del FMI no estuvo condicionado a ninguna imposición económica para el país. 

"La gestión económica que adopta el Gobierno es el mandar mensajes de persecución, con el objetivo de tapar su falta de una política económica real frente a la crisis", aseguró Espinoza a El Deber.

Lo cierto es que el FMI habitualmente impone condiciones de política monetaria y económica a los países que solicitan préstamos. De hecho, en abril del año pasado una nota de prensa del FMI consignaba la opinión del Director Gerente Adjunto del FMI, Mitsuhiro Furusawa, también destacó la "determinación" de las autoridades de turno "de asegurar la estabilidad macroeconómica".

"Para ello, se comprometen a alcanzar un déficit fiscal sostenible en el mediano plazo, sin dejar de mantener un fuerte apoyo al gasto social, y a adoptar otras medidas macro y financieras según sea necesario", declaró entonces Furusawa.

De los 351,5 millones de dólares devueltos al FMI, 327,2 millones corresponden al préstamo entregado en abril de 2020 por el organismo internacional, mientras que 24,3 millones se sumaron por concepto de variación cambiaria, intereses y comisiones.

El Banco Central Boliviano también agregó que interpondrá acciones legales contra funcionarios gubernamentales que hayan tenido responsabilidad en la gestión del préstamo del FMI. En abril del año pasado, tras acordar el préstamo, el gobierno de áñez remitió al Parlamento una ley para su aprobación, pero el Congreso- que tiene mayoría de políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del ex presidente Morales- lo rechazó. El MAS había argüido entonces que el gobierno no envió la documentación que se requería para aprobar.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, señaló en junio pasado que el crédito para apoyar la balanza de pagos de Bolivia era "transparente".

Durante el gobierno anterior del MAS, liderado por Evo Morales, la administración boliviana no solicitó préstamos al FMI. Durante el último año de su gobierno, el producto interno bruto (PIB) de Bolivia alcanzó los $40.500 millones de dólares, una cifra récord para la historia de ese país, un crecimiento sostenido que por años superó el 4% del PIB anualmente.



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