“Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados de Brasil de verdad, explotados y manipulados por ONGs. Vamos juntos a integrar estos ciudadanos y valorar a todos los brasileños”, dijo Jair Bolsonaro el pasado miércoles a través de su cuenta de Twitter en defensa de una de sus primeras y polémicas medidas como flamante presidente de Brasil.
Además, en el tweet sostuvo que más del 15% del territorio nacional es demarcado por los indígenas y quilombolas (referidos a los descendientes de los libertos y cimarrones de la época de la esclavitud).
El inicio del recién asumido presidente de Brasil, comenzó este 2019 ofreciendo la que puede ser una de las peores noticias de la década: el traspaso de las decisiones de demarcación de las tierras indígenas desde la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) -una entidad que hasta hace poco pertenecía al influyente Ministerio de Justicia y que hoy pasa al nuevo Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos- hacia el Ministerio de Agricultura, que dirige Tereza Cristina da Costa, una ex diputada representante de los grandes agricultores brasileños, conocida como la “musa del veneno” por haber sido partidaria de relajar la legislación que regula el uso de pesticidas.
Una medida que afecta al 13% del territorio brasileño, el que mayoritariamente corresponde a la Amazonía indígena, y que es de un tamaño similar a Etiopía.
Además de ese mismo miércoles anunciar el cierre de un área del Ministerio de Educación promovía los derechos humanos y buscaba difundir el acceso a la educación superior por parte de grupos desfavorecidos, incluyendo a brasileños negros, según The New York Times.
Asimismo, Bolsonaro también transfirió el Servicio Forestal Brasileño desde el Ministerio del Medioambiente hacia el de Agricultura, con lo que debilitó aún más la institucionalidad que defiende la Amazonía.
Aunque el presidente brasileño echó pie atrás en su idea de fusionar ambas carteras, finalmente el Ministerio de Medioambiente cada vez se parece más a un fantasma, pues, además, fue elegido ministro de dicha cartera Ricardo Aquino Salles, un ex miembro de la Sociedad Rural Brasileña, la que es una institución que defiende los intereses de la agroindustria.
A esto se suma el antecedente que señala que Aquino Salles debió enfrentar acusaciones de fraude medioambiental que beneficio a empresas cuando fue secretario de Medioambiente en la Gobernación del Estado de Sâo Paulo.
Estas medidas dejan a la Amazonía indígena a merced de los intereses de la agroindustria y la minería, sectores que solo en Brasil tienen una escala global e insaciable sed de recursos.
En el caso de la agroindustria, la idea es favorecer a un sector dinámico que ya representa el 23,5% del PIB, siendo Brasil el segundo productor mundial de soja (detrás de Estados Unidos), con 112 millones de toneladas anuales, y el principal exportador, con 69 millones.
Además el país tiene grandes transnacionales alimentarias de productos procesados como JBS, la empresa 199° más grande del mundo y la 5° de Brasil, según el último listado de Fortune Global 500, el que le atribuye ingresos anuales por 51 mil millones de dólares, lo que equivale al PIB de países tales como Serbia o Ghana.
En cuanto a la minería, el gran problema es que las políticas de Bolsonaro apuntan a legalizar la minería de los llamados garimpeiros, quienes se han convertido en un epidemia medioambiental según The Guardian. Esto, a cambio de un royalty para las comunidades indígenas a ser negociado directamente con ellas y sin mediar las ONGs que hasta ahora han prestado soporte conceptual y técnico. La presa principal es el territorio Raposa Serra do Sol, rico en reservas de uranio y niobio.
Este artículo fue originalmente escrito para el newsletter de suscriptores del pasado viernes 4 de enero. Si te interesan estos contenidos suscríbete aquí.
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