Cerca de las ocho de la mañana del martes 26 de febrero fueron detenidos en un domicilio de La Cisterna, Región Metropolitana, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel. Llevaban prófugos de la justicia 139 y 279 días, respectivamente, después de ser sentenciados a cumplir 18 años de cárcel cada uno, acusados de ser los autores del incendio que en enero 2013 terminó con la vida del matrimonio de Werner Luchsinger con Vivianne Mackay, en el fundo de estos en Vilcún, Región de La Araucanía.

Durante la tarde de ese día, a través de los medios, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público destacaron el logro de la captura. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, a través de Twitter, felicitaba a estas instituciones y agregaba que en Chile hay “tolerancia cero frente al terrorismo”. Esto, pese a que la Corte Suprema ya dijo en octubre de 2018 que este delito de incendio con resultado de muerte no tenía carácter terrorista.

En tanto, desde las 15 horas de ese día se comenzaron a juntar una cincuenta de manifestantes en apoyo a los detenidos en las afueras del Centro de Justicia de Santiago, lugar en que sería el control de detención.

Hoy miércoles 23 de febrero, los Tralcal harán ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, al igual que Celestino Córdova, otro de los condenados que está en dicho lugar desde 2013.

Más allá de que todos los sentenciados a cumplir a presidio están en la cárcel actualmente, el caso está lejos de terminar.

Así lo dejan ver las reacciones de todas las partes. Desde Temuco, conversó con INTERFERENCIA Juan Carlos Tralcal, hijo de José Tralcal, quien expuso su lamento ante la detención, sosteniendo siempre que su padre es inocente:

“Lo que nos queda es ver estos procesos cortos como en qué cárcel se quedan. Nos sorprendió la captura, no esperábamos que ocurriera, ni nosotros teníamos información de dónde estaban por temas de seguridad. Lo que sí, lamentamos la forma en que el gobierno se relaciona con la familia Luchsinger, el mismo hecho de que Andrés Chadwick haya llamado personalmente a Jorge Luchsinger para avisarle, habla de la forma en que se relacionan ellos”, dijo.

Esta investigación ha estado marcada desde un principio por las dudas y las irregularidades de parte de los persecutores, principalmente por la declaración tomada por la PDI a José Peralino, el cuarto condenado, la que inculpaba a los Tralcal, pero que posteriormente fue retractada por el mismo al denunciar que fue torturado por los policías para firmar el testimonio.

Por lo mismo, la defensa de los mapuche continúa preparando una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se revisen las irregularidades del proceso y posteriormente se pueda revocar la sentencia actual a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta acción será a nombre de los Tralcal y también de Peralino.

Con INTERFERENCIA también conversó Peralino, quien cumple actualmente los cinco años de libertad vigilada a los cuales fue sentenciado: “Me parece muy mal, mejor buscan a otros. Los primos Tralcal y yo somos inocentes, eso se lo doy por firmado, porque todo esto es mentira, lo construyó el fiscal [Alberto] Chiffelle y [Luis] Arroyo, junto con los policías Ricardo Villegas, Guillermo Vilches y Claudio Leiro. Nosotros vamos a demostrar la inocencia de los tres a Jorge [Luchsinger], nosotros no somos culpables de la muerte de sus padres”, expresó.

Fiscal Chiffelle imputado

La avanzada de la defensa ante la CIDH es un proceso que puede tardar hasta diez años, tomando en cuenta el promedio de resolución del tribunal internacional. Pero este no es el único camino que tomaron los abogados que representan a los mapuche, asociados en el Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur).

Por otro lado, con mucha menor mediatización, está en curso una investigación por obstrucción a la justicia en la que el imputado es el fiscal del caso Luchsinger, Alberto Chiffelle.

Según información publicada por El Desconcierto, en julio de 2018 el Ministerio Público ocultó la carpeta de una causa anterior de José Peralino, en la cual se le acusaba de planificar el derrumbe de una torre de alta tensión. Esta fue clave en el desarrollo del caso Luchsinger, puesto que a partir de ese caso se detuvo a Peralino y fue en este momento en que se dio el incidente de las declaraciones bajo tortura que posteriormente se denunciaron.

El equipo de CidSur pudo acceder a esta carpeta recién un día después de que se dictó la sentencia contra los Tralcal y Peralino, lo que motivó a los abogados a acusar a Chiffelle de ocultar antecedentes clave, como que el teléfono periciado y atribuido a Peralino, no era realmente suyo.

Según pudo conocer INTERFERENCIA, Peralino declaró durante la semana pasada en el marco de esta investigación, la que es liderada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork.

“No habían armas de fuego”

Tras salir de la audiencia de control de detención, el fiscal Patricio Rosas Ortiz dejó claro que la intención del Ministerio Público en adelante es investigar la red de protección que ayudó a los primos Tralcal.

“El foco prófugos, no se concentra solamente en aquellos individuos que mantienen órdenes de detención sino también en todos aquellos que les pueden facilitar o suministrar medios para evadir el accionar de la justicia” declaró el fiscal.

La nueva arista que trabajará la fiscalía regional, el llamado “Foco prófugos”, al menos en el papel busca desbaratar esta red de protección de los primos Tralcal, aunque desde ya se prevé una fuerte disputa con los abogados defensores.  

Sobre este punto, el abogado Rodrigo Román, quien representó a los Tralcal durante el control de detención, manifestó que no hay delito por parte de las personas que ayudaron a los condenados. En esto coincidió Pablo Ortega, abogado titular de José Tralcal.

“La figura de encubridor tiene relación con un delito en específico, y la fuga, al no estar tipificada como delito, quien ayuda en este caso no debería ser una figura penal. Sin embargo el Ministerio Público cuando ve antecedentes tiene las facultades de investigar, eso está dentro del marco constitucional y legal. Otra cosa es que después determine conductas penales. Esas creo que están ausentes”, dice Ortega.

Algo llamativo fue lo ocurrido con el fiscal Rosas durante la jornada. En la audiencia de control de detención, realizada la tarde de ayer, dijo que se habían encontrado aparentes armas de fuego en el inmueble de La Cisterna en dónde se encontraban escondidos los Tralcal.

Sin embargo, su versión cambió al terminar la audiencia. Al ser consultado por los reporteros sobre las supuestas armas halladas en el sitio, respondió: “En la ejecución táctica de estas órdenes de detención por parte de la Policía de Investigaciones, me consta por haberme constituido presencialmente en el sitio del suceso, que ellos adoptaron todas las medidas de seguridad tendientes a controlar cualquier tipo de peligro”, dijo.

Posteriormente y ante la insistencia de los periodistas acerca de si se encontraron armas de fuego, respondió con un tajante “no”, descartando de esta manera la presencia de armas o de un intento de oposición puesta por parte de los Tralcal al momento de su detención.  

Otro punto fue una denuncia hecha por José Tralcal durante la misma audiencia y que se investigará a través de los registros audiovisuales de la policía. El detenido acusó el trato discriminatorio de parte de un funcionario de la PDI durante el allanamiento, quien le habría señalado “al fin caíste, indio culiao alcalde”. Esta última palabra es el sobrenombre con que se conoce a José Tralcal en La Araucanía.