La Cámara de Diputados aprobó ayer constituir una comisión investigadora que revisará la adquisición de tierras indígenas por parte de personas “no indígenas”, poniendo el foco en las compras de terrenos mapuche en las cercanías de Pucón que el actual subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, realizó en 2009 y 2012.

La comisión pretende investigar todas las compras irregulares, para lo cual revisará las actuaciones de los órganos del Estado como el Ministerio de Desarrollo Social, la Conadi, el SAG, el sistema notarial y registral del Conservadores de Bienes Raíces.

“Los diversos órganos del Estado que participan en el traspaso de tierras tendrán que dar cuenta de lo ocurrido durante todo este tiempo en materia indígena, la comunidad Mariano Millahual será invitada, así como la comisión se extiende a gran parte del territorio de los pueblos indígenas en Chile, no solo del pueblo mapuche”, explicó Emilia Nuyado, la parlamentaria socialista que empujó por establecer esta comisión investigadora.

El subsecretario Ubilla restó importancia a esta comisión y afirmó a La Tercera -diario que de manera consistente ha actuado como vocero de sus intereses y del gobierno- que el Congreso estaba excediendo sus atribuciones constitucionales, por cuanto sus compras de tierras indígenas son un asunto entre particulares.

“Estimo que esta comisión investigadora excede el mandato constitucional que establece la Ley Orgánica y la Constitución, porque lo que pretende es investigar actos privados, personales, entre ciudadanos individuales y privados (...) Aquí no se está investigando una acción como subsecretario, sino la adquisición de terrenos de un privado a otro privado. Pero independiente de la intromisión en la privacidad de un ciudadano común y corriente, voy a colaborar y entregar toda la información”, aseguró Ubilla.

Todos los caminos conducen a Ubilla

La creación de la comisión investigadora se suma a una serie de iniciativas judiciales y administrativas para esclarecer la cuestionada compra de terrenos por parte de Ubilla. 

A inicios de abril, los cinco hermanos y uno de los sobrinos de Jorge Painequir Molina -el fallecido dueño de las cuatro parcelas que el subsecretario adquirió- interpusieron una demanda civil que busca la nulidad de los contratos que permitieron a Ubilla y a la Sociedad de Inversiones Quetroleufú Limitada, perteneciente al subsecretario y sus hijos, hacerse con esas tierras.

Tal como reveló INTERFERENCIA en marzo, las parcelas adquiridas por el subsecretario pertenecían a Guadalupe Moris, esposa de Jorge Painequir, quien las adquirió a su vez mediante una compraventa fiduciaria realizada con su padre, Rumaldo Painequir, en febrero de 2008.

Dos meses después de esa transacción, el matrimonio cambió su régimen matrimonial y decretó la separación de sus bienes. Así, Moris pasó a ser titular de las parcelas y en el año 2009 le vendió a Ubilla 15.000 metros cuadrados por 17 millones de pesos. Tres años después, Jorge Painequir murió sorpresivamente a los 42 años.

Tomando en cuenta que el dueño indígena de la tierra había fallecido, sus hermanos asumieron la representación y decidieron recurrir al tribunal para exigir la nulidad de todos los actos que derivaron en que el subsecretario del Interior adquiriera los terrenos. En la demanda interpuesta alegan que en la transacción “hubo actos jurídicos celebrados con infracción a las disposiciones señaladas en los artículos 1, 2, 12, y 13 de la Ley Indígena (...) Dichos actos constituyen una enajenación de bienes que la Ley Indígena ha calificado de tierras indígenas y que ha sometido a un tratamiento especial”.

Otro flanco para Ubilla es el conflicto que se generó al interior de la Conadi, luego de que el director subrogante de la institución, Fernando Sáenz, declarara que la compra fue legal, afirmando que no serían tierras indígenas, cuestión que respaldó con un informe elaborado por el fiscal subrogante de la corporación, José González.

Tras las declaraciones de Sáenz, los consejeros mapuche de la Conadi, quienes representan a sus comunidades ante el organismo, rechazaron tanto los dichos del director interino como del fiscal.  En conversación con INTERFERENCIA, aseguraron su absoluto rechazo a la interpretación de la ley realizada por el fiscal. 

"Me parece muy preocupante que la institucionalidad que por ley está destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente el tema de la tierra, hoy día esté prácticamente al servicio de los poderosos de siempre, quienes a través de subterfugios vulneran la ley, estén hoy en día instalándose en nuestras comunidades, en nuestros territorios”, aseguró José Millalén, consejero mapuche de la Conadi.

Al interior de la Comunidad Mariano Millahual, la palabras del director subrogante no cayeron bien y por intermedio de su werkén, Carlos Quiñenao, solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse respecto de la legalidad de sus dichos. Quiñenao solicitó que se iniciara un sumario administrativo con el fin de determinar eventuales irregularidades, además de ordenarle a la Conadi, tal como se ha hecho en otras oportunidades, declarar la nulidad del contrato de compraventa realizado entre el subsecretario y Guadalupe Moris.

El proceso continúa abierto en la contraloría regional de La Araucanía, a cargo del contralor Rafael Díaz-Valdés.

El gobierno se cuadra con Ubilla

Siguiendo la línea argumental de Ubilla y consultado por INTERFERENCIA, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, declaró que las tierras adquiridas por el subsecretario, no serían indígenas. “Ya hubo un informe de la Conadi con los elementos legales que corresponden, y que explicó por qué razón esa compra no tiene un problema legal. Aquí hay derechos de una mujer, que no era indígena, que se casó con una persona indígena, y como producto de la separación de bienes, esta persona se hizo de esos bienes producto de la liquidación de esa sociedad conyugal, y pasó a ser propietaria de esos bienes, y luego los vendió sin ser ella una persona indígena”, afirmó Moreno. 

"Llevo tres días en la Araucanía, reunido con muchas personas indígenas en distintos puntos, y este tema no surgió en ninguno de ellos. Muchos de estos temas son muy conocidos porque naturalmente ellos lo viven en su vida personal, muchas personas que son mapuche, se han casado con personas que son no mapuche. Esta situación se ha presentado en varias circunstancias, y lo que los conocen saben bien como se ha tratado", agregó el ministro, bajándole el perfil al tema.

El lunes 8 de abril la secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, aprovechó su tradicional vocería en La Moneda para respaldar a Ubilla: “El subsecretario, además de personalmente estar muy bien, cuenta con todo el apoyo del gobierno del presidente Sebastián Piñera”, afirmó. El mismo día, INTERFERENCIA había publicado una entrevista exclusiva con el vocero de la familia Painequir, Víctor Carrasco Painequir (29 años), sobrino de Jorge Painequir y Guadalupe Moris, quien emplazó al presidente Sebastián Piñera a pronunciarse sobre la situación. Desde su punto de vista, Ubilla ya debería estar fuera de la subsecretaría y la compraventa anulada.

Sin embargo, nadie del gobierno se ha pronunciado respecto de los reclamos de la familia mapuche.