A fines de marzo ingresó al Congreso un proyecto de ley del gobierno que modifica, mediante ajustes a la franquicia tributaria, la manera en que se desarrollan los entramientos laborales a través del Servicio Nacional de Capacitaciones y Empleo (Sence).

La intención era dar un mensaje en apoyo a las Pymes, ante un escenario de desempleo de 6,9% en el último trimestre y un pronóstico de crecimiento que no superará el 3%. Las autoridades buscan combatir la idea de que “se gobierna solo para algunos”, como afirman quedó reflejado en la úlrima encuesta de Criteria. Sin embargo, los principales críticos al proyecto de ley son, precisamente, las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que aseguran que la propuesta los perjudica.

“Queremos manifestar nuestra profunda desconfianza con este proyecto”, afirmó el pasado jueves Enrique Román, dirigente de Conapyme, quien agregó que el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg “va a pasar a la historia como el que generó la mayor concentración de empresas de capacitación en Chile”.

En concreto, las pequeñas empresas aseguran que la nueva ley beneficia a los grandes empleadores, en desmedro de los más pequeños. ¿Por qué? Porque la nueva ley obligaría a las Pymes a co-pagar de antemano las capacitaciones del Sence, a diferencia de lo que ocurre actualmente, donde pueden descontar parte de sus costos una vez al año mediante devoluciones parciales de impuestos.

Hasta ahora, el sistema funcionaba con un copago de los cursos de capacitación por parte de la empresa. Si son pequeñas empresas, y los salarios de sus trabajadores no superan nueve UTM ( cerca de 438.000 pesos), el curso lo paga completamente el Estado a través de la devolución de impuestos. El copago sube por tramos, dependiendo de los salarios de los trabajadores. De esta forma, más de 11.000 empresas chilenas usaron este beneficio en 2017. A esto se suma que los remanentes que quedan, tras dos años de invertidos en una OTIC, - empresas que funcionan intermediando las capacitaciones entre las empresas y una OTEC, que es la que ejecuta el curso-, pueden invertirse en becas laborales o talleres a la comunidad.

El proyecto de ley que impulsa el gobierno pretende cambiar todo el sistema. Según la presentación del ministro Nicolás Monckeberg en la comisión de Hacienda, el 3 de abril, el actual modelo concentra el uso de la Franquicia Tributaria en las grandes empresas, no genera aumento en la productividad y se aplican capacitaciones que no son útiles para los trabajadores. La iniciativa gubernamental incluye un copago en todos los tramos de trabajadores, incluso micro y pequeñas empresas, y que la franquicia se pague cuando se ejecute y que no se pueda “guardar” esa inversión en las OTIC. También se crean fondos concursables de capacitaciones para Pymes.

Pero el proyecto tiene como detractores a los mismos ejecutores de las capacitaciones, las OTIC y Organismos Técnicos de Capacitación – OTEC, empresas que se dedican netamente a capacitaciones laborales y tienen permiso Sence para usar la franquicia tributaria– y a las Pymes, usuarias del sistema. En una jornada de debate el jueves 6 de junio, sus argumentos apuntaban en contra de lo que el Gobierno presenta como la principales ejes del proyecto: el copago y el uso de la franquicia tributaria.

Para las OTEC, a pesar de que las cifras del ministerio muestran que en porcentaje se capacita un número menor de trabajadores de pymes que de grandes empresas, esto se debe a que las pymes tienen en promedio 10 trabajadores. De hecho, las cifras oficiales del Sence del 2015 cifraban en más de 6.000 los trabajadores de pymes capacitados por este sistema.

Hasta hoy, existen más de 2.000 OTEC en Chile, y según estadísticas del Sence, ninguna concentra más del 3% del gasto que realiza el Estado en Franquicia Tributaria. Con el proyecto, la Asociación de OTEC, las OTIC y las Pymes auguran que desaparecerían la mayoría de las OTIC –que actualmente son 20–, concentrando el mercado de capacitaciones de las OTIC sobre todo en dos jugadores: la Cámara Chilena de la Construcción y de la Sofofa, y que cientos de OTEC desaparecerían. Esto, debido a que las Pymes evitarían pagar el copago, que hoy en su mayoría no pagan, al tener trabajadores con salarios en el primer tramo, donde el Estado cubre todo el costo de capacitaciones.

“Todo tiende a la concentración del mercado. Si pones un copago, las que invertirán en capacitación van a ser las empresas más grandes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchas empresas agrícolas. Ellas se capacitan en invierno, cuando tienen la franquicia tributaria pagada y ya han recibido la devolución a través de impuestos. El proyecto crea un desincentivo para la capacitación del sector agrícola, donde hay 30.000 trabajadores que se capacitan”, comenta Rodrigo Guzmán, de la OTIC de Capacitación Regional de O’Higgins.

De las personas que se capacitan a través de la gestión que hace una OTIC –conectando una OTEC para que realice un curso a una empresa–, 74% no ha terminado la enseñanza media. Con esto, el gremio de OTIC y OTEC argumenta que estas personas, que en general no acceden a salarios altos, quedarán fuera de las capacitaciones que entregan.

Carlos Linares Oyarzún, Presidente de la Asociación de OTEC (AGMO) , manifestó en la jornada realizada en el ex Congreso del pasado jueves que con el copago, 62% de las capacitaciones actuales desaparecerían.

“Es una mala ley. No se escuchó a los actores claves de la industria, se castiga a los trabajadores más vulnerables, la capacitación va  a ser un costo para la empresa, dejará a 6.000 personas sin capacitación y a 16.000 trabajadores de las OTEC sin empleo”, sentenció el dirigente, al finalizar su exposición.

Para Monckeberg, la reforma beneficia a las Pymes, que podrán acceder a fondos concursables de capacitaciones y a becas. “El copago permite que la empresa sienta que se juega algo en esa capacitación”, afirmó el ministro en su presentación en el ex Congreso.

Las OTEC insisten en que la propuesta las reduciría al mínimo. La mayoría de las OTEC son también Pymes, con un promedio de diez trabajadores y con ingresos anuales que no superan los 50 millones de pesos. Óscar Burgos, de la OTEC Agoval, de Valparaíso, afirma que el proyecto afecta en especial a las OTEC regionales y beneficiaría a las OTIC y OTEC propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Sofofa.

“Nosotros como Agoval hicimos un análisis profundo, y vimos que va a afectar a las OTEC, nos van a hacer desaparecer. Porque el Sence va optar por privilegiar los cursos de las OTEC de la Cámara Chilena de la Construcción, la Sofofa, o de INACAP, Santo Tomás u otros institutos. Porque la nueva ley privilegia la continuidad de estudios, que no es lo mismo que las capacitaciones laborales”, opina Burgos

Burgos afirma que sus sospechas se acrecentaron luego de conocerse, tras un reportaje de El Mostrador, que Bernardo Ramírez Bañados, quien fue gerente de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, fue asesor del Ministerio del Trabajo durante la realización del proyecto.

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, reafirma que el temor a la concentración del mercado de capacitaciones existe y que será tomado en cuenta en el debate parlamentario. “Yo creo que el ministro va a tener harto trabajo reordenando el proyecto de ley, a nosotros nos interesa escuchar a todos los actores”, comentó Núñez a INTERFERENCIA.

“No se va a favorecer a las empresas grandes, esa afirmación es absolutamente falsa y malintencionada. Eso demuestra cómo algunos, con tal de defender su interés personal van a inventar una y mil cosas. Hoy precisamente lo que hacemos con esta ley es que las OTIC que tienen la posibilidad de acumular fondos, ya no lo hagan, que se acabe para las chicas, las grandes y las medianas. No vamos a permitir, a ninguna Otec, incluida la Cámara Chilena de la Construcción, que lucre en base a los intereses de platas no utilizadas en capacitación”, respondió el ministro Monckeberg, al ser consultado por INTERFERENCIA.

Ante la duda de las OTEC, que ven el monto que entrega el Estado destinado a capacitaciones como un derecho adquirido, el ministro insiste en que “los 400 millones de pesos que se gastan en capacitación se van a seguir usando, pero en mejores cursos”. Para ejemplificar, en la jornada de este jueves el ministro dio el ejemplo de que ya no existirían capacitaciones que no estuviesen relacionadas con el trabajo, “como un curso de danza del vientre”, señaló.

Carlos Linares, del gremio de las OTEC respondió que nunca había visto un curso con código Sence de la danza del vientre. “Le pido que nos haga llegar ese código. Probablemente no existe y si existe, es porque el Sence lo autorizó”, sentenció el dirigente. Linares finalizó solicitando a los diputados que le permitan a su gremio asistir a la discusión del proyecto de ley. “Nosotros somos los aliados de las capacitaciones, no sus enemigos”, finalizó, tras fuertes aplausos.