El miércoles 23 de diciembre el Ejército lanzó un comunicado en referencia al bullado caso FAM, el caso de estafa piramidal en el cual se involucró la maquinaria oficial del ejército y, posteriormente, se desviaron fondos públicos para cubrirlo, Un caso que ya suma más de $3 mil millones de pesos y por el cual están siendo procesados 800 militares, tanto activos como en retiro.

El comunicado del Ejército señalaba que se instruyeron dos investigaciones sumariales administrativas “las que actualmente se encuentran en su etapa final y tienen por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan”, señala el escrito oficial.

Sin embargo, fuentes castrenses comentan que “esos sumarios eran deficientes, tanto así que al recibirlos el General Martínez ordenó que se unificaran en una sola investigación y que se profundizara en ellos pues no estaban a la altura de lo que se requería dado el impacto mediático del tema”.

El año 2018 se abrieron dos sumarios en el Ejército por el caso FAM. Uno, en el Comando de Operaciones Terrestres, con la finalidad de determinar responsabilidades y estructura del pago de viáticos fraudulentos, algunos de ellos incluso por viajes a Santiago para comprar en el mall. El otro de los sumarios se abrió en el Comando de Personal por contratos fraudulentos, muchos de ellos por prestaciones no realizadas por las cuales se pagaron sueldos. 

El sumario del Comando de Personal del 2018 fue cerrado en agosto del 2019 sin encontrarse responsables y fue elevado a conocimiento del general Martínez Menanteau. El sumario del Comando de Operaciones Terrestres sigue abierto. Entonces Martínez consideró insuficiente la investigación y ordenó unificar ambos sumarios en uno solo.

Es así como el General Rodrigo Pino, comandante de la división de educación del ejército, quien fue agregado militar en Israel, especializado en inteligencia militar y magister en ciencias militares y educación, tomó la investigación interna. Pino es además el General a cargo de la Araucanía desde febrero de 2019, y tendrá la responsabilidad de la realización del consolidado final de la investigación interna del caso FAM, el cual debería estar listo en los primeros días de enero. También debiese aclarar culpabilidades en el tema. El plazo perentorio y con dedicación exclusiva para la entrega del documento finaliza el 15 de enero 2021. 

En el marco de estas investigaciones, INTERFERENCIA tuvo acceso a la copia judicial del testimonio de uno de los acusados como parte del fraude FAM. Se trata del ex jefe de comando de personal del Ejército, el general Daniel Aberl, quien fue acusado por el Consejo de Defensa del Estado como uno de los responsables del desvío de fondos del ejército para pagos del FAM. En ella, Aberl relata la persecución que vivió y la extorsión que realizó el auditor general del Ejército, general Felipe Cunich, para convencerlo de inculparse en los sumarios internos de la institución para así dejar limpios a los demás altos mandos y al propio Comandante en Jefe, Ricardo Martínez Menanteau.

En los documentos recibidos por este medio (ver foto) existe una carta fechada en 2018, donde el general Aberl da cuenta al comandante en jefe Martínez de una situación gravísima: “luego de una profunda meditación personal, he estimado dar cuenta al señor Comandante en Jefe del Ejército una situación inusual e irregular que excede cualquier ámbito legal”.

Prosigue la carta señalando que el 23 de marzo del mismo año, tras varias llamadas no respondidas, recibe un mensaje de whatsapp del General Cunich en el cual le pide que se reúnan, porque tenía algo importante que conversar con él. 

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Carta del general Aberl

Es así como coordinan una reunión el día 2 de abril en la catedral castrense, para luego dirigirse a un café cercano en calle Los Leones. En la misiva enviada a Martínez, Aberl señala: “Me habla sobre el sumario administrativo interno y me pide que asuma parte de la responsabilidad administrativa, ya que ello sería muy bien visto por la institución y a mí no me afectaría por estar en retiro. Me indica que esto sería recompensado por una futura recontratación. Para ello, él confeccionaría una pauta con los puntos a declarar para estos fines. Esta propuesta la rechacé de plano indicándole que no tenía por qué asumir responsabilidades ajenas”.

Aberl comenta además en dicha carta que la propuesta del Auditor General del Ejército transgrede el principio de probidad consagrado en el artículo 13 del reglamento de disciplina para las FF.AA. Adjunta a su carta una fotografía del mensaje de whatsapp recibido, el mismo que hoy se encuentra dentro de la carpeta investigativa del fiscal Palma.

Para sorpresa de Aberl, el comandante en jefe del ejército no sólo no instruyó investigar dicha denuncia, sino además protegió al auditor y envió una respuesta a través de su secretario al general Aberl, cuatro meses después, donde puso en duda la veracidad de la denuncia.

El general Cunich prosigue con su intención de buscar un auto inculpado entre otros generales y es así como termina denunciado con una grabación en la que queda en evidencia su propuesta ilegal al general Rodrigo Díaz Amechazurra y que fue publicado por Radio BíoBío.

En el registro se escucha a Cunich leer una minuta en la cual estaban los puntos en los que Díaz Amechazurra debía declararse culpable en el sumario interno del ejército a cambio de ser reincorporado a la institución.

Cunich salió del ejército en medio del escándalo ,pero es contratado a honorarios en el Edificio Bicentenario como asesor de auditoría del ejército, contratación aprobada por Martínez Menanteau. Duró pocos meses ya que fue denunciado internamente por su presunta culpabilidad en el escándalo de los audios y hoy trabaja como personal a honorarios en la fundación Alcázar, de la cual es director y representante legal Leonardo Martínez Menanteau, el hermano del comandante en jefe del Ejército.

Según los antecedentes de la carpeta investigativa, además el general Aberl entregó copia de documentos que demuestran que mientras estaba cumpliendo sus funciones, él normó los contratos a honorarios de los afectados por el FAM que fueron reincorporados al Ejército durante los años 2015 y 2016, informes que fueron firmados por el coronel de la zona, Alberto Rivera Valencia. (ver foto)

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La contraloría determinó además en un fallo de 2020, que Aberl era responsable de estas 19 contrataciones. De la misma forma que determinó que Rivera Valencia debía supervisar que las labores se cumplieran, pues esa labor no correspondía al departamento de personal sino más bien a la contraloría del ejército, a la que pertenecía Rivera Valencia.

Al descubrirse que cuatro de los 19 funcionarios a honorarios no cumplían con sus funciones y recibían igualmente sus sueldos, se realizó un sumario interno. En ese sumario Rivera Valencia señaló que nunca estuvo al tanto de que debía supervisar a los funcionarios pese a que su firma estaba en los informes mensuales que llegaban a Aberl. Rivera Valencia señaló que su firma había sido falsificada. El sumario se cerró sin responsabilidades.

Aunque estos antecedentes están en manos del fiscal Palma, hasta hoy Martínez sólo ha sido mencionado como testigo, y así le tocó declarar en la causa. Sin embargo, fuentes de la investigación argumentan que el fiscal Palma está recabando estas y otras informaciones que, en el corto plazo, tendrían como consecuencia que Martínez Menateau pase de testigo a imputado.

Aberl trató de hacer públicos estos antecedentes en Canal 13, donde fue entrevistado por un periodista del área de reportajes. Sin embargo, la nota nunca salió pese a estar grabada. ¿La razón? “Una orden de Luksic”, señala uno de los editores del canal que por temor a represalias laborales prefiere reservar su identidad (cabe recordar que Andrónico Luksic es reservista del ejército, ver nuestro artículo "Estos son los encumbrados ‘reservistas’ VIP de las Fuerzas Armadas").

El rol de Martínez Menanteau

La necesidad de Martínez de ahondar en el caso FAM, señala una alta fuente de la institución, “no obedece solamente a una necesidad de limpiar la institución o mostrarse transparente para no hacer tambalear su cargo antes de tiempo; también le importa mucho desmarcarse de cualquier sospecha de participación de su parte. ¿Por qué?. Simple, porque ha sido sindicado como parte de la maquinaria que ocultó el fraude”.

Según ha trascendió desde tribunales, hay al menos tres uniformados que han señalado a Ricardo Martínez como parte de quienes elaboraron este intrincado sistema de pagos con dineros del Estado para compensar a quienes fueron estafados por el FAM. Dos de ellos incluso presentaron una querella judicial en 2018, los generales Rodrigo Diaz Amechazurra y Fernando San Cristóbal Schott, ambos jefes zonales de la IV dotación de Aysén, donde se provocó el ilícito. 

Los dos acusan, - en su querella por fraude al fisco en contra del ejército-, que: “es absolutamente evidente que el Ejército de Chile (…) pretende limitar (…) todo el conjunto de este tipo de hechos (…) con la finalidad de que sean solo los oficiales que estuvimos el mando de la IV División, los que carguemos con las culpas de estas antiguas decisiones (…) que idearon y ejecutaron en el marco de un plan definido e implementado por (…) altos mandos en Santiago, como una política institucional”, publicó radio Bíobío.

Según trascendió, en su declaración los ex militares que están a punto de ser procesados por el caso FAM habrían incluido en la nómina de altos mandos relacionados con el desvío de fondos públicos al actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez Menanteau. Declaración que también habría realizado otro ex uniformado que será formalizado próximamente y quien aseguró recibir ordenes directas de Martínez acerca de contrataciones.

Cabe destacar que durante el período del General Fuente Alba, Martinez Menanteau fue subjefe del estado mayor conjunto. En tanto, con Oviedo estuvo de jefe del estado mayor general, cargo en el cual, según señalaron los declarantes, Martínez habría participado al menos de dos reuniones donde se actualizó el estado de pagos por fraude de FAM a funcionarios en retiro que eran recontratados.

Además, el manejo de dineros de la institución dependía directamente de él por lo que resulta inverosímil el hecho de que Martínez Menanteau no haya estado en conocimiento, tanto del pago de viáticos, como del pago de honorarios y asignaciones, pues esos pagos estaban debidamente identificados en el caso de las víctimas del FAM.

La situación se tornaría aún más compleja de ser ciertas estas acusaciones, ya que es precisamente en el período del General Oviedo cuando se pagaron mayor cantidad de prestaciones por servicios no realizados, lo que implica un doble fraude al Estado: Primero por desviar fondos de otras áreas del ejército para estos pagos, y en segundo lugar, por tratarse de prestaciones no realizadas.

Pleito judicial entre fiscalías

La fiscalía militar solicitó la semana pasada que la ministra Romy Rutherford se haga cargo de la investigación y que ésta deje de ser parte de la fiscalía civil de Aysén. Esto ha trabado nuevamente las investigaciones, ya que por solicitud del fiscal militar Luis Araya,- que es respaldada por el Consejo de Defensa del Estado-, se mantiene detenidos a los procesamientos.

"Si la Corte decidiera que ella es la competente, nosotros vamos a trabar la competencia y tendrá que ser resuelto por la excelentísima Corte Suprema" señaló el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma a Cooperativa, quien agregó además que: "me parece increíble la decisión del fiscal militar de pedir esta competencia, de llevar un asunto que es completamente ordinario para ser resuelto por la justicia militar, porque no corresponde".

Información entregada a INTERFERENCIA señala que el día 28 de diciembre el Consejo de Defensa del Estado habría enviado a la magistrado su opinión sobre esta posibilidad, señalando que sería lo correcto que tomara el caso.

Según señala una fuente castrense, Rutherford dispuso tener presente la opinión cuando determine si la asume. Fuentes judiciales comentan además que la Corte Suprema también le hizo ver a la magistrada que sería bueno asumir esta causa, algo bastante significativo pues sería este tribunal quien zanje finalmente si compete o no tomar la investigación por parte de la magistrado castrense.

Para el próximo martes 5 de enero a las 17:30 hrs. se espera el Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez asista a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde deberá exponer las acciones que ha efectuado en este caso.