Durante marzo, INTERFERENCIA dio a conocer una red de delación ilegal al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA) entre la policía uniformada, funcionarios municipales y directivos del establecimiento en los artículos La red creada por el alcalde Alessandri y Carabineros en el INBA para que profesores delaten estudiantes y Nuevos WhatsApp INBA: inspectora ascendida a rectora subrogante delató al menos a un estudiante. 

Este medio pudo acceder a pantallazos de un grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el antiguo rector del INBA y profesores; mediante el cual se buscaba evidencia para expulsar o detener estudiantes. Junto a estas conversación grupal digital, esta redacción también accedió a la declaración de un profesor involucrado sin su voluntad en la red de delación.

La información contenida en las publicaciones generó una serie de denuncias y declaraciones en contra de este espionaje a menores de edad, además de investigaciones al respecto en Carabineros, Contraloría y en el Congreso Nacional. 

Este viernes, los antecedentes llegarán a la justicia, puesto que la Corporación 4 de Agosto -entidad jurídica que logró fallos favorables hacia menores expulsados en el contexto de Aula Segura durante 2019- y la concejala de Santiago, Rosario Carvajal (independiente), presentarán una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos imputados. 

Solicitan que se tome declaración –en calidad de testigos- a Roberto Sánchez, jefe de gestión institucional durante el tiempo en que funcionó el grupo de Whatsapp. También, trabajó en estrecha relación con el alcalde Felipe Alessandri (RN) hasta que dejó el cargo.

Junto con ello, solicitarán que el Ministerio Público “desarrolle una investigación destinada a acreditar la comisión de los hechos objeto de la misma, y a determinar la identidad y responsabilidad de todos quienes resulten responsables, y que en virtud de ello se formalice la investigación respecto de dichas personas, se les acuse y se obtenga en el juicio oral correspondiente la condena al máximo de las penas establecidas en la ley, más el pago de las indemnizaciones civiles que se demandarán en la oportunidad procesal correspondiente”, según se lee en el texto al que INTERFERENCIA tuvo acceso. 

Además, solicitan que se despache la orden de investigar a la Brigada del Cibercrimen correspondiente, para efectos de que se lleven a cabo aquellas diligencias tendientes a esclarecer los hechos. 

En esa línea, solicitan que se tome declaración -en calidad de testigos- a Roberto Sánchez, jefe de gestión institucional de la Dirección de Educación de Santiago durante el tiempo en que funcionó el grupo de Whatsapp. También, trabajó en estrecha relación con el alcalde Felipe Alessandri (RN) hasta que dejó el cargo, según documentación municipal. (Revise los antecedentes acá).

Hoy, Roberto Sánchez postula a la elección de concejales en la comuna de San Ramón; pero lo hace con su segundo nombre; Alexis, por el mismo partido de Alessandri: Renovación Nacional. 

Junto a Sánchez, también fueron citados a declarar Ana María Gajardo, rectora subrogante del INBA; Jaime Uribe, ex rector del INBA; y el teniente coronel de Carabineros, Felipe Neira. Esto con el objeto de que señalen el conocimiento que tienen de los hechos. Todos participaron del controvertido grupo de WhatsApp. 

Por segunda vez, la Municipalidad de Santiago -mediante su director jurídico- solicitó ampliar el plazo para dar respuesta a un oficio solicitado por la Contraloría sobre el Caso INBA. 

Recurso de protección

En complemento, la Corporación 4 de Agosto y la concejala Carvajal también presentarán un recurso de protección en contra del INBA, la Municipalidad de Santiago y Carabineros de Chile, en representación de los apoderados de uno de los estudiantes expuesto a través de las delaciones ocurridas en el servicio de mensajería instantánea. 

Entre los fundamentos de derecho para llevar adelante la iniciativa, señala el documento, se expresa que “la acción de Protección es necesaria y procedente para proteger los derechos fundamentales afectados”, junto con “el carácter arbitrario e ilegal de la conducta ejecutada por los funcionarios involucrados en la red” y “la lesión al derecho de respeto a la vida privada y protección de los datos personales de NNA”.

El abogado querellante de la Corporación 4 de Agosto, Javier Pineda, afirmó a INTERFERENCIA que “no podemos naturalizar la impunidad. Esta querella tiene por objetivo buscar las responsabilidades de aquellos funcionarios que abusaron de su poder como tales y constituyeron redes de espionaje para vulnerar los derechos fundamentales de estudiantes menores de edad. Queremos que la justicia de una potente señal para que esto no vuelva a ocurrir”.

A su vez, la concejala Carvajal señaló a este medio que “Alessandri no ha respondido en concejo, no ha iniciado sumario administrativo y tampoco responden a Contraloría. Esta querella nos permitirá iniciar la investigación y perseguir las responsabilidades penales de los funcionarios de la dirección de educación”.

Prórroga a oficio de Contraloría

Por segunda vez, la Municipalidad de Santiago -mediante su director jurídico- solicitó ampliar el plazo para dar respuesta a un oficio solicitado por la Contraloría sobre el Caso INBA. 

Por lo tanto, la entidad fiscalizadora, a partir de lo establecido en la ley que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, otorgará cinco días hábiles extra al municipio dirigido por Alessandri para cumplir con lo solicitado. 

“Observo que Alessandri escapa a su responsabilidad y no contribuye con la investigación, lo que es grave”, indicó Hassler. 

El oficio fue interpuesto por la Contraloría el 10 de marzo, luego de que la concejala de Santiago y candidata a la alcaldía, Irací Hassler (PC), entregara pantallazos y otros antecedentes relativos a la red de delación a la entidad de control del Estado. 

La concejala también ha solicitado en distintos concejos municipales al alcalde pronunciarse tanto por el oficio de la Contraloría como de otras indagatorias. “Observo que Alessandri escapa a su responsabilidad y no contribuye con la investigación, lo que es grave”, indicó Hassler a este medio. 

Para Hassler, la falta de respuesta de Alessandri a las consultas realizadas en concejo, así como también la demora en responder el oficio de Contraloría y la negativa del edil de iniciar una investigación sumaria dentro del municipio parecieran “amparar en la práctica estos hechos [los relativos a la red de delación en el INBA]”.