En marzo de este año, INTERFERENCIA publicó un reportaje donde se develó la coordinación entre la administración del ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, Carabineros y autoridades del Internado Nacional Barros Arana para acusar, detener y expulsar estudiantes del establecimiento que participaron en protestas durante el 2019. Lo hacían a través de un grupo de WhatsApp, titulado “INBA - CC”, al que este medio accedió. (Revise acá el artículo).

Al día siguiente de publicado el reportaje, el entonces alcalde Alessandri se desentendió de la red de delación de estudiantes, a pesar de que el grupo fue creado por funcionarios de la Dirección de Educación de su municipio, además de que incluso un trabajador de su confianza diera órdenes directas del edil a los participantes a través del chat. “Yo no soy parte del WhatsApp así que no tengo los antecedentes”, afirmó durante un Concejo Municipal. 

En paralelo, profesores y parlamentarios emitían declaraciones, denuncias y comunicados. Contraloría y Carabineros, por su parte, anunciaban investigaciones administrativas.

Contactados por INTERFERENCIA, a ocho meses de aquel anuncio, desde comunicaciones de Carabineros indicaron que “la indagación investigativa se encuentra en desarrollo”, sin contar con plazos para su cierre.

Desde Contraloría, en tanto, aseguraron algo similar: “la denuncia se está tramitando”. Cabe recordar que ésta fue interpuesta por Irací Hassler (PC) en su antiguo rol como concejala de la comuna de Santiago, de la cual ahora es alcaldesa.  

Ahora, este medio accedió a un informe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago, donde la actual administración establece y reconoce los hechos, a partir de un recurso de protección por uso ilegal y arbitrario de información personal y sensible de menores de edad, el que fue declarado admisible por la Corte Suprema el 3 de junio pasado. (Revisé acá el artículo) 

A su vez, en su respuesta a la Contraloría General de la República, el municipio también da cuenta de los mismos hechos y describe en detalle tanto el modo de operación como los integrantes del grupo de WhatsApp. 

“En este recurso de protección solicitamos que se ordenara a Carabineros y a la Municipalidad de Santiago borrar toda la información de la red de espionaje de estudiantes del INBA. En definitiva, Carabineros dice que ellos no tienen nada que ver y que están realizando investigaciones al respecto. En cambio, la Municipalidad de Santiago establece que hay antecedentes verosímiles respecto a la existencia de esta red, que dictó una orden para borrar estos antecedentes y que jurídicamente el recurso de protección deja de tener vigencia toda vez que ellos se hacen responsables de borrar todos los antecedentes que se soliciten”, explicó a este medio Javier Pineda, abogado de la Corporación 4 de agosto. 

El abogado explicó que en particular a ellos como defensores este reconocimiento de los hechos por parte del municipio les sirve en la arista penal, “pues tenemos presentada una querella en contra de quienes resulten responsables, principalmente Carabineros por la administración de información sensible y vulneración de la ley de inteligencia”. 

Administración actual

Desde la administración Irací Hassler declararon a INTERFERENCIA que en estos cuatro meses desde que asumieron el municipio han realizado una serie de acciones con tal de poner fin a estas prácticas de espionaje y delación ilegal de estudiantes dentro de los establecimientos.

El director de Educación de la Alcaldía de Santiago, Rodrigo Roco, señaló que “la comunidad del INBA fue muy golpeada por la estrategia represiva, violenta y destructiva que desplegó la gestión Alessandri y los directivos que ella colocó en el establecimiento. Por cierto, a Alessandri no le interesó enfrentar el problema más profundo de nuestra educación liceana como país y como INBA, que es el desfase entre lógicas de trabajo pedagógico pensadas a mediados del siglo XX respecto de las necesidades y características de la juventud chilena del siglo XXI. Probablemente ni siquiera lo visualizó como tema”.

Por el contrario, según Roco, la gestión de la alcaldesa Hassler desde el 28 de junio se está abocando a actuar en ambos planos. “Reparar el enorme daño y divisiones causadas en la comunidad inbana y empezar a enfrentar los desafíos educativos de este siglo. Ninguna de las aristas es fácil de abordar y muchas acciones que deben ser adoptadas no entregarán resultados inmediatos, pero ese es el camino que se está transitando porque es el único que resolverá los problemas de fondo y los de largo, mediano y corto plazo”, afirmó.

Según el funcionario municipal, “la reparación a la comunidad inbana ha pasado, en primer lugar, por abrir una conversación con todos los actores y tener una escucha activa respecto de sus inquietudes. La gestión Alessandri ya no dialogaba con el Centro de Madres, Padres y Apoderados ni con el Centro de Estudiantes, y esa fue la primera medida que adoptamos: juntarnos con ellos y escucharles”. 

En cuanto a los avances que han tenido en el tema, Roco destacó el nombramiento de un nuevo Rector interino en el INBA que promueva el diálogo y el encuentro para ir enfrentando los diferentes problemas en el mes de agosto y establecer el Instructivo alcaldicio N°1 (07-09-2021) “que busca desterrar para siempre prácticas ilegales como la persecución a estudiantes a través de grupos de WhatsApp en que se invita u obliga a participar a docentes y asistentes de la educación”. 

Asimismo, han trabajado en la gestión con parlamentarios (Vallejo, Girardi, Winter) para asegurar la aprobación en la Cámara y el Senado del “Proyecto de Ley que crea cupos especiales para los establecimientos educacionales con modalidad de internado”, el cual logra su aprobación definitiva a mediados de octubre 2021 y espera ser promulgado como ley. 

Junto con ello, han previsto la próxima apertura del concurso público para designar a el o la rector(a) para el periodo que viene.