Este lunes 22 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que el requerimiento presentado por los defensores de Luis Tralcal, Jose Tralcal y José Peralino, condenados por el caso Luchsinger Mackay, pasaba examen de admisibilidad, lo que significa que el Estado deberá presentar observaciones a la entidad internacional.

Recordar que José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, fueron condenados en 2018 a 18 años de cárcel y pese a que la Corte Suprema descartó el delito terrorista, se mantuvo la condena por incendio con resultado de muerte, acusados de ser los autores del incendio que en enero 2013 terminó con la vida del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, en el fundo de estos en Vilcún, Región de La Araucanía. 

Por su parte, José Peralino Huinca fue sentenciado a cinco años de presidio bajo el beneficio de libertad vigilada, quien se desdijo de su testimonio que apuntaría a su participación y la de los otros acusados. Mientras que la machi Francisca Linconao y otros siete imputados fueron absueltos. 

Para los abogados Sebastián Saavedra, Karina Riquelme, Matías Meza, Pablo Ortega y Pablo Villar, el juicio dejó serias dudas, por ello es que en abril de 2019 presentaron un requerimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que observe el proceso que se realizó. (Leer: Intercederán ante la CIDH por condenados en caso Luchsinger-Mackay).

Karina Riquelme, abogada que representa al dirigente José Tralcal Coche, apunta a que este es un paso histórico, dada la relevancia del caso en sí.

“La persecución que se dio en el caso Luchsinger-Mackay contra los 11 acusados que fueron llevados a juicio en tres oportunidades, y de los cuales tres resultaron condenados, es algo inédito tanto para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto por la falta de objetividad y de debido proceso que hubo en la investigación, como también por las denuncias de apremios ilegítimos en contra de la Policía de Investigaciones. Esto fue respaldado por el Poder Judicial en distintas instancias y por más que realizamos las denuncias de apremios ilegítimos llegamos a un juicio en el que incluso se presionó a una jueza para que se obtuviera una condena, presión que se realizó a través de los gremios y que terminó con la condena de tres personas inocentes”, mencionó.

La abogada precisa entre las irregularidades algunas de las pruebas que se utilizaron durante el juicio por parte de la Fiscalía de La Araucanía, como la georeferenciación que supuestamente ubicaba a los Tralcal dentro de la reunión mencionada por José Peralino. 

“Este tipo de georeferenciación no ubica a nadie en un lugar específico, sino que en un radio de ciertos kilómetros, y nosotros pudimos comprobar que el radio en que se ubicaba a José Tralcal era el mismo en donde estaba su domicilio. La única prueba que se llevó adelante y que termina con la condena es la declaración de José Peralino, que no habla solo de los hermanos Tralcal, sino que de otras ocho personas. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, la machi Francisca Linconao también tenía una georeferenciación, pero probablemente por la figura que ella representa fue absuelta, pero tenía que haber una moneda de cambio, algún condenado, para terminar con un buen apretón de manos entre Sebastián Piñera y la familia Luchsinger”, dijo.

INTERFERENCIA conversó con Juan Carlos Tracal, hijo de José Tralcal Coche, quien habla a nombre de su padre:

“La información de la CIDH, que se nos informó por los abogados, fue totalmente alentadora para nosotros. Manifiesta explícitamente la inquietud de los tribunales internacionales respecto a la vulneración de derechos en un proceso judicial muy irregular. Hasta el cansancio hemos dicho que mi padre, como también Luis y José Peralino, son totalmente inocentes y lo volvemos a repetir a toda la gente, también a la familia Luchsinger Mackay. Esto reabre la posibilidad de demostrar la inocencia en base a argumentos fundados y la no presencia de pruebas acusatorias. La condena en Chile fue el resultado de intereses políticos enmarcados en el conflicto del Estado chileno con el Pueblo Mapuche, acusando en este caso a dos dirigentes emblemáticos del territorio”, indicó.

Esta notificación de parte del organismo internacional la consideran una posibilidad “por el bien de la paz entre los pueblos. La CIDH resuelva  a favor de nuestros familiares y demuestre que se puede hacer justicia sin discriminar al pobre y al indígena como históricamente lo han hecho los tribunales de justicia chilenos”, añadió.

Para el abogado Sebastián Saavedra, el caso de Luis Tralcal, es paradigmático respecto a la persecución política en contra de un dirigente, pues lo ha representado en más de nueve casos. “Ha sido acusado por Ley Antiterrorista al menos cuatro veces y siempre fue absuelto, por pruebas solo basadas en indicios y prejuicios, bastante similar a lo que pasa en el caso Luchsinger Mackay, pero en este caso contó con un respaldo político gigantesco de parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, fue a almorzar un día donde Jorge Luchsinger y felicitó públicamente a través de twitter al tribunal oral”.

Respecto a la solicitud en la CIDH lo califica como un primer gran paso. “Estos son procesos extensos, el caso que más conozco es del de Norin-Catriman que fue precisamente por la aplicación de Ley Antiterrorista a comuneros mapuche, demoró cerca de 10 años. Ahora se inicia un proceso de admisibilidad de la petición para que el Estado de Chile conteste nuestro requerimiento. Esperamos que sea acogido lo antes posible, porque están privados de libertad”.

El testimonio que desdijo Peralino: “La piedra angular de las condenas”

La condena de los dirigentes mapuche se basa en el testimonio de Peralino Huinca, quien según el relato que entregó al Juez de Garantía fue hostigado durante dos años por la Policía de Investigaciones (PDI). En su testimonio afirmó que la declaración era falsa y que había firmado papeles sin leerlos.

Pablo Villar Maureira abogado querellante de José Manuel Peralino Huinca, indica que Peralino es víctima del delito de apremios ilegítimos “por parte de agentes del Estado para arrancar una declaración en una causa criminal”.

“Primeramente lo citaron supuestamente en calidad de testigo de otro hecho, investigación que incluso se encuentra archivada. A él se le comienza a interrogar varias horas sobre la causa Luchsinger, José Manuel es una persona de campo, sencilla y con recursos emocionales y educacionales distintos al de alguien de ciudad. Estuvo sometido varias horas, sin alimentación, con coacción si no colaboraba con lo que le pedían. Le dijeron que terminaría con serias consecuencias en su contra, también su familia y su pareja. Por eso él decide colaborar de la forma que le piden, que es básicamente rectificando las imputaciones que estaba haciendo la policía en ese momento. Con esa declaración se sometió a proceso a varias personas de lo que se denomina la causa Luchsinger”.

Villar explica que a José Peralino Huinca lo privaron de un abogado presente “cuando este interrogatorio era la causa más importante de Chile en ese momento, eso es inexcusable, por lo que ahí ya hay algo extraño. Supuestamente José parte como testigo y muta su declaración por el ‘peso de su conciencia’. Tampoco se grabó, ni se le señala que tiene derecho a guardar silencio, le privan de derechos, no se llama a un abogado defensor,  cuyo testimonio es la piedra angular de las futuras condenas”.

Respecto a la admisibilidad en la entidad internacional, el abogado comenta que “espero que determine que hubo infracciones a los derechos humanos de nuestros representados y que se obligue al Estado de Chile reparar el daño causado y adecuar el sistema interno para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir más”, concluye Pablo Villar.

Juan Carlos Tracal, hijo de José Tralcal Coche, también da cuenta de la actual situación de su padre. "La injusticia se sigue manteniendo en el recinto penitenciario. Mi padre, hoy mantiene abierto un proceso de abono por 123 días en que se mantuvo con arresto domiciliario total mientras esperábamos la resolución de la Corte Suprema del 10 de octubre del 2018. El tribunal de garantía ha suspendido varias veces la audiencia por presión de los querellantes del gobierno y de la familia Luchsinger, pero también por la inoperancia de la Defensoría Penal Pública quien llevaba el caso. Tras muchos problemas de comunicación y falta de preparación decidimos cambiar de defensora por una abogada particular, esperando que este 5 de abril se resuelva a favor de mi padre en el Tribunal de Garantía de Temuco", informó.