La trama entre ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y el juez de garantía Daniel Urrutia suma un nuevo capítulo, luego de que el juez, el pasado 25 de marzo, modificara la cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total a 13 supuestos manifestantes de la ‘primera línea’ –grupo conocido por enfrentarse con las fuerzas policiales en las inmediaciones de Plaza Dignidad o Plaza Italia.

El juez justificó su resolución en razones humanitarias -por la pandemia que afecta al país- sumado a que se trata de imputados sin condenas anteriores para los que existe "una más que razonable posibilidad que [...] cumplan condenas en libertad".

La decisión fue revocada durante la misma jornada por la Corte de Apelaciones de Santiago. A través de un pleno extraordinario, este tribunal justificó echar pie atrás a la resolución de Urrutia por "la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación". La medida, acordada por el pleno de 17 magistrados, causó apoyo y rechazo desde distintos grupos políticos y de la sociedad civil.

INTERFERENCIA revisó los antecedentes disponibles de cada uno de los jueces, conociendo un dato que hasta el momento no estaba sobre la mesa y que podría poner en duda la imparcialidad de dos de sus integrantes.

Se trata de la ministra Adelita Ravanales Arriagada y del ministro Juan Antonio Poblete Méndez. Ambos, hasta el día de hoy, trabajan como profesores en la Escuela de Carabineros, misma institución a la que en la querella –interpuesta por el Ministerio del Interior ante el Séptimo Juzgado de Garantía– se le solicitan distintas diligencias.

El ministro Poblete votó contra la suspensión del juez, pero a favor de enviar los antecedentes del caso al Ministerio Público ya que "los hechos denunciados revisten caracteres de delito". Ravanales, en tanto, votó por la suspensión de Urrutia y también por elevar los antecedentes al Ministerio Público.

Un tercer magistrado también registra clases en la Escuela de Carabineros. Se trata de Juan Cristóbal Mera Muñoz, quien de acuerdo con su currículum publicado por El Mercurio el año 2011, se desempeñó como "profesor suplente en curso de Derecho Penal en la Escuela de Carabineros". Mera votó por la suspensión del juez del Séptimo de Garantía.

INTERFERENCIA tomó contacto con el equipo de comunicaciones de la Corte de Apelaciones de Santiago para consultar por una posible inhabilidad de los tres magistrados relacionados a Carabineros en el pleno que determinó la suspensión de Urrutia.

La respuesta confirmó la calidad de docentes tanto de la ministra Adelita Ravanales como el ministro Juan Antonio Poblete en la Escuela de Carabineros de Chile. "Por eso dejan constancia en aquellas causas en que la institución es parte, es decir, es demandado, demandante o querellante", afirmaron. "En la causa a la cual hacen mención, y por la cual se dejó sin efecto la resolución del juez Urrutia, Carabineros no es parte o interviniente. Los querellantes son el Ministerio Público y el Ministerio del Interior", añadieron.

Y finalizaron: "Respecto del ministro Mera, él no hace clases en la Escuela de Carabineros y él no se inhabilita en causas de Carabineros".

Si bien la fuerza policial no es parte querellante ni acusada, sí fue llamada a participar en la acción judicial que presentó el Ministerio del Interior contra los 'primera línea', donde este último organismo le solicitó al Ministerio Público que se les tome declaración a "a los funcionarios policiales que participaron en los procedimientos para controlar los hechos denunciados", además de solicitarle a la misma Fiscalía que despache "orden de Investigar a Carabineros de Chile, a fin de que se determinen las causas que originaron estos hechos, empadronar testigos y tomar las declaraciones respectivas".

Cabe señalar que las acciones de la 'primera línea" durante las protestas constía justamente en enfrentarse a Carabineros con el propósito de impedir su acceso a la zona de Plaza Dignidad, donde el resto se manifestaba pacíficamente.

Este medio también contactó al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien prefirió no entregar declaraciones sobre este tema.

Criterio de dos jueces

El lunes 30 de marzo, cinco días después de la revisión de cautelares de los 13 ‘primera línea’ de Urrutia, la jueza del séptimo juzgado de garantía, Carla Cappello, sustituyó la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario en el caso de dos de los implicados.

La jueza fundamentó la decisión en argumentos similares a los esgrimidos por Urrutia, teniendo en consideración la crisis por la pandemia del virus Covid—19 y también la baja pena que arriesgan ambos imputados.

Sí existió una diferencia entre ambas determinaciones: para la resolución de Cappello se realizó una audiencia para revisar las medidas cautelares, en la que se escucharon tanto a las defensas como a los querellantes, mientras que el juez Urrutia actuó de oficio sin audiencia de revisión de medidas cautelares.