Como “acuerdo mordaza” fue descrito por El Mostrador el convenio alcanzado entre Aes Gener, dueña de cuatro termoeléctricas en Quintero y Puchuncaví, y sindicatos de pescadores artesanales del lugar, quienes se habían unido para realizar una demanda civil contra la empresa a causa de los sostenidos varamientos de carbón en playas de la zona. 

El término mordaza hace referencia a las características silenciadoras del arreglo, el cual según revela el medio no sólo determina que los pescadores deben desistir de la demanda actual, sino también obliga a renunciar a cualquier indemnización adicional por daños contaminantes a futuro. El artículo continúa dando voz a pescadores que, sin dar su identidad, aseguran firmar sin saber el contenido real del documento, específicamente en lo relacionado a posibles indemnizaciones a futuro. 

A cambio, los demandantes recibirán de Aes Gener una indemnización total de 4 millones de pesos a lo largo de 5 años, pago bastante menor en comparación a los cerca de 500 millones en honorarios que recibirán los abogados representantes de los pescadores artesanales.

César Barra Rozas es uno de los abogados representantes que participó tanto de la elaboración de la demanda como el posterior acuerdo mordaza. Militante socialista y presidente regional del PS, Barra es sindicado por El Mostrador como “clave” a la hora de conseguir que sus representados, los pescadores, firmaran el acuerdo.

“Separo evidentemente ambas cosas”, explica César Barra a INTERFERENCIA luego de que se le consultara por su militancia en el Partido Socialista a la hora de defender a más de 600 trabajadores de la pesca artesanal. “Yo ejerzo en demandas civiles, no tiene nada que ver en mi ejercicio como ciudadano”, asegura. “En ese sentido, les pediría que lo distinguieran, porque eso [su militancia] no tiene que ver con los juicios civiles”. 

Sobre si el acuerdo alcanzado era conveniente para los pescadores de Puchuncaví, Barra afirma que eso deben evaluarlo sus clientes, que siguen trabajando con él en otra demanda de la misma naturaleza en contra de Puerto Ventanas: “Yo no voy a referirme ni a la cifra ni al acuerdo. Lo que puedo decir es que nosotros con quienes tenemos que responder es con los mandantes, porque este es un juicio privado, civil. Entonces en el marco de juicios civiles se puede llegar a sentencia o a acuerdos. Si tu entiendes que ese es un buen acuerdo, es tu opinión, y es legítimo”.

En cuanto a las cláusulas silenciadoras dadas a conocer por El Mostrador, Barra optó por referirse escuetamente a ellas, sin ahondar, dado que el acuerdo es “confidencial, un acuerdo entre las partes, entre 606 personas individuales con el demandado”. “Las transacciones de acuerdo tienen condiciones y, evidentemente, cuando llegas a acuerdo, se establecen ciertas condiciones”. 

La participación de los pescadores en el acuerdo fue únicamente la de firmante, ya que el estudio de abogados de Barra negoció los términos y los montos de éste. Consultado si los pescadores recibieron copia del acuerdo que estaban firmando, César Barra contestó que “La gente hizo lectura y se le entregó orientación en lo que correspondía al punto de vista del contenido de lo que significaba el desisitimiento de la demanda”, sin dar a entender si recibieron o no copia del documento sus representados.

Otro punto que resalta el medio chileno es que la demanda iba por buen camino gracias a un caso sólido expuesto por Barra. Otro factor que hacía prever un buen desenlace es la presentación de un informe realizado por la Armada un año antes de que se demandara a la empresa de energía. "El origen o procedencia de las partículas que se varan en la playa Las Ventanas corresponde a la empresa Termoeléctrica Aes Gener. S.A.", dicta el estudio de la marina. 

“Eso es una especulación”, enfatiza el abogado y presidente regional del PS respecto al impacto que podría tener el informe en el desenlace de la demanda si hubiese seguido su curso. “Ese informe de la marina, que lo conocemos perfectamente, viene de antes, del año 2018. No tiene nada que ver con el 2019, es antiguo. Esto de impulsar a propósito del informe es especulación. Las demandas las basamos en otros antecedentes que tienen que ver con el daño moral, no con el informe de la armada”.

¿Quién es César Barra, el abogado de los pescadores artesanales que hizo negoció el acuerdo mordaza?

Abogado titulado de la Universidad de Valparaíso y diplomado en dirección pública y gestión municipal, César Barra Rozas es bien conocido en la región de Valparaíso: es, además, militante del partido socialista, presidente regional del PS y se desempeñó como gobernador de Quillota durante el último gobierno de Michelle Bachelet. Anteriormente, trabajó como director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y como SEREMI de Vivienda y Urbanismo en la Región de Valparaíso. 

Como militante, además, apoyó la lista interna liderada por el senador Álvaro Elizalde, actual presidente del PS. En 2011, se presentó como pre-candidato a concejal en Valparaíso y apoyó la postulación de Paula Quintana, ex Ministra de Planificación durante el primer mandato de Bachelet.

Barra se ha dedicado demandas civiles en casos medioambientales, a través del estudio jurídico Lagos y Cía, del abogado Pablo Lagos Puccio- ex director de la empresa de ferrocarriles EFE y primo del ex ministro Osvaldo Puccio-.  En julio del año pasado presentó una demanda civil contra quienes resulten responsables de la contaminación del agua potable en la ciudad de Osorno, contra la empresa sanitaria ESSAL.

En agosto de 2019, presentó una demanda civil colectiva representando a 307 pescadores artesanales ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas,en contra de la empresa Navimag, tras el hundimiento del transbordador “Amadeo I” en el Paso Kirke en 2014, que provocó el derrame de petróleo y de combustible en una zona de pesca. El accidente generó un grave daño ambiental, muerte de animales e impedimento de ejercer la pesca en la zona por un tiempo. La demanda busca una indemnización que suma 2 mil millones de pesos, unos siete millones por pescador.

“Nosotros como estudio jurídico nos dedicamos a demandar en juicios civiles y tenemos clientes desde Arica a Punta Arenas. Los acuerdos son parte del ejercicio legítimo del trabajo de un proceso civil. Que nosotros nos dediquemos a eso, no sé cual es el cuestionamiento que podría darse”, comenta Barra a INTERFERENCIA.