El 13 de julio de 2018, el entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, alertó al Ministerio Público sobre un posible nuevo desfalco en Carabineros. Enviada al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos –quien investiga el caso denominado Pacogate– la denuncia criminal apunta a la malversación de caudales públicos por $10.934 millones; monto “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución” ni tampoco registra justificación.

El escrito – al cual INTERFERENCIA tuvo acceso en exclusiva – fue presentado 4 meses después de que formalizaran al exgeneral de Carabineros, Eduardo Gordon, por el delito de malversación de caudales públicos; superando los $21 mil millones defraudados en el marco del Pacogate. Con esta nueva información, el mega fraude de Carabineros ya asciende a los $45.000.000.000.

La denuncia de Chadwick nace durante el proceso de elaboración del presupuesto de Carabineros para el 2019, donde se analizó la cuenta “anticipos y aplicación de fondos”. En concreto, el 11 de julio se recibió información emanada de la institución policial sobre la cuenta “anticipos a rendir”, detectándose el posible desfalco.

Rodrigo Ubilla sostuvo una reunión “atendida la gravedad” de la situación con el general subdirector de la institución, Álvaro Altamirano, y el general director de finanzas, René Ureta. Según la denuncia, Altamirano y Ureta aseguraron en aquella reunión que “toda la eventual documentación de respaldo habría sido incautada por el Ministerio Público”.

De las rendiciones de Carabineros, Interior constató la existencia de $5.594 millones “correspondientes a personal lesionado más bono de permanencia” que habrían sido visados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), pero sólo mediante acuerdo verbal. Luego, el escrito da cuenta de $19.680 millones correspondientes a gratificaciones pagadas durante 2017, los cuales “no fueron solicitados debidamente a Dipres para su uso”; situación que se repite con $9.053 millones correspondientes a gastos en adquisición de activos no financieros, tales como terrenos, vehículos y equipos, tampoco visados por Dipres.

Es a partir de estos tres gastos que se denuncia la malversación de $10.934 millones en la entidad policial.

El 12 de julio, un día después de conocerse las irregularidades presupuestarias, el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sostuvo una reunión “atendida la gravedad” de la situación con el general subdirector de la institución, Álvaro Altamirano, y el general director de finanzas, René Ureta. Según la denuncia, Altamirano y Ureta aseguraron en aquella reunión que “toda la eventual documentación de respaldo habría sido incautada por el Ministerio Público”.

Cinco meses después, ambos generales presentaron su renuncia junto a otros ocho altos mandos de la institución, la cual fue aceptada por el director de Carabineros en aquella época, el general Hermes Soto.

Consultados por la acusación de malversación de caudales públicos, desde el Departamento de Comunicaciones de Carabineros de Chile indicaron que no se referirían al tema por tratarse de una investigación en curso.

Una denuncia que depende del fiscal Campos

INTERFERENCIA tomó contacto con el Ministerio del Interior para saber sobre el estado de la investigación, indicando que el querellante en esta causa es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por lo que la cartera no forma parte de la causa y no maneja más información que la contenida en la denuncia interpuesta por el ex ministro.

Fuentes del CDE indicaron que la denuncia interpuesta por Chadwick no está incorporada en las causas donde la entidad es querellante, por lo que sólo la manejaría el fiscal receptor del escrito, Eugenio Campos. Está entonces en manos del Ministerio Público determinar dónde fueron a parar los $10 mil millones

Por su parte, fuentes del CDE que forman parte del caso Pacogate indicaron que la denuncia interpuesta por Chadwick no está incorporada en las causas donde la entidad es querellante, por lo que sólo la manejaría el fiscal receptor del escrito, Eugenio Campos. Está entonces en manos del Ministerio Público determinar dónde fueron a parar los $10 mil millones no justificados por Carabineros.

Esta redacción intentó tomar contacto con Campos vía el equipo de comunicaciones de la fiscalía regional de Magallanes, cuestión que no pudo ocurrir al encontrarse “fuera de la región”.

Se espera que ésta y otras denuncias sean tratadas durante el próximo juicio oral en el marco del Pacogate, el cual tendrá lugar en diciembre de este año.