Cuando hace unas semanas el presidente Sebastián Piñera reconoció como “presidente encargado” de Venezuela a Juan Guaidó, manifestó que “principios como la democracia y los DD.HH. no reconocen fronteras". Declaración que tiene su contracara con el trabajo realizado por el Ministerio de Hacienda en Suiza, donde su ministro y equipo asesor desplegaron sus mejores esfuerzos para estrechar lazos comerciales con Arabia Saudita, país que el año pasado ejecutó a 149 presos, la mitad de ellos extranjeros, según un informe de la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR).

Durante el último Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, el ministro dFelipe Larraín se reunió con su par de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, tras lo cual se anunció que las exportaciones al país de Medio Oriente podrían “incrementarse rápidamente”.

Tras el encuentro, desde Hacienda aseguraron que ambos titulares “coincidieron en que los actuales US$ 106 millones que exporta Chile a Arabia Saudita podrían incrementarse rápidamente”, dado el fuerte poder económico del país de Medio Oriente y su condición de importador neto de alimentos, precisamente un ámbito productivo en el que los productores chilenos se han hecho fuerte.

Tras el encuentro, desde Hacienda aseguraron que ambos titulares “coincidieron en que los actuales US$ 106 millones que exporta Chile a Arabia Saudita podrían incrementarse rápidamente”.

Pero los guiños del gobierno al fortalecimiento de las exportaciones al mercado saudí vienen de antes. Constanza Alegría, jefa del Departamento África y Medio Oriente en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcón, dependiente de la cancillería), destacó el potencial de Arabia Saudita como comprador de alimentos producidos en la región. “Hay potencial para incrementar la oferta de (la región) Los Lagos a África y Medio Oriente, con productos como harina de pescado, mucílagos, alimentos infantiles y leche, en mercados como Nigeria, Egipto, Israel, Emiratos Árabes y Arabia Saudita”, puntualizó en un encuentro realizado el año pasado en el sur.

Negocios con sangre

Respecto de la monarquía saudí, Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas oportunidades las violaciones a los DD.HH. La guerra en Yemen, un conflicto que lleva tres años y medio de violencia, resultando en miles de muertos civiles, incluidos niños y niñas, ha contado con fuerte apoyo de Arabia Saudita. 

La represión a activistas, periodistas e intelectuales forma también parte de la política de la monarquía de ese país. Largas penas de prisión a manifestantes y activistas a través de leyes antiterroristas y contra delitos cibernéticos han ido en aumento desde que el príncipe Mohammed bin Salman llegó al poder.

Los casos de Loujain al Hathoul, Imán al Nafjan y Aziza al Yousef son reflejo del accionar represivo tras ser arrestadas por su labor en defensa de los derechos de las mujeres. Permanecen en prisión, sin delitos que se les acusen, desde mayo del 2018.

El asesinato y tortura extrajudicial del periodista y colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi, en el consulado Saudí de Turquía el 2 de octubre de 2018, y la condena a 1.000 latigazos y 10 años de prisión efectiva al bloguero Raif Badawi por escribir supuestamente en contra del islam, son dos ejemplos más de la política represiva del régimen saudí.

Según la ESOHR, el número de ejecuciones desde 2015 hasta 2018 "ha sido el más alto desde 1992", con su punto más alto en 2015, cuando 157 reos fueron ajusticiados.

Según la ESOHR, el número de ejecuciones desde 2015 hasta 2018 "ha sido el más alto desde 1992", con su punto más alto en 2015, cuando 157 reos fueron ajusticiados. Estadísticas documentadas por la ONG a través de las informaciones publicadas por la agencia de noticias estatal saudí SPA, que muestran que "Arabia Saudí está experimentando uno de los periodos más oscuros de represión bajo la vigilancia del actual rey y su hijo, el príncipe heredero".

Los casos retratados por este movimiento mundial son reflejados también en el informe realizado por el abogado inglés de derecho humano internacional, Rodney Dixon. El abogado y consejero de la Reina Isabel, en una investigación realizada en terreno, declara que la monarquía saudí ha detenido a más personas de las que declara. También consigna que muchos de estos son detenidos sin cargos que se le imputen, siendo su oposición al régimen el único motivo para encarcelarlos de forma indefinida. “La conducta de las autoridades ha sido altamente secretista, estando algunas de las personas detenidas, en efecto, desaparecidas”, consigna Dixon.

En una columna escrita para The Guardian, el abogado denuncia la detención arbitraria de activistas feministas en mayo, poco después de que el mundo celebrara el fin a la prohibición a mujeres para manejar en dicho país. Las 12 detenidas incluían a Samar Badawy, receptora del premio estadounidense Mujer de Coraje.