Tras la publicación de la última CEP una lluvia de adjetivos invadió la discusión pública, compitiendo por cuál lograba la mayor estridencia respecto de la debacle que esta encuesta venía a anunciar.

En rigor, los resultados eran esperables: se hundió todo el aparato institucional chileno ante su incapacidad de reaccionar frente a la crisis más profunda que haya vivido el país desde 1973. Paradojalmente, lo menos noticioso fue el hundimiento del gobierno y -en especial- el de la figura de Sebastián Piñera, pues su insalvable impopularidad era cosa clara desde el viernes 25 de octubre, cuando ocurrió la mayor manifestación de la historia de Chile, en su contra, con un millón doscientos mil personas en las calles, solo en Santiago, y con movilizaciones en prácticamente cada lugar con más de 50 mil habitantes del país. 

Ese era el hito clave a comprender, y no fue comprendido.

En vez de eso, la clase política y la elite social y económica -todos vecinos de Santiago Oriente, entre Vitacura y Ñuñoa- decidieron salvar el gobierno, pensando que de ese modo se salvaban ellos mismos, pues salvaban el continuo histórico que los situaba en el tope de la cadena alimenticia en que se había convertido Chile. Una decisión que anuló lo que -en perspectiva- se ve como lo único que hubiese permitido evitar el quiebre entre una ciudadanía que acaba de notificar su estado total de rebeldía y una clase dirigente capaz de sobrevivir y responder a la tronadura de soberanía popular de esos días.

Craso error que la CEP viene a demostrar con el derrumbe del prestigio y la legitimidad de todas las instituciones que afirmaban dicha república y que buscaron afirmar a Piñera. De tal modo, se hundió todo: el gobierno, pero también el Congreso (con 5% de confianza), los tribunales y los fiscales (8%), las empresas (7%), los diarios (11%), la TV (8%), la Iglesia católica (14%), las iglesias evangélicas (17%), Carabineros (17%, habiendo tenido 37%), las Fuerzas Armadas (24%, habiendo tenido 40%). Y se hundieron todos los liderazgos con nombre propio sobre los que la CEP preguntó (curiosamente, no incluyó las disidencias de ese salvataje).

Hoy, tras las ruinas de la ex elite, flamea una pequeña bandera que indica que los chilenos y las chilenas anhelan la democracia (64%, con 12 puntos más que la última medición de abril-mayo 2019) y prefieren que los políticos se pongan de acuerdo antes de imponer sus agendas (78%, mientras que antes era 58%). Sin embargo, no es ni siquiera una trinchera donde parapetarse.

Lo primero -la adhesión a la democracia- esconde que eso es perfectamente compatible con el repudio completo a la clase política, es hasta su consecuencia lógica, si es que se considera que es esa clase de individuos que portan la idea, quienes la corrompen (la percepción de que la democracia en Chile funciona mal o muy mal se elevó al 47%, cuando en el último periodo era de 26%).

Lo segundo, simplemente es una pregunta con un error metodológico: las agendas individuales de los políticos son percibidas como espúreas hoy con más fuerza, y cualquier cosa es mejor que eso, incluido una componenda entre agendas de políticos, quienes al menos se vigilarán entre ellos. Es decir, es un efecto de redundancia de la desconfianza.

Lamentablemente la CEP no preguntó por el acuerdo del tercer viernes clave en este drama: el viernes 15 de noviembre, el día del llamado Acuerdo por la Paz (en un país que nunca estuvo en guerra), que dio paso a un cronograma de salida institucional diseñado para lograr que Piñera termine su mandato. Su evento más próximo es el 26 de abril; fecha para un referéndum en el que se decidirá si los chilenos quieren o no una nueva Constitución, y el tipo de congreso que la redactará: mixto (incluyendo la mitad de congresistas actuales) o completamente renovado, pero bajo las reglas de elección de la actual Cámara de Diputados, es decir, bajo las reglas y lógicas de los partidos.

¿Puede este cronograma de cambio de la Constitución y de salvataje del gobierno contener la energía ciudadana que explotó en octubre de 2019?

Está por verse, pero es difícil. Un 6% de respaldo para el gobierno es practicamente una línea de vida inservible ante cualquier traspiés serio, y eso es seguro que pasará en un plazo de dos años. Además, Piñera logró atar a sí mismo a toda la clase política, a la que condenó a un 5% de adhesión, que es lo que tiene el Congreso que decidió la fórmula de ese salvataje, por lo que una convención constituyente con olor a partidos políticos (los que cuentan con un 2% de confianza) difícilmente va a convencer a una ciudadanía en estado de rebelión.

Es cierto -como dice a INTERFERENCIA un analista electoral extranjero que conoce el caso chileno- que las fuerzas sociales tras Piñera no son tan pequeñas, porque sobre ese 6% hay que considerar -aunque sea en la tibieza- todo aquel sector que rechaza las manifestaciones, lo que da un número de 30%, el que considera que las marchas no son formas adecuadas de protestar. Es decir, lo que equivale al hueso del electorado de derecha tradicional del país.

Para este analista, sin embargo, el salvavidas más grande de Piñera está en la incertidumbre respecto del día de después de su dimisión. "Su renuncia puede ser la prenda de victoria que los chilenos esperan, pero eso responde a las lógicas emocionales. Falta lo racional ¿después de Piñera, qué?" Esto, pues las demandas en torno a la "dignidad", tal vez el concepto que mejor reúne la naturaleza reivindicativa del estallidos social, no tiene una línea concreta que pueda expresarse en un programa y menos en una fórmula de conducción política.

Un problema de continuidad y de desarrollo de la protesta, que ha sabido descartar la actual clase dirigiente, pero que ha sido intiuitivamente de un colectivismo feroz, que ha hecho que nadie destaque como líder político emanado de ese mismo fervor.

Sin embargo, esas debilidades consustantivas a un movimiento inorgánico, espontáneo e indómito, son las bases del nuevo Chile que vendrá. 

Un nuevo Chile es una exageración, por supuesto, pues incluso la misma CEP muestra altos grados de individualismo, los que se expresan -por ejemplo- en la idea de que al país económicamente le va a ir pésimo (apenas 9% confía en la economía chilena), pero que cada 'yo' no va a correr la misma suerte (un cuarto de los chilenos piensa que el 2020 será boyante).

También este movimiento no es uno de izquierda, al modo en que lo fueron los del siglo XX, por lo que parece que de él surgirá más bien una agenda profundamente reformista, tan profundamente que parecerá y será revolucionaria, en cuanto será el acta de defunción del experimento neoliberal, pero que solo pondrá al día a Chile en la corriente occidental de pensamiento. También el pueblo chileno parece mucho más maduro y educado, pues basta con ir a las marchas y escuchar las conversaciones al respecto, las que van mucho más lejos que las consignas y las fórmulas ramplonas.

Así todo, la pregunta es inquietante ¿Qué depara esta nueva era? Nadie lo tiene claro, pero tendrán ventaja quienes se sienten primero a pensarlo y se inhiban de actuar conforme a lo que acostumbran.