En febrero de este año, la Organización de Naciones Unidas (ONU) inició un periodo de seis meses de consulta para llegar a la adopción de un pacto mundial para una “migración segura, ordenada y regular”. Dos meses antes, en diciembre de 2017, el acuerdo ya tenía a su primer disidente: Estados Unidos.

Ratificando la línea política que definió con su salida del Acuerdo de París, la principal potencia del mundo volvió a golpear la agenda de la ONU y de los principales líderes de la Unión Europea marcando su distanciamiento con el “sentido común” de la élite occidental.

Entremedio, Donald Trump, inició una guerra comercial con China, elevando sus aranceles de importación en un 10%, remeciendo profundamente las relaciones multilaterales comerciales que han dominado al mundo durante las últimas dos décadas tras la caída del bloque soviético.

Es por esto, que este lunes, luego de la confirmación del acuerdo migratorio por parte de 165 de los 193 países que integran la ONU durante la cumbre celebrada Marrakech (Marruecos), cuando el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que “sería inconcebible excluir a los migrantes del alcance de la Declaración Universal” a 70 años de su creación, pareciera no ser tan obvio. Al menos dentro de este escenario.

Así, lo que se pensó hace dos años como un gran acuerdo en torno al tema principal de la agenda política internacional de los últimos 15 años -la migración- hoy desata una nueva ola de tensiones que comenzó con el retiro de Estados Unidos, pero que continúo en las últimas semanas con la salida de Polonia, Hungría, Austria, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Australia y Chile.

Países que en su gran mayoría están gobernados por coaliciones de derecha, a menudo tensionadas por sus alas más nacionalistas, o gobiernos derechamente ultraderechistas, como es el caso del primer ministro Húngaro, Viktor Orbán.

El pacto, que se estructura en torno a 23 grandes objetivos, es un acuerdo global para que los estados aprovechen los beneficios de los procesos migratorios; colaboren para mitigar los problemas que se puedan causar y acuerden una protección mínima común a los inmigrantes indocumentados.

El pacto, que se estructura en torno a 23 grandes objetivos, es un acuerdo global para que los estados aprovechen los beneficios de los procesos migratorios; colaboren para mitigar los problemas que se puedan causar y acuerden una protección mínima común a los inmigrantes indocumentados. Entre los que figuran metas genéricas como cooperar para abordar las causas de la migración o mejorar las vías de migración legal, pero también compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas.

De estos 23 objetivos, cinco son objetados por el gobierno chileno: aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las rutas para la migración regular; abordar y reducir las vulnerabilidades de la migración; proporcionar a los migrantes servicios básicos; eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración y también colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad así como la reintegración sostenible.

“Lamentablemente, el acuerdo se aprueba en un contexto en el que está creciendo la extrema derecha que ha promovido posiciones sumamente restrictivas en gobiernos que no son considerados extremos, basados en una montaña de mitos sin evidencia empírica”, explicó a INTERFERENCIA, Pablo Ceriani, ex vicepresidente del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.

La ONU hace frente a la desinformación

Justamente, durante la celebración de la cumbre, el discurso de los funcionarios de la ONU se concentró en contrarrestar las críticas desatadas por los movimientos nacionalistas.

Louise Arbour, enviada espacial de la ONU para la Migración Internacional, atacó la información falsa que circuló en torno al acuerdo: “Es sorprendente que haya existido tanta desinformación sobre lo que es y dice el Pacto (...) No crea ningún derecho de migrar, no impone ninguna obligación a los Estados”.

António Guterres, secretario general de la ONU: “No estamos estableciendo un nuevo derecho a migrar. No existe el derecho de que nadie pueda ir a ninguna parte en cualquier momento de acuerdo con su capricho. Lo que estamos estableciendo es la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes”.

“No estamos estableciendo un nuevo derecho a migrar. No existe el derecho de que nadie pueda ir a ninguna parte en cualquier momento de acuerdo con su capricho. Lo que estamos estableciendo es la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes”, reforzó Guterres.

En la misma línea, Ceriani destacó el carácter no vinculante del pacto, al no ser un tratado internacional, sino un primer marco de cooperación para definir voluntades y acciones conjuntas, lo que a su juicio era un gesto importante para incluir a los países que sintieran amenazada su soberanía.

“La información que ha circulado en distintos países, incluido Chile, sobre las obligaciones que se derivan sobre este acuerdo han sido informaciones inexactas y creo que con el objetivo de generar confusión y una reacción de rechazo”, afirmó el exfuncionario ONU.

Durante el encuentro, Guterres ha reiterado que el acuerdo "no es un tratado" y "no es jurídicamente vinculante", y que cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas migratorias y de control de fronteras. Asimismo, el secretario de la ONU ha lamentado las "falsedades" sobre el documento y sobre el fenómeno migratorio y ha invitado a los países que ahora se oponen al pacto a que se sumen más adelante.

El caso Belga: divorcio por conveniencia

Las tensiones en torno al acuerdo migratorio llegaron a tal punto en Bélgica, que durante este fin de semana la coalición de gobierno se quebró de forma definitiva cuando todos los ministros flamencos, agrupados en el partido N-VA -que busca la conformación de un estado flamenco separado de su contraparte francófona- le comunicaron su renuncia al primer ministro, Charles Michel, debido al apoyo que el gobierno le entregó al pacto.

La coalición, que llegó al poder en 2014, comprendía hasta el momento cuatro partidos: el N- VA flamenco; el Mouvement Reformateur (MR), liberales de habla francesa, partido al que pertenece de Charles Michel y dos partidos flamencos; Open VLD (liberales flamencos) y CD & V (demócrata-cristianos flamencos).

Tomando en cuenta que el gobierno belga por ley debe ser paritario en términos de representación francófona y flamenca, queda muy debilitado, ya que el MR es el único partido francófono dentro de la coalición, con una representación del 24% de la comunidad de habla francesa y ahora pierde como aliado al partido más importante de la región flamenca.

En medio de estas tensiones, Claude Emonts, cientista político y social de la Universidad de Liège, observador de la vida política belga y ex presidente de la Federación Balona del Centro Público de Acción Social, se muestra “escéptico” ante el quiebre y piensa que, en medio de este escenario de disputa política, ambos partidos comienzan a “perfilarse ante sus electores” mirando las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en cinco meses.

“Luego de que algunos países europeos como Hungría, Polonia o Italia comenzaron a poner en duda la firma del acuerdo, el N-VA cambió su posición, ya que hace unos meses había aceptado la firma del acuerdo e incluso Michel lo confirmó ante las Naciones Unidas”, afirma Emonts.

“Los liberales franceses hace cuatro años armaron coalición con los nacionalistas flamencos traicionando su promesa de campaña. Ahora, con este quiebre se reivindican y aparecen defendiendo los derechos fundamentales, mientras que el N-VA apunta al electorado que se acerca a la extrema derecha”, complementa el observador belga.

Mientras tanto, las dudas sobre el tratado en Bélgica persisten y el debate se intensifica, frente a un electorado que se distancia de las representaciones tradicionales, advierte Emonts: “Existe una sensación de amenaza para los trabajadores. Luego de la desindustrialización, la cesantía aumentó y el poder adquisitivo bajó. Frente a esta pérdida de estabilidad ven que la migración continúa y la ultraderecha explota muy bien esta situación”.

Representación bajo las expectativas

Uno de los puntos opacos de la cumbre celebrada en Marruecos fue el nivel de representación de cada país, que estuvo por debajo de lo esperado. Solo 21 jefes de gobierno participaron en el encuentro, de acuerdo con lo informado por la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español; el primer ministro portugués, António Costa; el belga, Charles Michel, y el griego Alexis Tsipras destacaron por parte de la Unión Europea, aunque la canciller alemana, Ángela Merkel, fue la gran figura del encuentro.

Canciller Angela Merkel: “La ONU fue fundada como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Fue una respuesta al nacionalismo, una búsqueda de respuestas comunes. De eso trata este pacto, de la cooperación internacional".

"Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que la ONU fue fundada como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Fue una respuesta al nacionalismo, una búsqueda de respuestas comunes. De eso trata este pacto, de la cooperación internacional. Esta es la única manera de hacer de este planeta un lugar mejor”, sentenció Merkel, que en 2015 impulsó en Alemania la acogida de más de 1 millón de refugiados.

La frase se da en medio de la retirada de la líder alemana, quien se ha destacado por la defensa de la Unión Europea y el multilateralismo, dejando el liderazgo del estado y su partido tras el derrame de votos que sufrieron en la última elección.

Dentro de este marco las palabras del rey de marruecos, Mohamed VI, anfitrión de la cumbre, resuenan frente a la situación internacional: “Por ahora, el pacto mundial es una promesa que la historia juzgará. No es aún el momento de celebrar su éxito”.