La delegación de dirigentes pertenecientes a los sindicatos Nº1, 2 y 3 de Chuquicamata ya se encuentra en Santiago para asistir mañana miércoles al Congreso en Valparaíso y presentar - ante ambas cámaras - los problemas que están enfrentado con la gerencia de la división, encabezada por Mauricio Barraza Gallardo. Más de 5.600 trabajadores mantienen paralizados a la tercera mayor operación de la compañía estatal.

La movilización se da en un momento clave: la demanda de cobre va en aumento, pero el mercado espera un déficit para los próximos meses debido a los recortes que experimentó la inversión cuando hace unos años el mercado de compra de materias primas desaceleró.

De acuerdo a la información de Bloomberg, los compradores están recurriendo a los suministros que son seguidos por las bolsas de Nueva York, Londres y Shanghái, los que se encuentran en los niveles más bajos en los últimos cuatro años.

Esto, que podría ser una oportunidad, va a ser desaprovechado por la división de Chuquicamata de acuerdo a la visión de los trabajadores de la mina, ya que la fundición - que permite la refinación del concentrado - se encuentra paralizada desde el 13 de diciembre, cuando entró en vigencia la nueva norma de Emisión para las Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico, que estableció el Decreto Supremo N° 28 del año 2013 del ministerio del Medio Ambiente.

Desde Codelco han informado que tardarán entre 60 a 80 días en terminar las adecuaciones, cuestión que recriminan los sindicatos debido a las pérdidas económicas que va a generar. “Hay que pensar que por cada tonelada de concentrado que se vende sin fundir, el Estado pierde del orden de US$500 a US$1000”, cuestiona Liliana Ugarte, presidenta del Sindicato Nº 2 de Codelco Chuquicamata

Los dirigentes, acusan que la empresa tuvo el tiempo suficiente para programar una transformación que hubiese contenido el daño económico, pero acusan problemas en la gestión.

“Hace cinco años conocían este decreto y no invirtieron en una buena solución. Hablamos de una fundición con una tecnología de hace 60 años que desde septiembre está funcionando con su capacidad reducida”, afirma Rolando Milla, presidente del Sindicato Nº3 de Codelco Chuquicamata, coordinador de la fundición.

En la misma línea, el dirigente enfatizó en la necesidad de que intervenga el gobierno, debido a que proyectan una paralización en la fundición superior a los tres meses. “Este miércoles no vamos a pedir más lucas al Congreso, vamos a defender el patrimonio del país, porque acá la pérdida va a ser muy grande”, agregó Milla.

Sobrecosto y despidos masivos

Para los representantes de los trabajadores, la detención de la fundición refleja el “bloqueo que hoy existe en Chuquicamata”, pues alegan que este no sería el único problema en su gestión.

En una presentación que elaboraron durante noviembre, que contiene gran parte de los puntos que se conversarán mañana en Valparaíso, y a la que tuvo acceso INTERFERENCIA, las organizaciones gremiales denuncian que el informe mensual de explotación elaborado en diciembre de 2016 refleja una desviación presupuestaria que se traduciría en un sobre costo proyectado en aproximadamente US$2.500 millones.

De acuerdo al documento, esta situación se debe a un “fuerte y negativo desvío en la ejecución financiera de Chuqui subterránea, que obligó a la readecuación de la totalidad del proyecto”. Cuestión que significó la inyección de “US$ 700 millones adicionales por parte del Estado  para sacar adelante el proyecto, aprobados por los ministros de Hacienda y Minería”.

Al mismo tiempo, los trabajadores alegan falta de transparencia por parte de la gerencia en este tema y todos los ligados al traspaso a la mina subterránea. “El problema es que este sobre costo se lo están traspasando a los trabajadores y acá no existe el diálogo, no hay transparencia y se desconocen los convenios colectivos. Ellos dicen que se van a despedir a 1.700 trabajadores, pero nosotros proyectamos 2.500”, declara Milla.

En este punto, el dirigente expresa que durante este año la gerencia general implementó un programa de entrenamiento en labores de minería subterránea para un centenar de trabajadores de Chuquicamata, a través de una pasantía de seis meses en la división El Teniente, pero que una vez concluída esta capacitación “le cerraron la puerta a los trabajadores y sus familias” a quienes finalmente no traspasaron.

Compra directa de servicios y bienes bajo la mira

El otro punto que se discutirá el miércoles ya es conocido por la Cámara de Diputados, que el año pasado realizó una comisión investigadora especial para revisar las compras directas realizadas por Codelco y zanjar el conflicto que sostuvo la empresa con Contraloría, luego de que el organismo fiscalizador estableciera que la corporación no se apegó a la ley en una serie de contratos firmados con distintas empresas en el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

De acuerdo a las cifras entregadas por los sindicatos, la corporación “gasta del orden de US$ 2.500 millones anuales en la compra de bienes y servicios a terceros para el apoyo de la operaciones”. Comparada esta cifra con lo que se gastaba hace 10 años atrás, “el gasto aumentó entre 4 a 5 veces”.

Chuquicamata, agregan, es “la única división que desarrolla el mantenimiento electromecánico de los equipos mayores de la mina con instalaciones y personal propio”, a través de la Superintendencia de Mantenimiento Mina, cuyo cierre está programado para el año 2022, producto del cese de las operaciones en el rajo de Chuquicamata.
 

Desde el punto de vista de los sindicatos, esta situación presentaría una oportunidad para aprovechar los equipos y el personal propio en la “internalización de las áreas de mantenimiento de las divisiones Radomiro Tomic, ministro Hales y Gabriela Mistral, que hoy día están en manos de terceros a través de contratos MARC (Maintenance And Repair Contract) o LPP (Labor Plus Parts)”.

“Por estructura, dichos contratos cuentan con un margen de ganancia y otro por concepto de gastos generales, asuntos que se ahorrarían en caso de realizar las labores de mantenimiento con recursos propios”, detallan los dirigentes. Además, agregan que el aumento en la externalización, también ha ido de la mano de un aumento en las contrataciones directas, cuestión que ya fue refutada por la Contraloría y el citado informe de la Cámara de Diputados.

“Se ha recurrido de forma constante al trato directo y a la licitación privada, en desmedro de la licitación pública (...) el procedimiento de contratación con partes relacionadas está reconocido en nuestra legislación, siempre y cuando se informe a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. Es lamentable que nunca se ha cumplido en tiempo y forma por la cuprífera estatal este requisito”, concluyeron en enero los congresistas.

La salud

Finalmente, uno de los puntos que mantiene enfrentados a los sindicatos paralizados y la gerencia de la división es la demanda que sostienen los trabajadores para implementar un plan de salud que contemple a quienes terminan sus funciones en la mina.

“Nosotros creemos que el plan de egreso debe llevar un seguro catastrófico para nuestros afiliados, existen viejos que llevan hasta 40 años de servicio y que los están despidiendo con dos años de salud, cuando de acá nadie se va sano”, afirma Milla.

Junto a estas exigencias, los líderes sindicales reclaman que la externalización de servicios en el Hospital del Cobre Dr. Salvador Allende ha derivado en “un caos”, pues alegan que no funciona el sistema de asignación de horas y que los nuevos funcionarios no cuentan con la capacitación suficiente. Además, denuncian que la empresa suspendió la Mesa de Salud y el Concejo de Isapre, violando los acuerdos firmados en el convenio colectivo.

INTERFERENCIA intentó conversar con con la gerencia de Codelco durante el día de ayer, logrando contactar a sus asesores a las cinco de la tarde, quienes se excusaron al cierre de la edición alegando que les era imposible generar una respuesta en ese tiempo.