El pasado miércoles 24 de julio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre, normativa que entregaba el 10% del total de las exportaciones anuales de Codelco a las Fuerzas Armadas. Dicho fondo era administrado por el Ministerio de Defensa y desde ahí se derivaban los recursos para que las distintas ramas de la defensa adquieran armas y suministros.

Con la derogación de la Ley, Codelco se comprometió entregar al Fisco el 10% de sus ingresos por un período de nueve años, disminuyendo a partir del año diez a un 2,5% por año, llegando al año doce a 0%. Es decir, en 12 años más se acabará el aporte de Codelco a las Fuerzas Armadas.

Los recursos que no irán más a las FF.AA. sino que se incorporarán al Fondo de Estabilización Económica y Social establecido en la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal, que propone esta nueva ley de financiamiento.

Si bien quedan 12 años más para calcular el aporte total de Codelco a las Fuerzas Armadas -desde 1985, que es cuando se aprobó la modificación que obligaba a Codelco a entregar el 10% de sus ingresos, hasta 2018- el aporte fue al menos de US $ 20.000 millones. Esto, según cálculos realizados por INTERFERENCIA a partir de las series históricas de exportaciones anuales de cobre registradas por Cochilco para la cuprífera estatal (en dólares de cada año), y sin considerar las exportaciones de otros minerales, como el molibdeno, que representan una fracción menor de la producción de Codelco. 

Incluso el año 2016, debido a la baja sostenida del precio del cobre, Codelco tuvo que endeudarse para cumplir con el pago, entregando de US $707 millones  a las FF.AA. en el marco de la Ley del Cobre, tal como estableció una investigación de Ciper. Esto porque Codelco debe pagar incluso si es que la cuprífera estatal presenta pérdidas operacionales.

HISTORIA DE UNA LEY

En el año 1958, se dictó la Ley Reservada del Cobre (nº 13.196), siendo publicada en una edición restringida del Diario Oficial, es decir, se trató de una ley secreta que fue modificada durante la dictadura cívico-militar. El año 2016, mediante la ley 20. 977, incluidas sus modificaciones, dejó de tener el carácter de secreto.

En mayo del año 2011 la iniciativa de la derogación fue ingresada por el gobierno de entonces (Piñera I) y en agosto de 2018 se aprobó legislar en la Cámara, estableciendo un nuevo mecanismo de financiamiento para la institución. El proyecto establece “un nuevo sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa de carácter plurianual, estable, transparente y con amplios controles civiles democráticos”, incluyendo al Congreso Nacional y a la Contraloría de la República.

En conversación con el Diario de Cooperativa, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, calificó como histórica la derogación de la Ley Reservada del Cobre.

“Fue un día histórico con la derogación Ley Reservada del Cobre y la nueva Ley de Financiamiento de las Fuerzas Armadas en base a las capacidades estratégicas, yo creo que eso es un avance gigantesco, no solo en materia de Fuerzas Armadas sino que en materia de modernizaciones institucionales, yo creo que habla bien de nuestro país y de nuestro sistema político", dijo Blumel.

Sin embargo, esta derogación ha generado diversas críticas principalmente porque la reforma continuará asignando montos arbitrarios para el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Tal como lo explicó el académico del Instituto Públicos de Universidad de Chile, Felipe Agüero a Radio Universidad de Chile.

“La principal crítica a la ley del cobre era que había un monto fijo. Ese es un monto completamente arbitrario que llenó las arcas, que llenó las capacidades de compra de las Fuerzas Armadas, pero que estaba completamente desvinculado de una planificación, y eso es reemplazado por otros mecanismos de financiamiento, que también establecen un monto mínimo”, explicó el experto.