Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y principal autoridad del país, presentó durante el viernes una serie de propuestas en materia de seguridad de Estado durante la sesión legislativa del partido.

La propuesta, de carácter nacional, aplicaría también en Hong Kong, ciudad que cuenta con un gobierno semiautónomo –con su propia constitución, llamada la Ley Básica– y que durante el 2019 fue el escenario de intensas protestas contra el gobierno chino.

El proyecto cobró cuerpo al día siguiente del anuncio, durante la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular de China, máximo órgano legislativo del país. Según el medio estadounidense Vice, durante esa misma jornada, el proyecto de ley provocó la vuelta a las calles de los manifestantes en Hong Kong, en medio de una pandemia que no está cerca de darse por superada. 

El medio habla de indignación en la ciudad, la cual gatilló una pequeña manifestación a las afueras de la oficina de enlace del gobierno de Beijing en la ciudad, además de un enfrentamiento entre parlamentarios opositores y guardias de seguridad en el congreso de Hong Kong.

Paralelamente, The New York Times reportó una segunda manifestación a las afueras de un centro comercial de lujo durante el jueves, donde un grupo de ciudadanos exigió la independencia de la ciudad china luego de conocerse las intenciones del gobierno de instaurar la nueva ley.

La Ley Básica -la “mini constitución” de Hong Kong- obliga al gobierno semiautónomo de la ciudad a implementar leyes en favor de la seguridad nacional de China, pero jamás ha sido aprobada ninguna ley como la propuesta actualmente, por ser catalogada como reductora de las libertades civiles de los ciudadanos, en momentos en que la protesta arrecia en Hong Kong.

Según expresa The New York Times, para el Partido Comunista, “leyes de seguridad más estrictas son necesarias para así proteger a China de fuerzas externas determinadas en afectar su soberanía”.

Ambiente de protesta

Las protestas iniciaron en junio del año pasado, motivadas por el intento del gobierno local de Hong Kong de impulsar una ley que permitía extraditar a residentes de la ciudad a otras partes del país, donde el sistema judicial es distinto, y generalmente más duro. La ley fue retirada, pero el movimiento ciudadano continuó protestando bajo distintas consignas. Hasta que llegó el coronavirus.

El arribo de la pandemia al país asiático, junto con el cansancio de un movimiento que llevaba ya más de cinco meses, marcó un alto en las protestas. Eso hasta el jueves, día en que se anunció que se avanzaría con una nueva ley de seguridad de Estado que, de acuerdo con The New York Times, apuntaría directamente a Hong Kong y sus manifestantes.

La vuelta a las calles de los manifestantes chinos se da la misma semana en que se reactivaron las movilizaciones ciudadanas en Chile, en una situación similar a la ocurrida el 2019, cuando ambos países enfrentaron importantes y sostenidas movilizaciones dentro de su territorio.

Si bien las barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales que han renacido en comunas de Santiago apuntan a una gestión tardía e insuficiente de la pandemia por parte del gobierno – y las principales consecuencias de esto: el desempleo y el hambre, entre otras –, Chile también ha avanzado hacia promover leyes que buscan restringir la protesta social a partir del 18 de octubre. 

Las leyes represivas post estallido

Entre el 12 y el 23 de enero del 2020, a tres meses de iniciado el estallido social en Chile, el Congreso aprobó o anunció cuatro nuevas leyes que otorgan al Estado mayor poder– para perseguir y castigar distintos elementos de la protesta social.

El 12 de enero, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, anunció que presentaría un proyecto que regule el derecho a la reunión. "Parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respeto a los otros derechos, lo que significan las divergencias entre una marcha, el movilizarse y una manifestación pública fija”, indicó. El anunció fue sumamente criticado por la oposición y la opinión pública, sin registrar avances hasta la fecha.

Tres días después, el 15 de enero, el Senado aprobó la denominada ley “anticapuchas” y la ley “antibarricadas”. Ambas leyes castigan con presidio menor en su grado mínimo a todo quien incurra en las conductas descritas por los nombres de las leyes.

El 20 de enero, el Senado aprobó con votos de la oposición – militantes del PPD y la DC – la denominada ley de “infraestructura crítica”, la cual entrega más atribuciones al poder Ejecutivo a la hora de disponer de Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura que el mismo Ejecutivo considere crítica.

Luego, ya en tiempo de pandemia, la cámara de diputados aprobó por 71 votos a favor y 62 en contra durante la jornada del 28 de abril la llamada “ley sticker”, la cual busca sancionar daños al transporte público.