La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la compra irregular de tierras indígenas, originada a partir de la publicación de INTERFERENCIA sobre la adquisición de predios mapuche que hizo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, determinó que enviará antecedentes al Ministerio Público para que se investigue el delito de tráfico de influencias y negociación incompatible, posiblemente cometidos por la mencionada autoridad del gobierno de Sebastián Piñera.

La instancia parlamentaria, presidida por la diputada mapuche Emilia Nuyado Ancapichún (PS), indicó en el borrador -aprobado por siete votos contra seis- que hará llegar los antecedentes a Contraloría y al Ministerio Público, por existir hechos que pueden revestir carácter de delito basado en los artículos 240 n°1 y 240 bis del Código Penal.

Según establece el Código Penal en su artículo 240 bis sobre tráfico de influencias: "Las penas establecidas en el artículo precedente serán también aplicadas al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses".

"Las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en los incisos segundo y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses".

Según la Comisión, toda la trama transcurrida desde que INTERFERENCIA informara de las tierras indígenas adquiridas por Ubilla en Pucón, el 3 de marzo de 2019, hasta la defensa del subsecretario del Interior ante la Comisión usando un informe de la Conadi que lo exculpa, son indicativos de comportamientos suceptibles de caer en los delitos antes enunciados.

"Perfectamente podría generarse ahí un tráfico de influencias", debido al rol de superioridad respecto del subsecretario del Interior del gobierno respecto a un director subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Fernando Sáenz. 

“Pareciera fácil solicitar un informe ajustado con antecedentes favorables para señalar que la tierra no es indígena sin los estudios previos que corresponden. Además de las conclusiones del informe, de cómo adquirió los predios, como ciudadano y como subsecretario, le haremos entrega al Ministerio Público de los antecedentes, quienes tendrán que hacer las revisiones respectivas para saber si esto se enmarca o no en un delito de un funcionario público, y que esto sea un precedente”, explica Nuyado. 

Los hechos que complican a Ubilla

El 3 de marzo de 2019, INTERFERENCIA publicó que en 2009 el actual subsecretario del Interior compró dos terrenos al interior de una comunidad mapuche por 10 millones de pesos, donde actualmente tiene una residencia en la punta de una colina. No pasaron más de 24 horas desde la publicación y Fernando Sáenz ya había declarado a los medios en un punto de prensa que la compra de Rodrigo Ubilla era legal. 

"Revisado los antecedentes por Conadi, señalamos claramente que este asunto fue una compra legal, es un compra entre particulares, que son los antecedentes que a nosotros nos llegaron. Fue una subdivisión que se realizó, se establecieron dos lotes, los que fueron debidamente inscritos en el registro público de tierra de Conadi", dijo Sáez en la oportunidad.

Poco después la reacción política llevó a que el subsecretario del Interior fuera citado a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, primero para el 20 de marzo de este año. La autoridad se excusó de asistir y fue citada nuevamente para el 3 de abril, pero el mismo día y horas antes de que se llevara a cabo la instancia, La Tercera publicó el artículo Tierras de Ubilla en La Araucanía: informe jurídico de Conadi ratifica que terreno comprado no es indígena, con el que se pretendía dar por saldado el capítulo que complicaba a la autoridad gubernamental a cargo del resguardo del orden interior del país. Ese mismo día Ubilla tampoco asistió a la Comisión.

En dicha publicación se exponía un documento del mencionado organismo, firmado por el entonces fiscal subrogante José González García, el cual supuestamente confirmaba que no había irregularidad en la compra realizada por Ubilla.

Pero existen puntos llamativos con este informe. En las declaraciones públicas del subsecretario, e incluso las mencionadas por la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, el caso de Ubilla se habría tratado de "un caso personal", vale decir de Ubilla en tanto ciudadano y no subsecretario. Sin embargo, el oficio de Conadi fue solicitado por la Subsecretaría del Interior y enviado el resultado a esta repartición, por lo tanto oficialmente fue la dependencia de Ubilla la que pidió la resolución que finalmente se envió a la Comisión. Misma documentación que hoy Ubilla también utiliza como argumento a su favor en el juicio civil que enfrenta en Pucón interpuesto por la familia Painequir, perjudicada por la compra-venta irregular.

Otro aspecto que complica a Ubilla y también a la Conadi, es que meses antes, el 25 de julio de 2018, la misma Conadi emitió un informe indicando que la única forma de desafectar tierras indígenas es a través de lo que textualmente establece la Ley Indígena, específicamente; dividirla o enajenarla para construir locales religiosos, comunitarios, sociales o religiosos; o a través de una subdivisión judicial de no más de tres hectáreas y que sea informada por la Conadi a un tribunal.

Llama la atención de este informe que fue firmado por el antiguo director, Jorge Retamal, pero entre las firmas acompañantes está la de Fernando Sáenz, el director subrogante durante la crisis política del caso, por su cargo de fiscal de la Conadi en ese entonces. Meses después -ya siendo director subrogante- avaló públicamente el informe a favor de Ubilla incluso ante los consejeros indígenas de su repartición, pero decidió no firmarlo él, sino que el fiscal subrogante García.

“El informe que envía la Conadi al subsecretario, que él mismo solicita para entregar a la Comisión de Derechos Humanos, es un informe muy favorable al mismo subsecretario, señalando que no es tierra indígena, por no encontrarse inscrita en el registro público de tierras indígenas. La misma defensa que hizo el director subrogante y posteriormente el director titular”, señala Nuyado.

Cabe señalar que las tierras son claramente indígenas, pues provienen de una merced de tierras históricamente ligadas a una comunidad mapuche -Mariano Millahual- instancia que la Ley Indígena reconoce y no admite excepciones, como no figurar en un registro.

Conclusiones de la Comisión

Tras la finalización de la sesión de cierre de la Comisión del 2 de octubre, la diputada Nuyado enfatizó que en la conformación de esta instancia fueron claras las posturas de la oposición y del oficialismo, donde no se logró llegar a un acuerdo en el contenido del informe, sino que la aprobación fue "porque la oposición era mayoría".

Dentro de las conclusiones, el informe dice que una de las cosas más preocupantes es que la Conadi debe llevar a cabo un sistema registral de todas las tierras indígenas, pese a que no tiene las herramientas para hacerlo. 

"Nos hemos quedado preocupados porque hay un gran venta de tierras indígenas, a los que notarías y conservadores nos dijeron que cuya venta ha dependido en muchas oportunidades de cómo los abogados han buscado estos resquicios, solamente solicitándole a la Conadi si están o no inscritas en el registro público de tierras".