“A partir de 1833, los pueblos indígenas sencillamente no existen: ni como indios, ni como poblaciones, ni como nativos, ni como bárbaros, ni como indígenas no civilizados. No están, simplemente. No existen. Y he aquí la mayor soberbia de nuestra construcción como Estado y como nación: la indiferencia absoluta con sus pueblos originarios”, explica Domingo Namuncura en el libro Nueva Constitución y Pueblos Indígenas (Pehuén Editores, 2016).

Tras la proclamación de la Independencia, decretada por Bernardo O'Higgins, de la corona española el 12 de febrero de 1818, Chile daba su primer paso como república aún naciente en América Latina. 

De acuerdo al historiador Pablo Mariman, en su ensayo del libro ¡Allkütunge, Winka! (Escucha Winka, Ediciones CHM, 2019) “criollos e hispanos compartían una situación económica común: eran ricos y vivían del trabajo agrícola y ganadero que sus trabajadores mestizos, indígenas y negros realizaban en sus haciendas. Estos trabajadores fueron los que engrosaron los ejércitos criollos y realistas, quienes no escaparon al frenesí bélico de sus patrones, debieron vestir el uniforme azul o colorado, y con su sangre y sacrificio abrir un nuevo capítulo de la historia en el Roble, Cancha Rayada, Rancagua, Chacabuco, Maipú”.

Con la ruptura del antiguo orden colonial, comenzó un periodo marcado por la inestabilidad política. Una serie de ensayos de proyectos constitucionales y una guerra civil de por medio entre 1829-1830, culminó en la conocida Batalla de Lircay. El enfrentamiento dio por vencedores al bando conservador (los pelucones) liderado por José Joaquín Prieto frente a los liberales (pipiolos) encabezados por Ramón Freire.

Según Santiago Arcos, un intelectual del siglo XIX, “ni los principios ni las convicciones políticas dividen a pelucones de pipiolos. El monopolio del poder por los primeros y su total alejamiento de él durante más de dos décadas por parte de los segundos: he ahí sus únicas diferencias. Ambos partidos son de los ricos”.

Aún así, un matiz no menor se observa desde la distancia de los años y de los actos de memoria contemporánea, especialmente mapuche, y es que bajo gobiernos como los de Freire se establecieron en parlamentos y tratados como los de Yumbel (1823), Tapiwe (1825) y Tantauko (1826). 

Respecto de Tapiwe, el historiador Pablo Mariman señala que “se establecieron 33 puntos en el tratado, alusivos a alianzas políticas y militares, comercio, intercambio de cautivos, controles de circulación (comercial, militar, civil). Las cláusulas alusivas a territorialidad y soberanía seguían reconociendo la independencia territorial y política de la nación mapuche, como décadas atrás lo habían hecho los propios españoles, esta vez bajo el estatus de aliados hermanos”.

En esa misma línea, la abogada Manuela Royo, recuerda que durante los siglos XVII y XVIII, los representantes del gobierno colonial junto a los representantes de las distintas agrupaciones territoriales mapuche celebraron una serie de parlamentos en los que concertaron acuerdos para mantener las relaciones diplomáticas entre ambos.

“La administración colonial se extendía hacia el río Bio Bio, que fue considerada la frontera entre el pueblo mapuche, que era considerada una nación independiente, que se gobernaba de acuerdo a sus instituciones propias, ejerciendo jurisdicción y autogobierno. En aquel entonces, el pueblo mapuche vivía de manera independiente, se organizaba en distintos territorios bajo el liderazgo de autoridades tradicionales, que eran los encargados de parlamentar con los españoles y de dirigir a los integrantes de los lof, bajo normas y patrones de conductas propias de su cultura ancestral”, añade Royo, quien ha sido defensora de distintas causas mapuche en la actualidad.

Luego del triunfo en Lircay, José Joaquín Prieto asumió la Presidencia de la República en 1831, ocupando el cargo por diez años. El mandatario llamó a conformar una instancia constitucional en la que el objetivo era reformar la Constitución de 1828, pero finalmente los integrantes redactaron una nueva carta magna para el país en 1833. El texto se convirtió en el soporte ideológico de la elite conservadora liderada por Diego Portales, quien quedó a cargo del Ministerio de Guerra y Marina.

El mandatario promulgó el 25 de mayo la Constitución Política de la República de Chile de 1833, en la que los autores principales fueron los abogados Manuel José Gandarillas, y Mariano Egaña. El texto fue reformado en varias oportunidades, a partir de 1865 y rigió hasta el movimiento militar de septiembre de 1924, el cual se considera como punto de partida constituyente de la Constitución de 1925. 

“Esta Constitución es considerada como la de mayor duración en la historia política de Chile, rigiendo casi ininterrumpidamente por noventa y un años”, indica la Biblioteca del Congreso. La misma institución informa que dicha carta fundamental se compuso de 168 artículos y siete disposiciones transitorias. Entre sus principales mandatos, está “la noción de Estado unitario y la división de poderes del Estado, estableciéndose una Cámara de senadores y una de diputados”.

La Gran Convención Constituyente a cargo de la elite 

El sitio web Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional recoge la investigación de Valentín Letelier de 1901 (La gran convención de 1831-1833, Imprenta Cervantes), quien recopiló actas, sesiones y discursos relativos al proceso constituyente:

“La Convención estuvo compuesta por dieciséis de los diputados elegidos en los sufragios anteriores -sin los diputados liberales-, los que fueron designados por el Congreso pleno durante una reunión especial. Entre estos diputados destacaron Joaquín Tocornal, Ramón Rengifo, José Vicente Bustillo, entre otros. A estos se sumaron además ‘veinte ciudadanos de conocida probidad e ilustración’, entre ellos varios diputados que quedaron fuera de la elección congresal”.

Para el historiador chileno Sergio Grez, la Constitución de 1833 no fue “sino un texto destinado a dar legitimidad jurídica a un régimen con características dictatoriales resultante de la victoria militar del bando conservador en 1830. El nuevo texto constitucional fue un traje a la medida de la facción dominante de la aristocracia, que concentró de manera excluyente el poder durante varias décadas. El centralismo, autoritarismo y elitismo fueron sus rasgos principales”, afirma en el artículo La ausencia de un poder constituyente democrático en la historia de Chile (RepositorioUchile.cl, 2009).

Al respecto, la candidata a doctora en Derecho, Manuela Royo, en su artículo Derecho penal y diversidad cultural: implicancias en la cuestión indígena, afirma; “ya en la Constitución de 1833 el Estado chileno se declara único e indivisible, extendiendo sus dominios, perpetuando con ello la soberanía jurídico política en las tierras ancestrales. En este contexto de subordinación política y cultural, cimentado desde el sistema colonial español en adelante, los indígenas de todo el continente permanecieron silenciados, ignorados en la pobreza y la marginalidad”.

Royo, quien también es profesora de Derecho Constitucional, explica a INTERFERENCIA que con la emergencia del Estado-Nación chileno, se dejaron sin efecto los pactos de los parlamentos. “Se comenzó a levantar un entramado jurídico e institucional colonial, que subyugó a los cuerpos y saberes indígenas a partir de una estructura de colonialismo interno, que a partir de distinciones raciales, subordinó los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas bajo la hegemonía de los saberes antropocéntricos y patriarcales propios de la modernidad occidental y de su proyecto de capitalismo liberal. En este sentido, el derecho ha funcionado históricamente como un dispositivo de poder colonial”.

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La gran convención de 1831-1833: recopilación de las actas, sesiones, discursos, proyectos y artículos de diarios a la Constitución de 1833. Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile

Uno de los puntos trascendentales de esta nueva Constitución -que juró “en el nombre de Dios Todopoderoso, Creador y Supremo Legislador del Universo”- tiene que ver con el territorio, en el que se niega implícitamente la soberanía mapuche. De hecho, el primer capítulo señala:

“El territorio de Chile se extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y desde las cordilleras de los Andes hasta el mar Pacífico, comprendiendo el Archipiélago de Chiloé, todas las islas adyacentes, y las de Juan Fernández”.

Aun así, esto seguía siendo parte de un imaginario, según Marimán. “A Chile aún le faltaban décadas para consolidar el Estado y todo el entramado social que significaba armar una pirámide social racializada, clasista y oligárquica. De todas formas, no descuidaron su frontera sur, especialmente lo relacionado a mantener al Ejército de la frontera en sus posiciones, contener los intereses de aquellos sectores fronterizos deseosos del patrimonio mapuche y de autonomizarse de Santiago -como en el caso del general José María de la Cruz durante la década del cincuenta-, y, por último, alimentar y continuar las alianzas con aquellos mapuche que les habían prestado apoyo en su lucha contra España”.

“Son chilenos: los nacidos en el territorio de Chile”

La Constitución de 1883, además de limitar el territorio y reconocer el principio de soberanía nacional, también ordenó en su capítulo IV y artículo 6 que “son chilenos: los nacidos en el territorio de Chile”, intentando borrar con ello las diferencias culturales y entre pueblos que ya vivían en el territorio previo a la colonización.

Tal como señala la teoría de Ernest Gellner, filósofo y antropólogo social británico, en el caso de Chile la política nacionalista funcionó como una "ingeniería social", para imponer una identidad nacional sobre el resto de identidades étnicas, logrando de esta manera, una singularidad cultural y homogénea con el fin de legitimar la existencia de un Estado. Es decir, “primero surgía el Estado y después, a través de políticas y prácticas nacionalistas se creaba, inventaba o imaginaba la nación”.

“El proyecto unitario elaborado por intelectuales y la clase política que se hizo cargo del país después de la Independencia, tan sólidamente arraigado en nuestra sociedad, terminó por desdibujar al país real. Entre nosotros pareciera no existir la diversidad. De Arica a Magallanes y de mar a cordillera, Chile es uno solo. La unidad, pensamos, nos hace fuertes y en aras de esa unidad hemos olvidado nuestras diferencias regionales, culturales y étnicas. Más bien, las hemos aplastado desde un Estado y una nación que se empeñaron en arrasar con ellas para alcanzar el progreso que tanto anheló nuestra clase dirigente del siglo XIX. Hoy sabemos que los resultados no fueron del todo exitosos”, señala el historiador Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia (2012, Chile).

El investigador, autor del libro La formación del estado y la nación, y el pueblo mapuche: de la inclusión a la exclusión (Dibam, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2003) denominó así este proceso sufrido por el pueblo mapuche:

“Con toda propiedad, podríamos afirmar que cuando el país se propuso consolidar el Estado y la identidad nacional en la segunda mitad del siglo XIX, renunció a su herencia indígena, presentando al indio como expresión de una raza inferior que nada tenía que ver con el chileno. Al momento de pensar en una identidad, nuestros intelectuales y los grupos dirigentes de la época utilizaron al indígena como un referente para insistir, precisamente, en lo que no querían ser”, reflexiona Pinto en su escrito.