El bombardeo de La Moneda fue el gesto más claro de que los mandos de las Fuerzas Armadas estaban dispuestos a arrasar con cualquier asomo de resistencia. En las fábricas ubicadas en los llamados cordones industriales de Vicuña Mackenna y de Cerrillos, algunos pequeños grupos de miristas y socialistas trataron de organizar piquetes de combate para enfrentar al Ejército y a la Fuerza Aérea.
Hubo algunas escaramuzas, pero la fuerza de los militares era arrolladora, incontenible. Al anochecer del 11 de septiembre, el país estaba completamente paralizado y bajo un estricto toque de queda. Ya no había dudas: el golpe había sido un éxito y la resistencia mínima.
Cinco meses antes, en abril de 1973, el almirante José Toribio Merino había sostenido una larga conversación con Roberto Kelly Vásquez, un ex-oficial de la Armada que se codeaba con las más altas esferas del empresariado chileno y que conocía de cerca el trabajo que venía efectuando un grupo de economistas formados casi en su mayoría en la Universidad de Chicago.
Kelly, fundador en 1950 del primer Club Naval de Deportes Náuticos, mantenía estrechas relaciones con otros ex oficiales de la Armada como Hernán Cubillos y Maurice Poisson Eastman, ligados al conglomerado de empresas de Agustín Edwards Eastman, propietario del diario El Mercurio. Merino, Kelly, Cubillos, Edwards y otros amantes de la navegación, formaban parte de la Cofradía Náutica del Pacífico Austral, una especie de sociedad semi secreta que vinculaba a varios de los más poderosos empresarios chilenos.
Kelly le habló someramente al vicealmirante Merino de Emilio Sanfuentes, Sergio Undurraga, José Luis Zavala, Álvaro Bardón, Sergio de Castro, Pablo Baraona, Sergio de la Cuadra y de varios otros economistas que muy organizada y coordinadamente habían hecho un detallado seguimiento de las políticas económicas de la Unidad Popular. Esos análisis cotidianos permitieron que las principales agrupaciones empresariales, alertadas ante la decidida arremetida marxista, se levantaran en contra de la Unidad Popular.
Casi todos eran hombres jóvenes, imbuidos de nuevas ideas para romper los ya oxidados mecanismos de la economía centralizada, para frenar la inflación, liberalizar los mercados, terminar con el paternalismo estatal e infundir ánimo a quienes desearan progresar en libertad.
-Habla con ellos. Si me presentan un programa... lo podríamos aplicar-, le había dicho Merino a Kelly.
El grupo de economistas neoliberales se había comenzado a formar a mediados de los años 60, bajo el alero de la Universidad Católica y de un grupo de profesores inspirados desde los años 50 en una corriente del pensamiento neoliberal imperante en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos.
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En 1955, el representante en Chile del Instituto de Asuntos Interamericanos, Albion Patterson, ofreció a la Universidad de Chile un programa de intercambio con universidades estadounidenses, proposición que no tuvo acogida en la casa de estudios fundada por Andrés Bello.
La oferta sí interesó al decano de la Facultad de Economía de la UC, Julio Chaná Cariola, que deseaba dar un impulso al alicaído estudio de esa disciplina en los claustros pontificios. Las conversaciones fueron breves y precisas, acordándose que el intercambio sería con la Universidad de Chicago. El convenio incluía la venida a Chile de profesores estadounidenses, la creación en la UC de un Centro de Investigaciones Económicas, la selección de egresados chilenos para que viajaran a especializarse a Estados Unidos y una investigación profunda de la realidad económica nacional.
En junio de 1955, llegaron a Santiago los profesores T.W. Shultz, Earl J. Hamílton, Arnold Harberger y Simon Rottenberg que venían a concretar el acuerdo, y plantearon seis años como plazo de trabajo. Muy pronto, los docentes norteamericanos de la Universidad de Chicago empezaron a dictar clases que eran traducidas por dos aventajados alumnos chilenos: Sergio de Castro y Ernesto Fontaine.
A fines de 1956 viajaron a Chicago los primeros becarios chilenos, entre ellos Sergio de Castro, Víctor Ochsenius, Florencio Fellay, Ernesto Fontaine y Pedro Jeltanovíc. Allí se encontraron con Carlos Massad, Carlos Clavel y Luis Arturo Fuenzalida, egresados de la Universidad de Chile, que también se habían sentido atraídos por el creciente prestigio de la enseñanza de economía en esa universidad estadounidense.
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El primero en retornar a Chile fue Massad, que impartió poco después de llegar un curso de economía monetaria. Entre sus alumnos sobresalían Álvaro Bardón y Andrés Sanfuentes.
Massad fue llamado por el presidente Freí Montalva para que presidiera el Banco Central, donde también ingresaron Jorge Cauas y Ricardo Ffrench-Davis. Más tarde se sumaron Bardón, Sanfuentes, José Luis Zavala, Juan Villarzú, Camilo Carrasco, Sergio de la Cuadra, Alberto Blanco y Javier Frei.
Sergio de Castro regresó de Chicago poco después de Massad y asumió como decano de la Facultad de Economía de la UC. Desde allí empezó a irradiar las nuevas ideas neoliberales que, de ser aplicadas -así lo creía firmemente- transformarían las bases del sistema económico y financiero del país, abriendo las puertas a un progreso impensado. En 1965, De Castro, Manuel Cruzat, Pablo Baraona, Dominique Hachette y Sergio de la Cuadra, dictaron algunos cursos en la Sociedad de Fomento Fabril, sorprendiendo a los economistas locales, apegados al centralismo, al proteccionismo y a las ideas keynesianas.
Algunos de los asistentes se mostraron muy interesados. Entre ellos se hallaba el gerente general de la empresa El Mercurio, el ingeniero civil Fernando Léniz, profesional que había derivado hacia la gestión de empresas durante su paso como ejecutivo de a Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
En tanto, Emilio Sanfuentes, hermano de Andrés, había creado el Centro de Estudios Socieconómicos, Cesec, donde a partir de 1969 y por petición de Julio Phillipi, empezó a prepararse el programa económico de la candidatura presidencial de Jorge Alessandrí para las elecciones de 1970. Al Cesec llegaban frecuentemente De Castro, Baraona, Cruzat, Adelio Pipino, Javier Fuenzalida, Sergio de la Cuadra y Sergio Undurraga, entre otros economistas neoliberales. Formados en el rigor del aprendizaje realizado en Chicago, recogían datos y opiniones entre los empresarios de la Sociedad de Fomento Fabril, abordando el análisis de todas las áreas de la producción y de las finanzas. La coordinación con Alessandri y las principales tareas ejecutivas para facilitar las labores de los economistas, las realizaba el abogado Jaime Guzmán Errázuriz.
Poco antes de las elecciones, hubo serias discrepancias entre este grupo y algunos de los principales asesores de Alessandri. Ernesto Pinto y Pierre Lehmann no compartían aspectos importantes del programa que habían diseñado los jóvenes economistas neoliberales. A ellos se sumaban Ernesto Ayala, José Luis Cerda, Carlos Hurtado, José Luis Federici, Juan Braun y Tomás Lackington. El liderazgo económico de la derecha lo detentaban hasta entonces los ingenieros, que privilegiaban mucho las obras públicas y la Corfo. Ellos no querían libertad de precios, abrir el comercio ni desproteger algunos sectores productivos.
La ruptura parecía inminente, pero Jaime Guzmán, con gran tacto, logró suavizar los roces e impedir que la discusión se transformara en un escandaloso choque que perjudicara la candidatura de Alessandri. El triunfo de Salvador Allende los obligó a superar rápidamente sus diferencias para aliarse en contra del enemigo común. A comienzos de 1971 ya habían creado un departamento de estudios en la Sofofa y alimentaban con todo tipo de datos y documentos los discursos de los principales dirigentes de la oposición al nuevo gobierno.
Las bases de apoyo
Cuando se produjo el primer paro nacional en contra de la Unidad Popular, Emilio Sanfuentes los convocó a escribir en El Mercurio. Eran cerca de una docena de economistas, que además de reunirse en la Sofofa, mantenían una oficina ubicada en Nataniel 47, en los altos del ahora inexistente Teatro Continental y acudían con frecuencia a la casona de calle Suecia, sede del gremialismo y de la revista Qué Pasa. También iban a menudo al Congreso Nacional, donde prestaban su asesoría a miembros de la Comisión de Hacienda. Emilio Sanfuentes apoyaba a los parlamentarios de la derecha y Álvaro Bardón a los demócratas cristianos; especialmente al senador José Musalem.
En Nataniel, frente al Ministerio de Defensa, funcionaban Sergio Undurraga, Arsenio Molina, Álvaro Bardón y Gerardo Zegers.
Emilio Sanfuentes, firmemente atrincherado en El Mercurio, era uno de los principales pilares de la orgánica opositora. Reunía fondos, armaba y desarmaba oficinas, apoyaba a los medios de prensa, conquistaba periodistas; en fin, era motor y combustible de la máquina que se empezaba a mover para desestabilizar al régimen socialista.
El grupo de economistas y expertos financieros creció rápidamente y las reuniones en Suecia se hicieron mucho más amplias y frecuentes. Ocasionalmente, Jorge Cauas y Carlos Massad, que trabajaban para organismos internacionales, pasaban por Chile y se reunían con los economistas en la casona de calle Suecia.
El trabajo conjunto, las concordancias en el diagnóstico de que la Unidad Popular estaba tratando de destruir el sistema económico imperante en Chile, las presiones de los gremios y de los partidos políticos, provocaron acuerdos globales y rápidos entre hombres de diversos domicilios ideológicos, aglutinados todos en la Confederación Democrática, Code, creada para cerrar el paso a la economía socialista que propugnaba la UP.
Entre los economistas predominaban los profesionales formados en la Universidad Católica, que se habían sumado al movimiento gremialista que dirigía Jaime Guzmán, pero que resistían el aroma a integrismo católico que emanaba de algunos de sus discursos y de muchos de sus hábitos y costumbres.
En todo caso, los documentos que producían fueron enriqueciendo el programa económico que se había elaborado para el eventual gobierno de Alessandri, plan que empezó a ser conocido como "El ladrillo", por su voluminoso tamaño.
Algunos capítulos de ese plan comenzaron a ser enviados a la Armada desde comienzos de 1973, cuando se hizo ostensible la percepción de que Salvador Allende no podía seguir mucho tiempo más en La Moneda.
En las horas siguientes al golpe militar, los miembros de la Junta de Gobierno se dividieron las tareas. El Ejército se haría cargo de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa; la Fuerza Aérea abordaría el área social; Carabineros se preocuparía del agro y la Armada asumiría una de las tareas más pesadas: reordenar la economía. El almirante Merino llamó a Roberto Kelly.
-Tráeme nombres, no confío en las personas que nos están recomendando los políticos-, le dijo.
Kelly se comunicó con Emilio Sanfuentes y le explicó la situación. Minutos más tarde, éste transmitió el mensaje a Pablo Baraona y le pidió que fuera junto a Sergio de Castro y Álvaro Bardón al Ministerio de Economía para asesorar al recién nombrado general Rolando González. Allí estaban también Tomás Lacklngton. Juan Braun, José Luis Federici, Juan Carlos Méndez, Ernesto Silva y otros, todos conocidos, muchos amigos entre sí.
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Los primeros consejos surgieron casi espontáneos: había que ordenar la distribución, dejar libres los precios, eliminar el estanco automotriz, elegir nuevos técnicos de confianza, revisar la situación de la empresas intervenidas, de la banca, de las reservas monetarias, del endeudamiento externo…, muchas, demasiadas tareas.
En los últimos meses de 1973, la mayoría de los economistas recomendados por Kelly asumieron cargos en el gobierno militar. Sergio de Castro fue nombrado asesor del ministro de Economía; José Luis Zavala, gerente de estudios del Banco Central; Juan Villarzú, director del Presupuesto; Sergio Undurraga, asesor directo del mismo Roberto Kelly en Odeplan.
En octubre llegó desde Estados Unidos Miguel Kast, sumándose de inmediato a Odeplan, como jefe del Departamento de Estudios. Freísta desilusionado y uno de los más lúcidos dirigentes del gremialismo, Kast ingresó al equipo de Kelly junto a Ernesto Silva, Arsenio Molina, Enrique Goldfard, Juan Carlos Méndez y Patricia Matte.
Desde las oficinas de Odeplan, Kast insertó en puestos claves de la administración a incondicionales del modelo neoliberal, provenientes también en su mayoría de la Universidad Católica: Sergio de la Cuadra, Daniel Tapia y Gonzalo Valdés, en el Banco Central; Rodrigo Mujica en Agricultura; Jorge Claro, en Educación; Carol Rahílly, Andrés Risopatrón, Jorge Humphreys y Eleodoro Matte, en Salud; Fernando Córdoba y Hugo Ovando, en el Sinap; y así sucesivamente.
Las decisiones se tomaban rápido. Un día Ernesto Silva llamó desde Odeplan a Pablo Baraona:
-Me encargan que te dé a elegir entre la subsecretaría de Economía o la vicepresidencia del Banco Central.
-¿Cuánto tiempo tengo?-, preguntó Baraona.
-Hasta mañana en la mañana. Vente a las ocho.
-Entonces me quedo con el Banco Central.
Pablo Baraona se instaló a fines de abril de 1974 en una espaciosa oficina en el edificio de Agustinas, entre Morandé y Bandera, a metros de la Plaza de la Constitución. A los pocos días recibió un extraño llamado telefónico, pidiéndole que cursara de inmediato el despido de un alto funcionario del Banco Central.
Baraona no estaba de acuerdo y decidió consultar con Jaime Guzmán. El afectado era un profesional egresado de la UC, de similar edad a la de Guzmán y conocido por el líder gremialista. Guzmán le solicitó algunas horas para efectuar las averiguaciones necesarias. En la tarde devolvió la llamada.
-No hay ninguna razón para despedirlo. Está muy bien donde está-, aseguró el consejero político del general Pinochet.
Pasaron dos semanas y Baraona recibió un nuevo llamado:
-¿Lo echaron?
-No, no tiene ningún problema.
-Hay que echarlo, es una orden de mi general Pinochet-, presionó el interlocutor.
-¡Que me lo diga él!- fue la escueta respuesta de Baraona, antes de colgar el teléfono.
Fue su primer enfrentamiento con los hombres de la DINA. En los meses siguientes habría otro, más duro, cuando los agentes del coronel Manuel Contreras le pidieron que emitiera una cierta cantidad de dinero para inescrutables propósitos y Baraona se negó tajantemente.
Enfrentamientos con la DINA
Los economistas eran el blanco preferido de la DINA al interior del gobierno militar. Todos los hombres y mujeres que entraban a cualquier estamento del aparato económico o financiero del gobierno, eran prolijamente investigados. Diariamente, además, la DINA elaboraba un informe económico donde criticaba la mayoría de las nuevas medidas adoptadas por los civiles.
Mónica Madariaga trabajaba en una esquina del escritorio del soldado Rebeca Valdebenito, una de las secretarias que ordenaba los innumerables papeles que diariamente debía revisar el general Pinochet.
Todos los uniformados pensaban que la joven abogada era una especie de ayudante de la secretaria del general y sin ningún reparo acumulaban montañas de papeles a su alrededor. Pocos sabían en un comienzo que la mujer era prima de Pinochet y su asesora personal en todo tipo de asuntos jurídicos. Un día se desocupó una amplia oficina en el piso 20 del edificio Diego Portales y la prima del general se la tomó. La habitación era azul, con grandes ventanales, pero estaba vacía.
La abogada pensaba cómo conseguir los muebles que necesitaba en ese lugar donde los cambios eran cotidianos y los funcionarios eran verdaderas aves de paso.
Providencialmente, como lo haría muchas veces en los años siguientes, apareció un coronel bajo, macizo, de rostro cuadrado, de modales atentos y sonrisa amable.
-Qué bien Moniquita, por fin tienes tu oficina-, expresó Manuel Contreras, parado en la puerta de la oficina. ¿Qué muebles vas a poner?
-Tengo oficina, pero no tengo muebles y conseguidos aquí va a ser imposible-, replicó la asesora.
-iNo te preocupes! Yo me encargo de todo...
-Pero.... -, trató de replicar la mujer.
-Por favor, no te preocupes. Anda a comprar lo que te guste, lo que quieras... Me mandas la factura y yo la pago-, insistió el oficial que lucía uno de sus brazos enyesado.
Mónica Madariaga salió de compras. No quería gastar mucho, debía ceñirse a la imagen espartana que deseaba irradiar el régimen militar.
Decidió ir a El Corsario, "el pirata de los precios bajos", en calle Arturo Prat. Eligió dos silloncitos y un sofá color mostaza. Contrastarían bien con el azul de fondo que tenía su nueva oficina, pensó la abogada.
El piso 20 pasó muy pronto a la FACh y la abogada se trasladó al piso 21, a escasos metros de la ancha escalera que conducía al despacho del general Pinochet. Las innumerables visitas que llegaban a entrevistarse con Pinochet preferían quedarse en el pasillo, al lado afuera de la oficina de Mónica Madariaga. El despacho del general estaba precedido sólo por las oficinas de los edecanes y quien allí entraba se transformaba de inmediato en una especie de huevo servido a la copa, tieso, sin moverse ni mirar para los lados.
Esa era la formalidad que imperaba en el piso 22, un riguroso orden que se confundía a veces con el temor. Muchos de los que esperaban, preferían hacerla en la oficina de Mónica Madariaga y uno de los más asiduos era el coronel Contreras quien casi diariamente se reunía con Pinochet.
Un día de enero de 1974, Jaime Guzmán estaba haciendo antesala en el piso 22 cuando apareció Mónica Madariaga. Ambos se habían visto en los pasillos e intercambiado algunas palabras corteses.
-Tú también vienes a hablar con Augusto. ¿Por qué no entramos juntos?,- invitó la abogada.
-Si tú no tienes que tratar algún asunto privado con el general...
-No, nada privado.
Entraron al despacho de Pinochet que al sentir la puerta levantó sus ojos de unos papeles que estaba firmando y esbozó una amplia y picaresca sonrisa. Les lanzó, rápido:
-¡Aaahhh...! ¿Así que tú andas con Guzmán...? ¡Ya! ¡Este matrimonio se hace! ¡Yo soy el padrino!
Guzmán se puso rojo, cada vez más rojo, mientras vanamente trataba de disimular su incomodidad. La delgada figura del joven abogado gremialista era conocida en los pisos más altos del edificio. No tenía oficina y solía cobijarse en diversos lugares.
En octubre de 1974 se realizó el segundo cambio del año en la cúpula del Ejército y seis generales pasaron a retiro. Desde la agregaduría militar en España fue llamado el recién ascendido general Sergio Covarrubias para que asumiera la jefatura del Estado Mayor Presidencial, una nueva estructura que debió crear Mónica Madariaga, a la que se le dio el rango de ministerio y que fue el origen del actual Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Un mes después, Covarrubias se había transformado en la aduana obligada de toda la administración del Estado. Decenas, cientos de documentos, salían de su oficina hacia todas las instancias del gobierno. Covarrubias admiraba la claridad de Jaime Guzmán para exponer ideas y su prodigiosa habilidad para construir tinglados ideológicos que hacían mucho más fácil la toma de decisiones. Muy pronto establecieron una expedita relación y lograron una complementación casi perfecta, que resultó decisiva para frenar los ímpetus nacionalistas de algunos generales y consejeros civiles del régimen.
Pinochet tuvo, desde el momento en que nombró a Covarrubias como jefe político de su gabinete, tres claras esferas de influencia sobre su persona. La primera, Covarrubias, secundado de cerca por Jaime Guzmán; la segunda, Manuel Contreras y, la tercera, su familia, donde su hija Lucía era la más escuchada.
Guzmán multiplicaba sus esfuerzos en los ámbitos más políticos del gobierno, pero también incursionaba en materias económicas. Un día llegó a la oficina de Mónica Madariaga con unos papeles redactados en su antigua máquina de escribir, cuya tipografía se hizo familiar en muchas reparticiones del gobierno. El borrador se refería a la situación de la intervenida Compañía de Petróleos de Chile, Copec.
-La Copec maneja mucha caja, dinero que se puede prestar para manejos turbios, para financiar actividades subversivas. Es necesario que el directorio sea muy confiable- le explicó a Mónica Madariaga.
En los papeles estaban los nombres sugeridos para integrar el directorio y una instrucción para modificar los estatutos por los cuales se regía la empresa. Guzmán también llegó con las ideas básicas que desarticularían la influencia de los colegios profesionales, con los lineamientos básicos para crear el Consejo de Estado y con innumerables otros instructivos.
Mónica Madariaga intentaba frenar algunos de ellos:
-Augusto, no estoy de acuerdo, esto más parece más un comando multigremial que un Consejo de Estado, comentaba.
-Presidente, le están tratando de quitar facultades, acotaba en reuniones ampliadas.
Nadie o casi nadie hablaban de política en el gobierno militar. Los análisis y discusiones se concentraban sobre cómo, cuándo y a quién traspasar las empresas y bancos que se encontraban en poder del Estado.
En el segundo semestre de 1974, Raúl Sáez, traído desde el extranjero para asumir como un ministro Coordinador de Materias Económicas, empezó a manifestar reiteradas críticas en contra de algunas medidas adoptadas por los economistas neoliberales, las que eran compartidas principalmente por algunos altos mandos del Ejército y de la FACh.
Sáez había sido considerado como uno de los siete sabios de América Latina y los uniformados le prodigaban un especial respeto. En cambio, los seguidores de Harberger y de Larry Sjastaad, los verdaderos patriarcas del neo liberalismo chileno, lo consideraban un representante más de los desgastados mecanismos económicos que ya habían fracasado en el gobierno de Jorge Alessandri.
Sáez quería revisarlo todo, ser consultado en todo, y los jóvenes de Odeplan, del Banco Central, de los ministerios de Economía y de Hacienda tenían prisa por hacer cambios, por aceitar los engranajes que le darían fuerza al mercado como el supremo regulador de la economía.
Concluye mañana.
(*) Este artículo está redactado sobre la base de un capítulo del libro “Guzmán: quién, cómo, por qué”, Ediciones BAT, Santiago de Chile, 1994.
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