Una “caravana” estimada en hasta 8.000 hondureños, que escapan de la pobreza y de la violencia de su país, se está moviendo lentamente a través de México con la esperanza de llegar a Estados Unidos y recibir refugio. 

El presidente Donald Trump catalogó la caravana como una “embestida” y “un asalto” a Estados Unidos. Sus declaraciones, que no reflejan las intenciones y motivaciones de los migrantes, han llevado a muchos medios de comunicación a refutar sus falsas afirmaciones. 

La narrativa general de estos movimientos de personas suele reducir las causas de la migración a factores que se desarrollan en los países de origen. En realidad, la migración es a menudo una manifestación de una relación profundamente desigual y explotadora entre los países de donde emigran y el de destino.

La presencia militar de Estados Unidos en Honduras y el movimiento de migración hondureña que hoy vemos, están estrechamente vinculados.

Como he aprendido a lo largo de muchos años de estudio sobre inmigración y políticas fronterizas, la historia de las relaciones entre Honduras y Estados Unidos es un excelente ejemplo de estas dinámicas. Comprender esto es fundamental para que la política migratoria sea más efectiva y ética. 

Las raíces estadounidenses en la migración hondureña

En 1987 visité por primera vez Honduras para hacer una investigación. Mientras caminaba por la ciudad de Comayagua, muchos pensaron que yo, hombre blanco con pelo corto de 20 años, era un soldado de Estados Unidos. Esto debido a que, en ese momento, había cientos de soldados estadounidenses instalados en las cercanías de la Base Aérea de Palmerola. Muchos de ellos frecuentaban Comayagua, porque era “la zona roja” de trabajadoras sexuales. 

La presencia militar de Estados Unidos en Honduras y el movimiento de migración hondureña que hoy vemos están estrechamente vinculados. Comenzó a fines de los años 80, cuando las compañías bananeras estadounidenses se activaron por primera vez. Como escribió el historiador Walter LaFeber en “Revoluciones inevitables: Estados Unidos en América Central”, las compañías americanas “construyeron ferrocarriles, establecieron sus propios sistemas bancarios y sobornaron a funcionarios del gobierno a un ritmo desenfrenado”. Como resultado, la costa del Caribe “se convirtió en un enclave controlado por extranjeros que sistemáticamente convirtieron a Honduras en una economía de una sola cosecha, cuya riqueza se trasladó a Nuevas Orleans, Nueva York y más tarde a Boston”. 

Un componente central de la clase dominante hondureña fue y sigue siendo el Ejército. A mediados de la década de 1960 se había convertido, en palabras de LaFeber, en “la institución política más desarrollada del país”.

Ya en 1914, los intereses americanos de los bananos poseían casi un millón de hectáreas de la mejor tierra hondureña. Estas propiedades crecieron a lo largo de la década de 1920 hasta tal punto que, como afirma LaFeber, los campesinos hondureños “no tenían esperanza de poder acceder a la buena tierra de su nación”.

Durante algunas décadas, el capital estadounidense también llegó a dominar los sectores bancarios y mineros del país, un proceso facilitado por la debilidad del sector empresarial hondureño. Esto se acompañó con intervenciones políticas y militares directas de los Estados Unidos que buscaba proteger sus intereses en 1907 y 1911. Estos desarrollos hicieron que la clase dominante de Honduras dependiera de Washington para recibir apoyo. Un componente central de esta clase dominante fue y sigue siendo el Ejército. A mediados de la década de 1960 se había convertido, en palabras de LaFeber, en “la institución política más desarrollada del país”, en la que Washington tuvo un papel clave en su configuración como tal. 

La era de Ronald Reagan

Este fue el caso específico durante la presidencia de Ronald Reagan en los años ochenta. En ese momento, la política militar estadounidense era tan influyente que muchos se referían a Honduras como la “República del Pentágono”. 

En los años 80 se construyeron numerosas bases militares. Ello fortaleció la militarización de la sociedad hondureña. A su vez, la represión política aumentó. Hubo un aumento dramático en el número de asesinatos políticos, desapariciones y detenciones ilegales. 

Como parte de su esfuerzo por derrocar el gobierno sandinista en el país vecino, Nicaragua, y hacer retroceder a los movimientos de izquierda de la región, el gobierno de Reagan dispuso “temporalmente” que cientos de soldados americanos se estacionaran en Honduras. Además, entrenó y apoyó a los opositores nicaragüenses -los Contras- en territorio hondureño, al mismo tiempo que aumentaba considerablemente la ayuda militar y venta de armas al país. 

Los años de Reagan vieron también la construcción de numerosas bases militares e instalaciones hondureñas-estadounidenses. Tales movimientos fortalecieron enormemente la militarización de la sociedad hondureña. A su vez, la represión política aumentó. Hubo un aumento dramático en el número de asesinatos políticos, desapariciones y detenciones ilegales. 

El gobierno de Reagan también jugó un rol importante en la reestructuración de la economía hondureña. Lo hizo presionando por reformas económicas internas que tuvieran un enfoque en la exportación de productos manufacturados. También ayudó a desregularizar y desestabilizar el comercio mundial del café, del cual Honduras dependía en gran parte. Estos cambios hicieron de Honduras un país más sensible a los intereses del capital global: alteraron las formas tradicionales de la agricultura y socavaron una red de seguridad social que ya era débil. 

Estas décadas de participación americana en Honduras sentaron las bases para la migración hondureña hacia los Estados Unidos, que comenzó a aumentar notablemente en los años 90. 

Después de la era Reagan, Honduras seguía siendo un país marcado por una pobreza generalizada y por un Ejército de mano dura, involucrado en importantes abusos de derechos humanos. Sin embargo, las tendencias liberales de los gobiernos posteriores y la presión popular abrieron oportunidades para las fuerzas democráticas.

La secretaria de Estado Hillary Clinton trabajó para garantizar que Zelaya no regresara al poder. Varios meses después de la caída del Presidente, ella apoyó una elección altamente cuestionable que buscaba legitimar al gobierno post golpe.

Estas contribuyeron, por ejemplo, a la elección de Manuel Zelaya, un reformista liberal, electo presidente en 2006. Lideró medidas progresivas como el aumento del salario mínimo. También trató de organizar un plebiscito para permitir que una asamblea constituyente reemplazara la Constitución del país, que había sido escrita durante un gobierno militar. Sin embargo, esos esfuerzos despertaron el descontento de la oligarquía del país, lo que llevó a su derrocamiento por parte de los militares en junio de 2009. 

Honduras después del golpe

El golpe de Estado de 2009, más que cualquier otra cosa, explica el aumento de la migración hondureña hacia la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años. El gobierno de Barack Obama jugó un rol importante en estos desarrollos. Aunque oficialmente condenó la caída de Zelaya, nunca quiso reconocer que su derrocamiento había sido producto de un golpe de Estado.

La secretaria de Estado Hillary Clinton, en particular, envió mensajes conflictivos al respecto y trabajó para garantizar que Zelaya no regresara al poder. Esto fue contrario a los deseos de la Organización de los Estados Americanos, el principal foro político compuesto por los 35 países miembros de las Américas, incluido el Caribe. Varios meses después del golpe, Clinton apoyó una elección altamente cuestionable para legitimar el gobierno posterior al golpe.

Washington está dispuesta a pasar por alto la corrupción oficial en Honduras, siempre que las élites gobernantes de ese país sirvan a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.

Aún persisten fuertes lazos militares entre Estados Unidos y Honduras: varios cientos de soldados estadounidenses están estacionados en la Base Aérea Soto Cano, anteriormente Palmerola, en nombre de la guerra contra las drogas y la provisión de ayuda humanitaria.

Desde el golpe de Estado, asegura la historiadora Dana Frank, “una serie de administraciones corruptas han desencadenado un control criminal abierto de Honduras, desde lo más alto del gobierno hacia abajo”. El reconocimiento del gobierno de Trump, en diciembre de 2017, de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, después de un proceso marcado por profundas irregularidades, fraudes y violencia, sólo viene a reafirmar esta política. Así, Washington está dispuesta a pasar por alto la corrupción oficial en Honduras, siempre que las élites gobernantes de ese país sirvan a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. 

El crimen organizado, tráfico de drogas y la policía del país se superponen. Rara vez se investigan y castigan los frecuentes asesinatos políticos. En 2017, la ONG Global descubrió que Honduras era el país más letal del mundo para los activistas medioambientales. 

A pesar de que su tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, el éxodo continuo de muchos jóvenes demuestra que las pandillas violentas siguen dominando los vecindarios urbanos. 

¿Qué pasará con las miles de personas que se están desplazando actualmente hacia el norte? Si el pasado es un indicador, es probable que muchos se queden en México.

Mientras tanto, los gobiernos posteriores al golpe de Estado han intensificado una forma de capitalismo de libre mercado, cada vez menos regulado, que hace que la vida sea imposible para muchos, debilitando la seguridad del país y aumentando la desigualdad socioeconómica. El gasto gubernamental en salud y educación, por ejemplo, ha disminuido. La tasa de pobreza, mientras tanto, ha tenido un fuerte aumento. Son factores como estos los que llevan a muchos hondureños a la difícil decisión de emigrar de su país.

¿Qué pasará con las miles de personas que se están desplazando actualmente hacia el norte? Si el pasado es un indicador, es probable que muchos se queden en México.

Aún no está claro lo Trump finalmente hará con los que logren llegar a la frontera. En cualquier caso, su papel en la configuración de las causas de esta migración plantea cuestiones éticas sobre su responsabilidad hacia quienes ahora huyen de los estragos que sus políticas han ayudado a producir.

Esta es una versión actualizada de un artículo publicado originalmente el 31 de octubre de 2016.

*Este artículo fue escrito para The Conversation por Joseph Nevins, profesor de Geología de Vassar College y miembro del comité editorial del Congreso Norteamericano en Latinoamérica (NACLA, siglas en inglés).