La agenda de seguridad pública impulsada por La Moneda y una parte de la oposición pasó una de sus primeras pruebas con la aprobación en general del proyecto de ley “antisaqueos”, que busca sancionar y endurecer las penas para aquellas personas que en una manifestación actúen con violencia en un contexto de desorden público.
Desde la votación, diversas voces se han levantado para criticar el proyecto y a los partidos que facilitaron su tramitación. Dentro de este escenario, un grupo de 33 abogados, en su gran mayoría dedicados a la defensa de los derechos humanos y el asesoramiento de organizaciones tanto sindicales como sociales, firmaron una declaración conjunta para criticar el contenido de la ley y evitar su promulgación en todos los términos bajo los cuales fue presentada.
De acuerdo a la lectura que realizó este conjunto de expertos en derecho, el proyecto sería la legislación "más drástica respecto a la criminalización de la protesta social que se haya realizado en democracia". Un debate que cruzó a la izquierda y que hoy tiene enardecidas a sus bases, pidiéndoles explicaciones a los parlamentarios que aprobaron o se abstuvieron en la votación, dentro de una agenda impulsada por el oficialismo en un momento en el que pasa por su peor nivel de aprobación, que se jugó todas sus fichas en el debate por el orden público que se tomó la agenda hace un par de semanas.
Fernando Monsalve, uno de los impulsores de la declaración, en conversación con INTERFERENCIA, enfatizó las razones por las cuales el grupo rechaza el proyecto: “Es grave lo que en el texto se señala, ni siquiera en la dictadura se atrevieron a criminalizar penalmente de esta forma la protesta social, creemos que nuestros parlamentarios no fueron capaces de cumplir su rol y se dejaron embaucar por un proyecto que no crea nuevos delitos, sino que nuevos tipos penales más específicos, abiertos y vulneratorios, donde lo que más nos preocupa es el aumento de las penas”.
En la declaración, que se puede revisar en este enlace, los abogados argumentan que el proyecto “sanciona al que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público con reclusión menor en su grado medio a máximo”, es decir, desde 541 días a 5 años de cárcel.
Bajo esta modalidad, se entendería por desorden interrumpir algún servicio público de primera necesidad, tales como el transporte, los hospitales, bombas de bencina o instalaciones eléctricas; también se incluiría el lanzamiento de objetos contundentes o cortopunzantes; la destrucción o usurpación de bienes públicos y privados; la ocupación de terrenos industriales o agrícolas; y el impedimento de la actuación del personal del Cuerpo de Bomberos.
El principal reparo por parte del grupo de expertos es que la tipificación de violencia tendrá que interpretarla el tribunal, el problema sería que dentro del del contexto de la norma se deduce que para considerar una conducta como violenta, esta tendría que ser realizada con ímpetu y fuerza bajo el principio de conducta activa.
El punto, para los abogados, es que la legislación entiende como hechos constitutivos de desorden público al conjunto de acciones descritas por la ley y que fueron mencionadas anteriormente, por tanto desde el punto de vista de los expertos se reduciría a “la nada el derecho de disentir públicamente y en grupo”, criminalizando de esta forma una serie de acciones que hoy son parte de la protesta social.
Desde esta perspectiva, para los autores, interrumpir el tránsito u otro servicio por un breve lapso de tiempo “dejaría al arbitrio de la fiscalía o de la judicatura la ponderación de su gravedad”. Por ejemplo, “retrasar 5 minutos el metro puede ser considerado de gravedad y transformaría a un manifestante en delincuente”. Lo mismo podría ocurrir en el caso de que una huelga legal interrumpa el tránsito por 15 minutos para visibilizar su manifestación.
Finalmente, dentro de las críticas que expone el documento, los expertos encuentran gravísimo y desproporcionado el castigo que se le daría a la ocupación de inmuebles de carácter industrial o agrícola, ya sean públicos o privados, puesto que “criminalizaría gran parte de la lucha del pueblo mapuche y de las tomas de terreno que realizan las familias sin casa”.
De acuerdo al grupo de abogados para que este tipo de acciones sean consideradas como delito, bastaría solo con la ocupación de los terrenos dentro de un contexto de protesta, dejando de lado la intención de apropiarse del espacio con la pretensión de hacerse dueño.
Dentro de los 33 firmantes de la declaración se encuentran:
1.- Magdalena Garcés Fuentes, Doctora Universidad de Salamanca, abogada de DDHH.
2.- Cristian Cruz Rivera, Abogado de DDHH.
3.- Boris Paredes Bustos, Abogado Penalista y de DDHH.
4.- Karinna Fernández Neira, Abogada DDHH, Magister Universidad de Chile LL.M Universidad Essex.
5.- Sebastián Velásquez Díaz, Abogado DDHH, Magister Universidad de Talca.
6.- Fernando Monsalve Arias, Abogado penalista, Magister en Política Gobierno en la UDP.
7.- Hugo Montero Toro, Abogado DDHH.
8.- Carolina Cubillos De La Fuente, Abogada DDHH.
9.- Adil Brkovic Almonte, Abogado DDHH.
10.- Alberto Espinoza Pino, Abogado DDHH.
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