Durante la tarde de ayer lunes el Senado aprobó el proyecto de ley ingresado en noviembre pasado por el presidente Sebastián Piñera, que busca aumentar las facultades de la presidencia para desplegar a las Fuerzas Armadas con el fin de defender la “infraestructura crítica” en casos de violencia.

La iniciativa ha sido muy criticada por amplios sectores de la sociedad, por cuanto permite al Presidente de turno un poder discrecional, y fuera de la normas actuales, para decretar la salida de los militares.

"Se define que la exención de responsabilidad penal aplicable para personal militar que defiende infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional", dice el texto ingresado por el gobierno en el Congreso.

Se trata de un marco lo suficientemente amplio como para permitir serias restricciones a las libertades democráticas.

Tras la aprobación en el Senado, que contó con el apoyo de los senadores PPD y DC, la iniciativa legislativa pasará a la Cámara de Diputados para ser discutida y votada. En caso de ser aprobada, se sumará a otras medidas represivas que ha impulsado el gobierno desde el estallido social que se inició el 18 de octubre, como la ley anti saqueos y la anti barricadas –que incluso sanciona a “el que baila pasa”–, las cuales fueron aprobadas el 15 de enero y sólo están a la espera de su promulgación.

Además de estas tres iniciativas existen al menos otras cuatro patrocinadas por el Ejecutivo que están a la espera de ser aprobadas, tales como la ley anti encapuchados, que busca endurecer las penas para quienes participen de actos de violencia con el rostro cubierto, la cual se encuentra actualmente en el Senado.

Asimismo, dentro de la agenda de seguridad pública de Sebastián Piñera, está en su primer trámite en el Senado el proyecto que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, el cual fue presentado en 2018 y actualmente se encuentra con discusión inmediata.

En la misma línea, el gobierno anunció el pasado 12 de enero –a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín–, que presentará un proyecto que “regule” el derecho a reunión, sin entregar mayores detalles al respecto.

También en el Congreso se encuentra la modificación a la Ley de Partidos Políticos, la cual fue presentada por un grupo de parlamentarios oficialistas, pero patrocinada por el gobierno, que busca sancionar con la pérdida de financiamiento o la calidad de partido en caso de que las colectividades no condenen la violencia o la promuevan. A muchos, esto les recuerda el artículo 8º de la Constitución de Augusto Pinochet, eliminado con las reformas de 1989l que proscribía a partidos de orientación marxista.

Esta iniciativa fue apoyada incluso por diputados de la oposición, como Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Juan Luis Castro (Partido Socialista), Tucapel Jiménez (PPD) e Iván Flores (DC).