A fines de la semana pasada, seis concejales de la comuna de Maipú concurrieron hasta la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamineto respecto del último revés judicial que sufrió la alcaldesa Cathy Barriga, luego que la Corte Suprema, el pasado 26 de marzo, dejara sin efecto el decreto de la máxima autoridad comunal que le entregó la concesión de recolección de basura a la empresa francesa Velolia.

Este flanco que se abrió para la autoridad, tal como lo contó INTERFERENCIA, tiene su inicio el 10 de agosto de 2017, cuando el concejo municipal y luego Barriga –mediante un decreto alcaldicio– le adjudicó dos contratos a Veolia SU Chile S.A., por $287 millones mensuales en régimen. Se trata de la misma empresa que opera en Las Condes, la comuna dirigida por Joaquín Lavín, quien mantiene una relación de suegro con la alcaldesa.

Para aprobar el vínculo entre Maipú y Veolia, se necesitaba la aprobación de dos tercios del Concejo Municipal, lo que no ocurrió en agosto cuando se tomó la decisión.

El problema es que, para aprobar el vínculo entre Maipú y Veolia, se necesitaba la aprobación de dos tercios del Concejo Municipal, lo que no ocurrió en agosto cuando se tomó la decisión de entregarle igualmente la concesión de la basura por seis años a la empresa francesa.

Por eso mismo, los concejales Marcela Silva (PS), Gonzalo Ponce (Partido Ecologista Verde), Ariel Ramos (PC), Erto Pantoja (PPD), Abraham Donoso (DC) y Pedro Delgadillo (Independiente), concurrieron ante el órgano fiscalizador para exigir que la Contraloría dictamine que la alcaldesa Barriga "ha infringido el principio de probidad, de juricidad y de control jerárquico, al haber adjudicado la licitación del Contrato 'Concesión del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Domiciliarios y Asimilables de la Comuna de Maipú'”, para luego instruir un “Sumario Administrativo respecto de la Sra. Alcaldesa y los funcionarios que resulten responsables”.

El tema es importante, pues, acorde al mismo escrito, la ilegalidad de estos contratos “pueden acarrear un perjuicio patrimonial que asciende casi a los $20.000.000.000 de pesos, que es el monto final de los contratos declarados como ilegales por los tribunales”.