Este miércoles el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, nuevamente no asistió a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a dar explicaciones por la compra de cuatro terrenos al interior de la Comunidad Indígena Mariano Millahual.
Dos días, antes y tal como había prometido tras su primera inasistencia, envió una carta donde explica cómo adquirió los terrenos, asegurando la legalidad de la operación y adjuntó como prueba de sus declaraciones un documento firmado por el fiscal subrogante de la Conadi, José González.
El informe emitido el 25 de marzo asegura que la compra que hizo Ubilla a Guadalupe Moris en 2009 y 2012 se ajusta a derecho. Según el fiscal, la liquidación de la sociedad conyugal entre ella y su marido -realizada aún persistiendo el matrimonio- fue el acto que habría hecho a las tierras perder su calidad de indígena. Para sostener esto, el informe invocó el artículo 12 de la Ley Indígena, asegurando que para que una tierra sea entendida como indígena es necesario que haya sido adquirida mediante alguno de los títulos que menciona el mismo artículo -como en este caso, el título de merced vigente desde 1908- y por otro que “actualmente ocupan en propiedad o posesión”.
En este sentido, el documento defiende la tesis de que Guadalupe Moris no es indígena, pese a que estuvo casada con el mapuche Jorge Painaquir hasta su muerte en 2012 -razón por la cual adquirió los terrenos-, es madre de hijos mapuche y vive en una comunidad indígena.
"De este modo entonces, una tierra indígena al pasar a tener como titular del dominio a una persona no indígena (...) tal cual ha sucedido precisamente en el presente caso, no puede sino perder la calidad de tierra indígena y en concordancia con lo dispuesto en el citado artículo 12, no cumpliria con el requisito de tener como titular del dominio a una persona indígena pasando en consecuencia a regirse por la ley común", señala el escrito que ayer publicó en exclsuivo La Tercera, un diario que ha sido muy cercano a los intereses del subsecretario.
Con todo, en lo que respecta a la historia de la propiedad, el documento no señala que la permuta realizada en 1996 con autorización de ese servicio se trató de una compraventa. Tampoco explica cómo si no era indígena, Guadalupe Moris pudo adquirir el dominio de la propiedad, ni explica por qué las tierras están inscritas y actualmente vigentes en el Registro Público de Tierras Indígenas desde el año 2000.
Rechazo y renuncia
El informe emitido por el fiscal García sacó ronchas en las comunidades y también al interior de la Conadi. En conversación con INTERFERENCIA, los consejeros mapuche de ese organismo aseguraron su absoluto rechazo a la interpretación de la ley realizada por el fiscal que busca exculpar al subsecretario.
"Me parece muy preocupante que la institucionalidad que por ley está destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente el tema de la tierra, hoy día esté prácticamente al servicio de los poderosos de siempre, quienes vulnerando a través de subterfugios la ley, estén hoy en día instalándose en nuestras comunidades, en nuestros territorios”, aseguró José Millalén.
“Sin ningún tapujo, pudor o vergüenza la institucionalidad se está prestando para justificar lo injustificable. Este informe sólo mira una parte de la ley, se reduce a un artículo para justificar una compra, sin embargo se deja de considerar artículos de la ley que son tanto o más importantes cuando tiene que ver con el espíritu mismo de la ley, que tiene que ver con la protección de las tierras, que es la base, el fundamento de la existencia de los pueblos indígenas. Sin tierras los pueblos indígenas van directo a la desaparición y hoy día se está justificando eso, justificando la compra hecha por un señor que por su poder económico y político se instala en medio de una comunidad. Es impresentable”, agregó el consejero.
Por su parte, Marcel Colín aseguró que “la interpretación que hacen está desajustada del espíritu de la ley indígena. Se da toda una vuelta para finalmente terminar justificando la compra de Ubilla. La tierra es lo que se protege, no a quienes la poseen, eso dice la ley. Yo no sé como el fiscal se atrevió a sacar ese tema sabiendo que puede ser contradecido por otros abogados".
Al mismo tiempo, aseguró que le solicitará la renuncia al fiscal por haber emitido el informe. "Esto es grave desde el punto de vista institucional y también porque los mapuche no estamos dispuestos a que se vulneren nuestros derechos de una manera tan escandalosa por esto y por todo lo que está pasando en la región como la represión a la movilización. Nosotros no estamos ajenos al conflicto mapuche en general”.
Pese a que no está en la tabla, sin duda el tema de Ubilla y las nuevas declaraciones emitidas por la Conadi, serán abordadas en el próximo consejo del organismo, agendado para el 11 de abril, sí es que no ocurre un cambio de gabinete antes.
La cita tendrá particular relevancia puesto que, en el último consejo, el consejero Colín sostuvo que este tipo de mecanismos utilizados para enajenar tierras indígenas fueron fruto de una estrategia elaborada por conservadores, notarios y abogados, las cuales fueron hechos con la complicidad de la Conadi. En esa línea, solicitó al director Nacional, Fernando Sáenz, un informe que diera cuenta de todas las autorizaciones realizadas por el Servicio para realizar este y otros tipos de operaciones como las permutas.
Al cierre de esta edición y a casi un mes de solicitado, el informe no ha sido enviado por la autoridad.
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